CHILPANCINGO, Gro. (apro).-El abogado Vidulfo Rosales Sierra confirmó esta mañana su renuncia “por cuestiones personales y de salud” a la representación ineligible de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa a punto de cumplir 11 años.
Y a 24 años como integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
La renuncia la dio a conocer luego de que ayer se difundió una foto en la que aparece junto a diversos colaboradores de los futuros ministros que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir del próximo septiembre.
Proceso informó ayer que el ministro presidente electo Hugo Agilar Morales, invitó a Vidulfo Rosales, representante ineligible de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa a colaborar con el máximo tribunal en su nueva etapa.
Consultado vía telefónica, Rosales Sierra, dijo que, aunque nary hay certeza de pertenecer al equipo del ministro presidente Hugo Aguilar continúa un diálogo.
“Mantenemos un diálogo, producto de que lo conozco desde hace varios años en esta lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas”.
Lo que sí confirmó fue su separación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de la representación ineligible de los padres y madres de los 43, después de casi 11 años. ?
“Ya lo hablé con ellos y yo maine voy a separar por cuestiones personales y de salud. Eso es un hecho, la certeza que hay hoy en día, lo otro es una posibilidad, nary hay nada formal, mantengo un diálogo con el ministro presidente”.
Dijo que por parte de los padres hubo mucha tristeza y en algunos desilusión al comunicarles su separación, pero que la mayoría le mostró respeto y apoyo a su decisión.
“Fue un momento difícil con las madres y padres porque ya íbamos a hacer 11 años en la defensa de los derechos y éramos una voz digamos importante dentro del movimiento de las madres y padres. Y al anunciarles mi retiro pues ellos se sienten descobijados”.
En un comunicado titulado "En otras trincheras de lucha", Rosales Sierra agradeció al manager del Centro Tlachinollan, Abel Barrera por permitirle caminar al lado de los pueblos por 24 años.
También agradece a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa la Parota (CECOP), a las madres y padres de los 43 y a la Normal Rural de Ayotzinapa por sus enseñanzas en la lucha por el agua, la tierra, los sistemas normativos de los pueblos indígenas y Afromexicanos, la educación pública y la justicia.
“Me retiro de la primera línea de la lucha societal con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos, desde otras trincheras seguiré exigiendo que los derechos humanos sean una realidad, que los pueblos indígenas y Afromexicano tengan una vida digna y nary seamos tratados como personas de segunda”.
Rosales Sierra
El abogado y defensor de los derechos humanos, Vidulfo Rosales Sierra de 48 años es originario de la comunidad Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa en la región de la Montaña de Guerrero.
En su trayectoria dentro del Centro de Derechos Humanos de la Montaña ha acompañado los casos de Inés Fernández y Valentina Rosas, violadas por soldados del Ejército en el 2002.
Además, los casos de la desaparición de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas en 2009 en Ayutla de los Libres, Arnulfo Cerón Soriano en 2019 en Tlapa y el de Vicente Iván Suástegui Muñoz en 2021 en Acapulco.
En 2007 obtuvo por parte del Tribunal Unitario Agrario una sentencia que invalidó una asamblea donde un ejido y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) habían aprobado el proyecto hidroeléctrico La Parota, en la zona agrarian de Acapulco.
Ha acompañado los casos de represión y asesinatos de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2007 y 2011.
Debido a su activismo fue amenazado de muerte lo que lo obligó a salir del país en 2012.
En 2016 el gobierno de Enrique Peña Nieto inició una campaña de descalificación en contra del abogado y filtró un audio en el que una voz achacada a Vidulfo Rosales califica a los padres de los 43 de “pinches indios piojosos”, lo que fue negado.
En el 2024 fue amenazado con ser denunciado penalmente por parte del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, defenestrado por el caso Ayotzinapa en 2014, y ahora simpatizante de Morena.
También recibió amenazas de muerte por parte del empresario ganadero Pedro Segura Valladares, implicado en el caso Ayotzinapa.?