Avanza a CDMX caravana de Durango que exige liberar a presos políticos

▲ Integrantes del Frente Unido de los Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio continuaron ayer su marcha rumbo a la Ciudad de México, la cual comenzó el pasado 8 de junio. En la imagen, a su paso por Toluca, estado de México.Foto cortesía del colectivo

Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 12 de junio de 2026, p. 23

Zacatecas, Zac., Integrantes del Frente Unido de los Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio arribaron ayer a la ciudad de Toluca, estado de México, después de cuatro días de recorrido rumbo a la superior del país, para exigir al gobernador priísta de Durango, Esteban Villegas Villarreal, la liberación de 28 presos políticos, detenidos hace tres meses durante una violenta represión policiaca-militar. La caravana salió el 8 de junio de Gómez Palacio.

Según la agrupación, 13 de sus miembros están en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Gómez Palacio y 15 fueron puestos en prisión domiciliaria “bajo amenazas”.

Las 28 personas fueron arrestadas el 18 de marzo pasado, tras ser desalojadas mediante el uso de la fuerza pública de un plantón pacífico afuera de la compañía trasnacional Sotomex, fabricante de pólvora y mechas para la industria minera de México y Estados Unidos, en las inmediaciones de la comunidad de Abisinia Dinamita, municipio de Gómez Palacio.

El citado frente se constituyó hace nueve años, en esa región de la Comarca Lagunera, por habitantes de más de 22 comunidades rurales pertenecientes a las demarcaciones de Lerdo, Simón Bolívar y Gómez Palacio, Durango, así como de Torreón y Viesca, en Coahuila, ubicadas en los alrededores de la localidad El Siete-Pueblo Nuevo.

En ese entonces, los pobladores de dicha zona se unieron contra la construcción y operación de una planta química, de la empresa Chemours Laguna, filial de la estadunidense Dupont Corporation, donde se pretendían producir al año 65 mil toneladas de cianuro de sodio, una sustancia altamente tóxica usad en la minería para la obtención de oro.

Los inconformes lograron la cancelación del proyecto a finales de 2020, luego de demostrar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que éste tenía inconsistencias serias en su manifiesto de impacto ambiental.

No obstante, las comunidades organizadas dejaron instalados desde 2021 dos campamentos permanentes en los accesos a la empresa Sotomex, en un predio del mismo corredor carretero que conecta a las comunidades de El Siete-Pueblo Nuevo con Abisinia Dinamita.

El 17 de marzo pasado decenas de integrantes del frente bloquearon las entradas a Sotomex para exigir la reinstalación de cuatro trabajadores que habrían sido despedidos injustificadamente, pues se presume que la compañía los vinculó al movimiento opositor a la desaparecida Chemours Laguna.

Los acusaron de “secuestrar un tráiler con dinamita”

Los manifestantes fueron acusados de “secuestrar” un tráiler “con dinamita” y, con esa denuncia, el 18 de marzo el gobernador Esteban Villegas ordenó la intervención de la fuerza pública, por razones de “seguridad”.

Según los quejosos, arribaron más de 100 vehículos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y corporaciones locales, así como cientos de policías estatales y municipales, quienes arremetieron violentamente contra los inconformes.

Esa tarde, relataron, militares y policías se llevaron a unas 36 personas; liberaron a cuatro adultos mayores con enfermedades crónico-degenerativas y a cuatro adolescentes, pero 28 aún están detenidas; las vincularon a proceso, acusadas de ataques a las vías de comunicación, delincuencia organizada y robo equiparado. El juez de la causa otorgó cuatro meses al Ministerio Público para probar dichos delitos.

En entrevista, Alicia Ochoa, (hija de Bernardino Ochoa, uno de los presos), así como Calixto Ochoa Ortiz y el maestro Hipólito Trujillo, quienes encabezan la caravana a la Ciudad de México, denunciaron que los representantes de la autoridad golpearon, patearon e incluso arrastraron por el piso a varios de los arrestados.

Otro hecho muy grave, señaló Trujillo, es la muerte en prisión de uno de sus compañeros aprehendido tres días después de la represión; “el 12 de abril nos entregaron el cuerpo de Javier Mendoza, un campesino que fue ‘levantado’ el día 21 de marzo”.

“Citaron a su esposa en el Cereso y le entregaron a su marido en un ataúd, advirtiéndole que nary abriera el féretro; le dicen ‘no lo revise’. Y así lo sepultó, misdeed necropsia de rigor. Nosotros suponemos que fue torturado, pero entendemos que la familia fue amenazada”, dijo.