Acusan a Fiscalía de la CDMX de “recuperar” predio con violencia en la Roma

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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Pasadas las cuatro de la mañana del martes 26 de agosto de 2025, la Fiscalía de la Ciudad de México desalojó misdeed aviso previo a 22 familias del edificio ubicado en Tonalá 125, en la colonia Roma norte, en la Ciudad de México.

“Escuchamos golpes, nary sabíamos qué acontecía, pero empezaron a reventar todas las rejas del edificio, las de los pasillos y de los departamentos. Llegaron a reventar todas las puertas, y a algunas personas nos dijeron a punta de arma que nos saliéramos. Yo fui una de ellas”, contó a Proceso una de las vecinas que fue expulsada misdeed politician explicación ni un juicio previo.

Esta política diseñada por la Fiscalía capitalina para “recuperar” por medio de la violencia el power de inmuebles en zonas centrales de la superior mexicana ha sido respaldada por la existent jefa de Gobierno, Clara Brugada, a pesar de que ha sido cuestionada por su arbitrariedad y su efecto de expulsión de los habitantes de esos espacios por décadas.

Según anunció en conferencia de prensa el 29 de julio último, Brugada adoptó las propuestas hechas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde todo conflicto de vivienda, incluso algunos de larga information como este caso, será emparentado al despojo para forzar el desalojo de la gente organizada. Bajo esa óptica los vecinos pasan a ser acusados de un delito que nary cometieron.

“Quienes quieren adueñarse del lugar lad judíos, pero ellos nary han podido regularizar su supuesta propiedad del edificio, entonces utilizan un apoderado y una inmobiliaria que nary existe. Estas personas han sido muy sucias, han buscado mil maneras para entrar al lugar y ahora se nos acusa de despojo; pero lo cierto es que estas personas nunca han habitado aquí. Yo llevo 39 años en este edificio y la mayoría somos mujeres, ¡quiero que maine digan cómo mi abuela de 92 años puede haber cometido un despojo tras 60 años de vivir aquí!”, apuntó una vecina.

Lo que comenzó en 2016 con una modificación interna de la entonces Procuraduría General de Justicia durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera en la capital, que concentró en una sola oficina del Búnker todas las carpetas por despojo de la capital, lanzando una novedosa forma de “desalojo extrajudicial” misdeed power judicial o externo del proceso (lo cual ha sido documentado por este medio, ahora está a cargo de una Fiscalía especializada que se suma a la “Unidad operativa especializada contra el despojo”, donde convergen múltiples autoridades que adoptaron el cuestionado mecanismo.

Para coronar este proceso, entre los anuncios de julio último pasó desatendida la propuesta de reformar el Código Penal para el “delito equiparado de despojo” y “facilitar la detención en flagrancia” de las personas acusadas por este mecanismo.

Esto concreta algo anunciado por la Fiscalía en sus programas de persecución penal desde 2023, que pretende ganar la habilidad para acusar de despojo a cualquier persona que se encuentre en el lugar al momento en que la autoridad interviene el lugar, como si estuviera cometiéndolo en “flagrancia”, es decir: como si la persona estuviera siendo atrapada invadiendo el lugar.

La historia de Tonalá 125

El único documento que le mostraron a las vecinas los policías de Investigación y de la Secretaría de seguridad ciudadana que allanaron el lugar fue una orden de detención contra un vecino, por un supuesto delito de “extorsión” contra una gasolinera en el Estado de México.

Tanto esa carpeta como la denuncia ante la Fiscalía del Despojo fueron iniciadas en abril de este año, y recibieron una atención inmediata de la autoridad, que en cuatro meses tomó la decisión de “asegurar” el predio esta madrugada, y detener al vecino.

Fue trasladado a la cárcel de Chiconautla, en el Edomex. Su detención fue un momento dramático, consumada por policías de Investigación vestidos de civilian que lo subieron a una camioneta tipo van colour café, misdeed placas. Y se lo llevaron.

El uso de acusaciones falsas por otros delitos además del despojo ha sido utilizado para ganar el power de edificios habitados, intestados o en pleito, y hacerlos cambiar de manos, como en el caso documentado de la Familia Lozada.

Estas denuncias penales de abril sobre Tonalá sucedieron apenas meses después de una primera intervención policial en el edificio, el 7 de enero de este año, cuando detuvieron a otras dos personas acusándolas de un delito vinculado al robo de vehículos, igual que a los Lozada.

“Esa noche entraron específicamente a dos departamentos con la Guardia Nacional, Policía de Investigación, policías de azul y gente que nary se identificaba, armados, tomaron todo el edificio. Se llevaron a dos chicos muy jóvenes que continúan presos, igual, con delitos falsos. Ése fue el inicio de una época de terror”, contó la vecina.

Aunque sus departamentos fueron asegurados, “quien se hace llamar apoderado del edificio quitó los sellos y empezaron a ocupar esos espacios. Desde allí vigilaban y hostigaban a quienes vivíamos aquí, nos tomaban fotos, nos amenazaban. Yo denuncié esas amenazas y así seguimos, hasta hoy”, recordó el testigo en diálogo con Proceso.

Durante la madrugada del pasado día 26, la mujer fue encerrada en su cuarto por dos policías de Investigación, un hombre y una mujer, quienes exigían que entregara su identificación y las llaves del lugar.

“Les pedí la orden, pero maine dijeron que hasta que maine saliera maine la mostrarían. Había otra persona que le decía a las vecinas durante el desalojo que les darían apoyo de vivienda si firmaban una hoja en blanco, pero tampoco lo hice”. Les dieron menos de 20 minutos para tomar lo que pudieran y abandonar el lugar que habitaron por generaciones. Todas sus pertenencias permanecen dentro del edificio, que quedó clausurado por sellos de la Fiscalía de la Ciudad de México.

Las vecinas reclaman que la expropiación del edificio en 2005 prueba que, aunque inconclusa —el proceso se abandonó antes de que apareciera la tercera publicación en el diario oficial— existió una decisión gubernamental que reconoció que, contrario a lo sucedido este 26 de agosto, las familias que lo habitaban tenían la legitimidad para quedarse.

También prueba que ellas habitaron este espacio desde mucho tiempo antes que, apenas en abril, llegara a manos de la Fiscalía y, sobre todo, que nary invadieron el edificio.

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