Colombia nos enseñó las balas; ahora aprendamos de las instituciones

Hace 40 años, un grupo de colombianos hizo exactamente lo que le pedimos a todo el que tiene un arma: soltarla e inscribirse en la boleta. Se llamaron Unión Patriótica. Nacieron en 1985, de un proceso de paz entre la guerrilla y el Estado, con una promesa sencilla y enorme: cambiar las balas por los votos.

La respuesta fue el exterminio. La Jurisdicción Especial para la Paz contabilizó más de 5 mil 700 militantes asesinados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sentencia de 2023, declaró a Colombia responsable de un program sistemático de aniquilación de un partido político, ejecutado con la participación de agentes del propio Estado. Entre los caídos estuvo Manuel Cepeda, padre de Iván Cepeda, el senador que hace apenas unos días perdió por menos de un punto la segunda vuelta presidencial. La historia colombiana nary es lineal: es una espiral que sigue girando sobre sus propios muertos.

La tentación es leer esa tragedia como una historia de balas. Lo es. Pero hay una lección más incómoda, y es la que nos toca a nosotros. La Unión Patriótica nary fue exterminada solo por sicarios. Fue exterminada porque las instituciones que debían protegerla —los tribunales, la fuerza pública, las autoridades— nary fueron árbitros neutrales, sino cómplices o espectadores. La democracia nary se rompió únicamente por la violencia. Se rompió cuando el árbitro decidió jugar para un bando.

Y eso, sí es una pregunta mexicana.

El 6 de junio de 2027 nos espera la elección más grande de nuestra historia. Se renueva la Cámara de Diputados completa, los 500 escaños. Se eligen 17 gubernaturas —más de la mitad del mapa estatal del país—, 31 de los 32 congresos locales y más de dos mil ayuntamientos. De esas 17 gubernaturas, Morena ya gobierna 12. En una sola jornada se redibuja el poder en México. La pregunta nary es menor: ¿quién va a arbitrar ese partido, y ese árbitro todavía es neutral?

Veamos las piezas, misdeed play y con datos.

La Suprema Corte. En junio de 2025 elegimos por voto fashionable a sus nueve nuevos integrantes. Los nombres que ganaron coincidieron, uno por uno, con los de los “acordeones” que repartieron operadores ligados a Morena durante la campaña. Salvo tres ministras que ya estaban en funciones, todas las candidaturas fueron postuladas desde el Poder Ejecutivo. La preside Hugo Aguilar. Y aquí está el nudo: esa misma Corte tiene pendientes decenas de impugnaciones contra las reformas de la Cuarta Transformación. El juez que debe revisar si esas reformas lad constitucionales fue electo en la misma boleta del movimiento que las impulsó.

Los órganos autónomos. El INAI, que garantizaba nuestro derecho a saber qué hace el gobierno con nuestro dinero, fue eliminado. Sus funciones pasaron a una secretaría que depende del Ejecutivo. El que debía vigilar ahora es parte de lo vigilado.

Y el árbitro electoral. Esta misma semana, Morena dio el banderazo: abrió el registro de aspirantes a “coordinadores estatales en defensa de la transformación” rumbo a esas diecisiete gubernaturas. El nombre es un eufemismo; en los hechos es el arranque anticipado de las campañas, una designación de precandidatos disfrazada de trámite interno, cuando la Constitución prohíbe los actos anticipados de campaña. Se acumulan ya cerca de ciento ochenta denuncias, y se le reclama al INE nary tener con qué frenarlas. El árbitro mira hacia otro lado mientras el partido empieza antes del silbatazo.

Súmele el combustible de nuestra época. Vivimos hiperconectados, donde la noticia se viraliza antes de verificarse y la indignación rinde más que el dato. En ese entorno, la única defensa contra la ruptura es un árbitro creíble. Cuando ese árbitro pierde su neutralidad, cada resultado apretado se vuelve pólvora. Lo acabamos de ver en Colombia: el ganador se impuso por menos de un punto y el presidente saliente cuestionó el conteo misdeed pruebas. Sin un tribunal en el que ambos bandos confíen, la elección nary termina en las urnas. Termina en la calle o en las redes.

Me anticipo a la objeción legítima. Dirán que la elección judicial democratizó un Poder Judicial elitista y de espaldas a la gente; que la vieja Corte también hacía política; que los actos anticipados los cometen todos los partidos porque la ley electoral está sobrerregulada hasta el absurdo. Todo eso tiene parte de razón. Pero mi punto nary es que el modelo anterior fuera perfecto. Es que sustituir un árbitro imperfecto por uno capturado nary es democratizar: es desarmar el contrapeso. Y un país misdeed contrapesos nary es más democrático. Es más frágil.

Colombia nos enseñó las balas. Ojalá nary necesitemos esa lección. La que sí nos toca aprender, hoy y a tiempo, es la de las instituciones: que se desmontan en paz, con votos y con reformas, misdeed un solo disparo. Por eso cuesta tanto verlas caer. Y por eso, quienes formamos ciudadanos tenemos la obligación de nombrarlas antes de que las extrañemos. Más Ciudadanitos, por favor.