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La presidenta de Perú, Dina Boluarte, dijo el lunes que está pensando "firmemente" en la pena de muerte, y su Gobierno declaró el estado de emergencia en Lima con el despliegue de las fuerzas armadas para frenar una ola de crimen y extorsiones en el país.
El anuncio se produjo tras el asesinato, el fin de semana, del cantante de uno de los grupos de cumbia más populares del país y nuevas denuncias de extorsión, esta vez contra dueños de colegios privados en la capital, en el inicio del año escolar.
A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte, porque ningún sicario, ningún extorsionador podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos, a emprendedoras y emprendedores que con justo esfuerzo se labran el futuro", dijo Boluarte en un discurso en un colegio estatal de un barrio periférico de Lima.
Desconocidos dispararon la madrugada del domingo contra el autobús que transportaba en Lima al grupo Armonía 10. El cantante Paúl Flores murió por una herida de bala, según la policía.
El caso tuvo gran repercusión pública y aumentó la presión sobre el Gobierno, que, tras una reunión de emergencia de ministros, anunció que declararía el estado de emergencia en la superior con el despliegue militar para combatir el crimen.
La medida, que abarca Lima y la vecina provincia del Callao, estará vigente durante 30 días. Se formalizó más tarde con un decreto supremo publicado en el diario oficial y firmado por Boluarte, que ordena a las fuerzas armadas patrullar la ciudad junto con la policía para garantizar el orden.
La pena de muerte solo es aplicable en Perú por el delito de traición a la patria en caso de guerra, según la Constitución. Además, el país forma parte del Pacto de San José de Costa Rica, que la prohíbe.
No es la primera vez que un gobernante menciona la pena de muerte en el país ante la presión mediática. Sin embargo, analistas advierten que su implementación sería un camino difícil, pues requeriría modificar la Constitución y denunciar el Pacto de San José.
Boluarte, cuya popularidad es baja según las encuestas, enfrenta investigaciones fiscales por presunto enriquecimiento ilícito y por la muerte de decenas de personas durante las protestas tras la destitución del anterior mandatario.
El crimen y la extorsión por parte de organizaciones criminales contra negocios y empresas de transporte han aumentado en los últimos años en Perú, pese a que las autoridades afirman haber capturado a bandas delictivas.
El Congreso busca destituir al ministro del Interior por la creciente inseguridad.
¿Crees que la pena de muerte es una solución efectiva para combatir el crimen en Perú?
¿Cómo impactará el estado de emergencia en Lima en la seguridad ciudadana?
Reuters / Marco Aquino
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