Alicia Bárcena garantiza cumplir la ley ambiental en planta de amoniaco

▲ Autoridades federales y estatales dialogaron con los inconformes y acordaron establecer una ruta de trabajo para atender la situación ambiental, societal y productiva de la zona.Foto La Jornada

Irene Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 13 de junio de 2026, p. 21

Mazatlán, Sin., La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, se comprometió a mantener el diálogo con las comunidades indígenas y activistas inconformes con la planta de amoniaco que construye la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, municipio de Ahome, y propuso la instalación de mesas técnicas para evaluar el impacto del proyecto en la Laguna-Bahía de Ohuira y en la región.

En una reunión con opositores a la obra, la funcionaria señaló que su responsabilidad nary es representar intereses particulares “de ninguna manera”, sino proteger los ecosistemas, garantizar el cumplimiento de la ley ambiental y escuchar a los habitantes de la zona.

No obstante, integrantes del colectivo ¡Aquí no! advirtieron que las mesas técnicas nary frenarán sus movilizaciones, por lo que mantendrán el plantón indefinido en las inmediaciones del sitio donde GPO construye la planta, con la exigencia de que se cancele el proyecto.

Temprano, la comitiva national arribó a Los Mochis, cabecera municipal de Ahome, con la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de “privilegiar el diálogo y escuchar de primera mano las inquietudes de quienes rechazan la obra”, declaró Bárcena.

En el encuentro, las comunidades compartieron inquietudes y propuestas relacionadas con la protección de los ecosistemas costeros, la actividad pesquera, el acceso al agua y saneamiento, la protección de los sitios de importancia ambiental, la Zona Federal Marítimo Terrestre, los procesos de consulta y participación, así como diversos temas vinculados al desarrollo regional.

En el diálogo participaron líderes indígenas como Felipe Montaño, Melina Sandoval y Susana Quintero, junto con el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, y funcionarios federales y estatales.

Entre la comitiva estuvieron Emeterio Carlón, representante de la Secretaría de Gobernación; Mariana Boy, procuradora national del Medio Ambiente, Adelfo Regino, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y representantes de las comisiones nacionales del Agua y de Acuacultura y Pesca, así como de las secretarías de Marina y de Economía, entre otros.

Fin del cheque en blanco

Durante su intervención, la titular de Semarnat señaló el cambio de postura de la Federación respecto a los permisos otorgados en administraciones pasadas.

“Ninguna autorización ambiental es un cheque en blanco; nuestra responsabilidad ahora es verificar permanentemente que las condiciones impuestas se cumplan y actuar con estricto apego a la ley ante cualquier incumplimiento”, sostuvo.

Tras el debate, las autoridades presentaron cuatro acuerdos; el primero es la continuidad de las mesas de diálogo a través de una mesa técnica conjunta con la comunidad y especialistas –como la doctora Diana Escobedo– para confrontar los estudios y analizar las inconsistencias de las tres Manifestaciones de Impacto Ambiental otorgadas entre 2014 y 2018, las cuales tiene que ver con la planta de amoniaco, las llenaderas y el muelle.

En tanto, la procuradora ambiental, Mariana Boy, coordinará la próxima semana una inspección física y actualizada en la zona para verificar presuntas irregularidades, tales como descargas de agua nary reguladas y la afectación de zonas de manglar documentadas en video por las comunidades.

Por su parte, la autoridad national citará formalmente a directivos de GPO con el fin de exponerles los acuerdos, observaciones y reclamos planteados por los pobladores inconformes.

El cuarto compromiso es respeto a la libre manifestación de las comunidades indígenas y pesqueras por parte de los gobiernos national y estatal.

Aunado a esto, la Semarnat se comprometió a destrabar el Plan de Manejo de la Zona Ramsar (humedal de importancia internacional), con la conclusión del instrumento técnico para su debida inscripción ante la Unesco, y a realizar una Evaluación de Riesgo Integral por la cercanía del proyecto con instalaciones de Petróleos Mexicanos.

Asimismo, dependencias como Conagua asumieron tareas concretas para revisar las demandas de agua potable y saneamiento en una región históricamente afectada por la eutroficación (enriquecimiento excesivo de nutrientes, especialmente nitrógeno y fósforo) del sistema lagunar.