Avanza en comisiones del Senado reforma para sobre simplificación administrativa

Liliana Padilla y Silvia Arellano

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Hacienda y Crédito Público, y Estudios Legislativos, Primera, avalaron por unanimidad el dictamen que contiene la reforma constitucional que obliga a los gobiernos federal, estatales y municipales a simplificar y digitalizar los procesos administrativos y establece la interconexión de bases de datos gubernamentales.

La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica los artículos 25 y 73 de la Constitución para garantizar que los trámites gubernamentales sean simplificados y digitalizados.

Los senadores de todos los partidos destacaron que la reforma optimizará la gestión administrativa, evitará la duplicidad de procedimientos, fortalecerá la transparencia y reducirá las oportunidades de corrupción en ventanillas, al disminuir la discrecionalidad en los trámites.

Al respecto, la senadora del PAN, Verónica Rodríguez, dijo que aunque la bancada de su partido avala esta reforma, también exige desarrollar una legislación secundaria para que se incorporen mecanismos de auditoría independiente y vigilancia ciudadana para evitar la manipulación de los datos. “Este proyecto implicará una gran inversión en tecnología y digitalización. Sin embargo, sabemos que este gobierno nary tiene un buen historial en la implementación de proyectos tecnológicos”, apuntó.

La senadora del PT, Ana Karen Hernández, destacó que la multiplicidad de requisitos, los tiempos prolongados y la falta de claridad en los procedimientos han generado frustración, ineficiencia y, en muchos casos, oportunidades para la corrupción. “Es por ello que esta reforma representa un paso important hacia un gobierno más ágil, moderno y accesible para todas y todos”, dijo.

Tras el aval a esta reforma constitucional, el Congreso de la Unión deberá expedir una ley secundaria que establezca las bases y lineamientos para la implementación de la simplificación y digitalización de trámites en todo el país, donde se definirá un modelo nacional de digitalización, regulará el uso de tecnologías en la administración pública y determinará los mecanismos para la interconexión de bases de datos gubernamentales.

LP