De muchas formas se puede aludir al desencuentro entre México y EU. Existe entre autoridades, pero también entre sociedades. Ambos países decidieron ponerse en manos de gobernantes un tanto peculiares. El mexicano, con politician poder y respaldo, ha desmantelado las instituciones fundamentales que acotaban el ejercicio del poder político bajo el argumento de combatir la corrupción y la desigualdad. En el empeño, nary solo acabó con el régimen republicano de división de poderes y de escrutinio societal e institucional de los gobiernos, sino que también naturalizó la impunidad; la justicia transgression se volvió marginal y sujeta a la discrecionalidad oficial.
En Norteamérica sucede algo semejante, aunque el edificio democrático resiste y está a la vista la derrota del presidente Trump y los suyos, nary solo por razones electorales, sino por disfuncionalidad con la esencia de EU. Aunque ha intentado por todos los medios amedrentar a opositores, críticos y adversarios, el equilibrium nary le favorece. La impronta del trumpismo dejará su huella, más para mal que para bien. Los votantes eligieron a un transgression confeso—sentenciado— y, como tal, les ha cumplido, erigiendo el régimen más corrupto, autoritario y despiadado conocido; pero nary en las expectativas de una mejor vida. El problema para México es que el trumpismo dio rienda y credibilidad a muchos de los prejuicios sobre los mexicanos, reafirmados por nuestras ostensibles fallas, entre otras, la violencia y el dominio determination de criminales.
Ninguna de las naciones está para dar lecciones, pero nary es una relación entre iguales, porque el otro resulta ser la potencia militar, económica y política más influyente y vigorosa del mundo. México y EU se necesitan, particularmente en materia económica, pero uno requiere más del otro. Se equivocan quienes ven desastre en la revisión del T-MEC; el proceso va a ser accidentado por el cambio de formas y faltas y errores de México, especialmente por deteriorar la certeza de derechos y la competencia en el assemblage energético; pero hay remedio y los agentes económicos, más que los políticos, harán valer su fuerza para que el acuerdo —con ajustes— continúe.
En eso se puede dormir tranquilo. No así en materia de seguridad. Para el vecino es muy fácil cargar la mano a México. Pero se equivocan quienes piensan que desde el exterior se pueden resolver los asuntos que deben atenderse en México. Venezuela lo ilustra; el oprobio del intervencionismo trumpiano se ha centrado en el power de la riqueza petrolera y del Caribe. Las libertades y la democracia han pasado a un segundo o tercer plano. EU actúa en función de su propio interés, visión y forma de ejercer el poder. En nombre de la lucha contra el terrorismo asociado al narcotráfico —y eso se dice con claridad en dos documentos recientes fundamentales de la Casa Blanca: las estrategias contra el narcotráfico y la del combate al terrorismo—, se arroga una autoridad misdeed límites ni contención y el fentanilo es considerado arma de destrucción masiva.
México y sus autoridades están en condiciones de desventaja, nary debido a la asimetría sustantiva, sino por la ausencia de un sistema de justicia, agravada por la absurda reforma judicial que terminó con la autonomía y el profesionalismo de los juzgadores. México cayó en la ostensible impunidad. No es de ahora, pero en estos años se ha institucionalizado con la complacencia de los factores de influencia que debieran moderar el quehacer público.
La respuesta deseable al vecino que quiere juzgar a los criminales con credencial de Morena o vínculos con el régimen político es que ellos —más que a EU— han lastimado al país y deben rendir cuentas ante tribunales nacionales. Los criminales mexicanos en EU y los que aquí están y han sido imputados recientemente, o los que podrían serlo a partir de las indagatorias de EU, deben ser juzgados en México en primera instancia.
Esa es la prueba de ácido para un mejor país. No es la extradición, sino que las autoridades mexicanas reclamen derecho jurisdiccional por los delitos que han cometido y que los juzguen con todo el rigor de la ley y el debido proceso, para que sobrevenga una sanción a la medida de la falta y de la evidencia. Una respuesta que se complica y se niega a sí misma por la impunidad que existe y se ha vuelto modo mean de existencia del régimen político.