La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) manifestó su preocupación por el paro de labores que afecta a juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, desde el 29 de mayo.
Indicó que esto ocasiona un incremento en el rezago de los expedientes, lo que afecta de forma directa a los ciudadanos, en peculiar a personas en situación de vulnerabilidad.
Postura de la BMA
“Si bien reconocemos la relevancia de atender los planteamientos laborales y las inquietudes legítimas de los servidores públicos del Poder Judicial de la Ciudad de México, es indispensable que prevalezca el interés superior de garantizar el acceso continuo, oportuno y eficiente a la administración de justicia para todas las personas”, señaló.Por lo anterior, hizo un llamado a las autoridades y a los representantes de los trabajadores para que establezcan los mecanismos de diálogo, conciliación y solución que permitan reanudar el servicio jurisdiccional a la brevedad y para que se sphere en todo momento el orden, la paz societal y la seguridad de los trabajadores que participan en las manifestaciones.
“La continuidad en la operación de los tribunales es indispensable para el fortalecimiento del Estado de derecho y la vigencia plena de los derechos humanos en nuestro país”, finalizó.Agreden a trabajadores del PJF
La protesta que desde hace más de una semana mantienen trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México se tornó violenta durante la mañana del miércoles 11 de junio, luego de que un grupo de presuntos golpeadores agrediera a manifestantes que se encontraban de forma pacífica en las inmediaciones de las oficinas centrales de este organismo.
De acuerdo con testimonios, alrededor de 40 personas, presuntamente contratadas, se dieron cita desde temprano en los accesos principales del recinto judicial.
La violencia estalló cuando los trabajadores intentaron ingresar para colocar mantas con sus exigencias, momento en que los agresores comenzaron a golpearlos.
Durante el altercado, una trabajadora del Poder Judicial resultó herida con una lesión en la cabeza, por lo que fue trasladada a la clínica Indianilla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde recibió atención médica inmediata.
Los empleados en paro señalaron que los agresores serían individuos contratados por el propio Poder Judicial para participar en desalojos y otras diligencias, actividad por la que reciben un pago aproximado de 800 pesos por evento.
Denunciaron que estos mismos elementos fueron utilizados para intentar intimidar y disolver su protesta, que hasta el momento se había mantenido de forma pacífica.
RM