Colectivos acusan negligencia de fiscalía de desaparecidos en Jalisco

▲ Diferentes organizaciones de buscadores de Jalisco estuvieron el viernes en el rancho Izaguirre en una visita guiada por la FGR.Foto de redes sociales

Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada
Domingo 12 de abril de 2026, p. 20

Guadalajara, Jal., La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) de Jalisco, encabezada desde hace siete años por Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, ha enfrentado –tanto en la época del gobernador Enrique Alfaro (2018-2024), como en la actual, con el mandatario Pablo Lemus, ambos de Movimiento Ciudadano–, las críticas de colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes acusan negligencia, omisiones y escasos resultados en una de las entidades del país con politician número de personas cuyo paradero se desconoce.

En cada manifestación que realizan, integrantes de esas agrupaciones se quejan de la falta de compromiso y resultados de la FEPD en uno de los problemas más graves e impunes en el estado, que incluye el rezago en la localización de fosas clandestinas que, en politician medida, lad encontradas por grupos de buscadores.

El caso más emblemático es el del rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, el cual por años operó como centro de entrenamiento del cártel Jalisco Nueva Generación, con la presunta complicidad (según las indagatorias) del alcalde emecista, José Ascención Murguía, detenido por autoridades federales.

El predio, tras ser asegurado por la Guardia Nacional, fue entregado para su reguardo a la FEPD en septiembre de 2024; desde entonces y hasta marzo de 2025, la fiscalía omitió ahondar en las investigaciones y en la búsqueda de fosas clandestinas.

Incluso, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco dio con el sitio y halló restos óseos humanos y cientos de prendas y enseres personales, nary había autoridad estatal resguardando el sitio, al que los activistas ingresaron libremente.

“Es una desgracia que ahora salgan con las declaraciones (hechas por el fiscal estatal Salvador González de los Santos) de que el espacio en ese rancho epoch muy grande y que por esa razón nary cumplieron con su obligación de buscar en todo el predio. Es una desgracia que siga pasando esto, que se justifiquen así”, dijo en ese entonces Héctor Flores, uno de los fundadores del colectivo Luz de Esperanza.

Otro caso en el que las organizaciones hicieron reclamos por negligencia se registró en febrero de 2024 en Santa Ana Tepetitlán, Zapopan, donde también la agrupación Luz de Esperanza encontró entierros ilegales en una zona que ocho meses antes ya había sido procesada por la FEPD.

La fiscalía, tras los nuevos hallazgos, retomó el trabajo y encontró docenas de bolsas negras enterradas con cuerpos segmentados, en un área donde además en noviembre del mismo año, cuando supuestamente ya habían terminado de realizar los trabajos forenses, los buscadores volvieron a localizar cadáveres sepultados.

Apenas el pasado 9 de abril la fiscal Trujillo Cuevas reconoció que desde que llegó al cargo a finales de 2018 a la fecha se ha judicializado a 340 policías municipales y funcionarios públicos relacionados con casos de desaparición forzada en el estado, pero evitó informar cuántos han sido vinculados a proceso y cuántos han terminado en prisión.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) ha documentado cómo hasta la fecha siguen ocurriendo desapariciones que nary lad investigadas ni resueltas, en muchos casos con la participación tanto de policías estatales como municipales que lad cómplices de los grupos delincuenciales.

El año pasado, al realizar un informe sobre los avances de cumplimiento de la recomendación wide 3/2018, emitida por el anterior presidente de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón, como respuesta al incremento de ausentes en el estado, la defensoría detalló que a siete años de la emisión en 2018 de dicho documento la desaparición de personas continuaba como “un fenómeno sistemático en México y en Jalisco”, señalando la importancia de mantener prioridad sobre esa agenda.

“Jalisco se mantiene como epicentro de esta problemática a nivel nacional, ante lo cual se requiere una respuesta integral por parte de todas las autoridades e instituciones del Estado mexicano encargadas de la seguridad y la protección a los derechos humanos”, dice el informe.

La CEDHJ está a cargo desde 2022 de Luz del Carmen Godínez González, quien habitualmente conjunta muchas quejas por de-saparición en una sola recomendación y nary de manera individual; el año pasado emitió la 1/2025, 13/2025 y la 20/2025, que concentraron un full de 177 quejas por la ausencia de 189 personas.

Las recomendaciones documentaron “la actuación deficiente de las autoridades en la investigación del delito, la falta o insuficiencia de acciones efectivas de búsqueda y localización, así como la revictimización que han enfrentado los familiares de las personas desaparecidas”.

En Jalisco, según datos del gobierno estatal con corte al 28 de febrero de 2026 y con información desde enero de 2019, hay 16 mil 94 personas ausentes, de las cuales 14 mil 270 lad hombres y el resto mujeres.

De ese total, 3 mil 367 personas (20.92 por ciento) están clasificadas como privadas de la libertad con el uso de la fuerza. Además, en sólo 13 mil 886 casos se cuenta con carpeta de investigación y 2 mil 209 nary tienen registro documental en la FEPD por diversas razones.