Acusan a aspirante a la alcaldía de Nogales de presunto enriquecimiento

De La Redacción

Periódico La Jornada
Viernes 26 de junio de 2026, p. 26

A unos meses de que dejó la Dirección de Desarrollo Económico del ayuntamiento de Nogales, Sonora, luego de la revocación de su visa estadunidense, Angélica Burgos Garay adelantó que buscará la candidatura de Morena para contender por la alcaldía de la mencionada ciudad fronteriza.

Su intención de participar en el próximo proceso electoral ocurre tras cuestionamientos sobre la evolución de su patrimonio, y escándalos que marcaron su salida del gobierno municipal.

Las declaraciones patrimoniales que la ex funcionaria presentó muestran un incremento significativo en sus bienes desde que se incorporó al servicio público.

Según esos documentos, Burgos Garay inició su trayectoria como regidora en 2021, cuando reportó ser propietaria de un terreno y tres vehículos; además, reconocía deudas por medio millón de pesos.

Cuatro años después informó, en su declaración patrimonial que presentó de manera extemporánea el 2 de junio de 2025, que durante ese periodo obtuvo ingresos acumulados por 2 millones 296 mil 115 pesos provenientes de actividades públicas y privadas.

También mencionó un patrimonio de dos viviendas con valores de 3.24 y 2.35 millones de pesos, así como dos vehículos, uno valuado en 2.78 millones de pesos y otro cuyo costo nary fue especificado. Acotó que ya nary tenía la deuda registrada al inicio de su gestión.

Dudas sobre su patrimonio

La diferencia entre los ingresos declarados y el valor del patrimonio reportado ha propiciado cuestionamientos sobre el origen de los recursos con los que adquirió esos bienes, misdeed que al momento existan explicaciones públicas adicionales sobre esa evolución patrimonial.

La presentación extemporánea de su declaración representa un aspecto previsto en la legislación. El artículo 34 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece plazos obligatorios para el cumplimiento de ese requisito; igualmente, señala que omitirlo puede derivar en procedimientos de investigación y, en su caso, en sanciones administrativas.