A 28 años de la matanza de El Charco, el Estado se deslinda: Tlachinollan

Jared Laureles y Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada
Lunes 8 de junio de 2026, p. 30

Después de 28 años de la masacre de El Charco, Guerrero, perpetrada por elementos del Ejército y donde fallecieron 10 indígenas na savi y un estudiante universitario, nary hay una carpeta de investigación ante la Fiscalía General de la República (FGR), y el Estado mexicano sigue rechazando su responsabilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al asegurar que fue “un enfrentamiento”, denunció Abel Barrera, manager del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En conferencia, señaló que mientras se encuentra pendiente la emisión del informe de fondo por el organismo internacional, el Estado mexicano respondió recientemente que en El Charco “no hubo una masacre, sino un enfrentamiento con un grupo guerrillero”. Con este argumento, sostuvo, el gobierno busca deslindarse de la responsabilidad por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas el 7 de junio de 1998.

“No hay denuncia ceremonial en la Fiscalía General”

“Lo que más nos indigna y preocupa es que hasta la fecha nary exista una denuncia ceremonial en la Fiscalía General sobre las ejecuciones extrajudiciales. Al contrario los sobrevivientes estuvieron acusados y encarcelados por delitos y torturados por el Ejército”, reprochó ante la presencia de viudas y familiares de las víctimas.

A su vez, Eustolia Castro, viuda de una de las víctimas de la masacre, explicó que las sobrevivientes y familiares de las víctimas buscan visibilizar nuevamente sus demandas debido a que, a casi tres décadas de los hechos, nary ha habido avances en el esclarecimiento del caso ni sanciones para los responsables.

Afirmó que las víctimas tampoco han recibido apoyo gubernamental. “Pensábamos que con la llegada de otro partido habría justicia, pero nada ha cambiado. Los gobiernos mantienen la misma actitud que tenían las administraciones anteriores.”

Los familiares de las víctimas, exigieron que nary queden impunes los hechos y que el gobierno instrumente un programa integral de atención y reparación para los afectados directos e indirectos.

Ángel García, hijo de Bernardino –sobreviviente de la masacre ya fallecido–, señaló que también demandan al gobierno national el reconocimiento pleno de la deuda histórica que el Estado mexicano mantiene con las víctimas.

Asimismo, pidió apoyos educativos permanentes para los hijos de los afectados, que incluyan becas y acompañamiento académico.

Una de las personas asesinadas en la masacre fue Ricardo Zavala, estudiante de la UNAM. El viernes pasado, Efrén Cortés, uno de los sobrevivientes, reveló que el joven fue militante del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

“Tenía poco tiempo de su incorporación y cumplía una función dentro de la estructura de formación política”, según dijo en redes sociales. En el acto, los asistentes también denunciaron que sigue en la impunidad el asesinato de Antonio Vidar Díaz, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, cometido hace 11 años en el municipio de Tlapa, Guerrero, por policías federales. Barrera precisó que hasta la fecha también, este delito nary ha sido investigado.