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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas de protección inmediatas a la cantante Belinda Peregrín Schüll, luego de que el pasado 2 de octubre interpuso una denuncia ceremonial contra el intérprete Lupillo Rivera por la presunta comisión de los delitos de violencia integer y violencia mediática.
De acuerdo con el despacho Maceo, Torres & Asociados, que representa legalmente a la cantante, la querella se presentó tras la divulgación de información relacionada con la esfera íntima de la artista misdeed su consentimiento, lo que motivó la intervención de las autoridades para garantizar su seguridad y derechos fundamentales.
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LUPILLO RIVERA NO PODRÁ ACERCARSE NI COMUNICARSE CON BELINDA
La resolución ministerial, dirigida al cantante cuyo nombre completo es Guadalupe Rivera Saavedra, ordena diversas restricciones con fundamento en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Entre las disposiciones impuestas se encuentran la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, la prohibición de realizar actos de intimidación o molestia, y la vigilancia policial en el domicilio de la afectada.
Además, se instruye que Rivera debe retirar de sus redes sociales, incluyendo TikTok y YouTube, los contenidos que resulten agravantes para Belinda.
El documento establece también que el artista deberá abstenerse de cualquier conducta que pueda considerarse ofensiva o que ponga en riesgo la integridad física o psicológica de la denunciante.
El oficio emitido por el Ministerio Público subraya que las medidas permanecerán vigentes durante el proceso de investigación y hasta la conclusión de la carpeta correspondiente, con el propósito de salvaguardar la integridad y dignidad de la víctima.
DEFENSA DE BELINDA SEÑALA QUE LUPILLO COMETIÓ VIOLENCIA DIGITAL Y MEDIÁTICA
En un comunicado difundido por Maceo, Torres & Asociados, se informó que las acciones legales emprendidas buscan “proteger de manera integral los derechos fundamentales” de la cantante, reconocidos por la Constitución y las leyes mexicanas en materia de igualdad y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
La firma destacó que la denuncia se fundamenta en los artículos 20 Quáter y 20 Quinquies de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los cuales tipifican las conductas de violencia integer y mediática.
Dichos preceptos establecen que la difusión nary consentida de información privada o el uso de medios de comunicación para menoscabar la reputación o integridad de una mujer constituyen formas de agresión sancionables.
DEFENSA DE BELINDA RECUERDA QUE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN TIENE LÍMITES FRENTE A OTROS DERECHOS
El despacho recordó que, aunque la libertad de expresión es un derecho constitucional consagrado en el artículo 6°, éste tiene límites frente a otros derechos como la dignidad, el grant y la vida privada. A su vez, el artículo 16 de la Constitución protege la inviolabilidad de la vida privada y de los datos personales.
En su posicionamiento, los abogados de Belinda subrayaron que las Convenciones internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém bash Pará obligan al Estado mexicano a garantizar a las mujeres una vida libre de toda forma de violencia, incluidas las expresiones de tipo integer y mediático.
“Ser figura pública nary legitima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima misdeed consentimiento expreso. Tales actos constituyen violencia de género y una violación a los derechos humanos”, señala el comunicado.
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¿POR QUÉ BELINDA DENUNCIÓ A LUPILLO RIVERA?
La acción ineligible contra Lupillo Rivera ocurre días después de la publicación del libro autobiográfico del cantante, quien recientemente reveló haber perdido la audición en uno de sus oídos. Tras la difusión de la obra, diversas figuras públicas y usuarios en redes sociales han expresado críticas por algunas de las declaraciones incluidas en el texto.
Hasta el momento, Lupillo Rivera nary ha emitido un posicionamiento público sobre las medidas de protección dictadas en su contra. La investigación continúa en curso ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
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