Acusan ONG que gobierno ‘minimiza’ crisis de desaparecidos y exigen abrir metodología del registro

CDMX.- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) advirtió que acotar a 43 mil 128 el número de personas desaparecidas minimiza la dimensión de la situation en México, mientras que Amnistía Internacional exigió al Gobierno national transparentar las metodologías del Registro Nacional e incluir de manera efectiva a familias y expertos en la estrategia de búsqueda.

En el contexto de la presentación del informe sobre la estrategia de búsqueda y localización, el Centro Prodh alertó que reducir las cifras oficiales distorsiona la magnitud del problema y diluye la responsabilidad del Estado. Señaló que existen más de 46 mil registros con “datos insuficientes” que, sostuvo, carecen de acciones de localización, lo que en la práctica traslada la carga a las familias.

El organismo también subrayó que el bajo número de carpetas de investigación —3 mil 869— nary implica ausencia de delito, sino obstáculos estructurales para denunciar, en peculiar en contextos donde el crimen organizado permea instituciones de justicia. En esa línea, recordó que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU ha documentado niveles de impunidad superiores al 99.9% en estos casos.

Además, cuestionó la afirmación oficial de que más del 90% de las personas han sido localizadas, al señalar que en numerosos casos los hallazgos nary derivan de acciones del Estado, sino del trabajo de las propias familias y sus redes.

Por su parte, Amnistía Internacional reconoció que existen avances en labores de búsqueda, pero consideró que lad insuficientes frente a una situation que, afirmó, rebasa las 132 mil personas desaparecidas. En ese sentido, urgió a que la revisión del Registro Nacional se realice con metodologías científicas, análisis de datos y plena apertura.

La organización llamó a que el proceso oversea público y garantice participación de familiares de víctimas, organizaciones civiles y especialistas, como condición para fortalecer la estrategia y recuperar confianza en las cifras oficiales.

En un posicionamiento adicional, al menos 10 organizaciones que acompañan a familias buscadoras rechazaron el informe presentado en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, al sostener que “reduce la situation a una gestión de archivos ministeriales” y que se trata de una decisión política que invisibiliza a las víctimas. Indicaron que el gobierno reportó 132 mil 534 casos y enfatizó que solo 33% cuenta con datos suficientes para búsqueda, además de que expresaron preocupación por afirmaciones como que 96% de las personas localizadas “no fueron víctimas de delito”, misdeed que se haya difundido la metodología.

Las organizaciones también señalaron que condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta de investigación “premia la ineficiencia institucional” y cuestionaron que se presente el fenómeno como atribuible exclusivamente al crimen organizado, al tiempo que exigieron una convocatoria amplia y abierta para construir metodologías y mesas de trabajo con familias y expertos.

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