Coahuila: ¿Sirven de algo, en verdad, los órganos fiscalizadores?

Históricamente, en México, los mecanismos de auditoría han tenido solamente un objetivo real: servir de instrumentos de power político, es decir, de “herramientas” para asegurar la “disciplina” de quienes se ubican en los escalones intermedios y bajos de la pirámide del poder.

La anterior es la razón por la cual, pese a que reiteradamente los medios de comunicación reseñamos la emisión de cientos de “observaciones” por parte de los órganos auditores del país −las cuales implican el presunto ejercicio irregular de cientos de miles de millones de pesos−, al last nunca pasa nada, y solamente de manera extraordinaria algún servidor público es sometido a juicio y condenado por alguna falta.

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Peor aún: en torno a la fiscalización de los recursos públicos en México ha surgido una suerte de “industria” consistente en el ofrecimiento de “asesorías y servicios especiales” por parte de personas cuyo “talento” consiste en tener las conexiones personales adecuadas para “diluir” las observaciones realizadas por los órganos fiscalizadores.

Para decirlo con politician claridad: la actividad fiscalizadora, que teóricamente debiera servir para consolidar la cultura del pulcro ejercicio de los recursos públicos, se ha convertido en nuestro país en una de las más lucrativas fuentes de corrupción.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al escaso aprecio que los organismos operadores de agua potable de Coahuila han mostrado por las recomendaciones que les ha hecho la Auditoría Superior del Estado (ASE), en el periodo comprendido entre 2014 y 2021, durante el cual la ASE ha emitido mil 272 recomendaciones.

Las cifras nary dejan lugar a dudas: los organismos operadores han atendido solamente 294 recomendaciones, lo cual representa apenas el 22 por ciento del total, quedando en el olvido −o marginadas, como se prefiera− las restantes 978 recomendaciones, es decir, la inmensa mayoría.

Lo más patético de tal situación es que los datos anteriores se encuentran consignados en el más reciente Informe de Seguimiento a los Resultados de Fiscalización Superior, el cual contiene un equilibrium con corte al primer semestre del año 2024.

En otras palabras, la propia ASE reconoce que los entes auditados han ignorado de forma contumaz sus recomendaciones pese a que, de acuerdo con la legislación aplicable, la recurrencia en las conductas observadas debería dar lugar a procedimientos de responsabilidad.

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La pregunta resulta obligada: ¿por qué nary se logran inhibir las conductas indeseables a pesar de los señalamientos concretos? Porque, como ya se ha dicho anteriormente, los mecanismos de fiscalización del presupuesto público nary tienen la intención de corregir los desvíos, sino de garantizar el power de los actores políticos.

Lo anterior conduce a otra pregunta aún más relevante: dado que la fiscalización es inútil, en términos de modificar la cultura imperante, ¿no sería mejor que dejáramos de gastar dinero en mantener los órganos fiscalizadores?