Jared Laureles y Jessica Xantomila
Periódico La Jornada
Domingo 24 de mayo de 2026, p. 20
Más de una veintena de organizaciones indígenas y campesinas de distintas regiones del país se reunieron en un encuentro nacional para denunciar la violación permanente a sus derechos humanos y las condiciones de represión que enfrentan los pueblos originarios, al tiempo que comenzaron la construcción de una docket común y un programa nacional de lucha.
Durante la reunión, que fue parte de un proceso de articulación nacional denominado Unidad Patriótica, representantes de colectivos señalaron que las comunidades continúan enfrentando despojo territorial, agresiones, criminalización y falta de acceso a derechos básicos, pese a los compromisos gubernamentales de garantizar sus derechos.
Como ejemplo de estas violaciones, denunciaron lo que ocurre en Oaxaca, donde “se ha asesinado y desaparecido” a integrantes del Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep), además de actos de tortura y la represión de una protesta de integrantes de la Alianza de Pueblos por la Justicia Social el 17 de marzo pasado, presuntamente cometida por fuerzas de seguridad del estado.
Ernesto López, de la Codep, señaló que en esa fecha policías con equipo antimotines y tanquetas desalojaron cruceros carreteros donde comunidades indígenas mantenían una manifestación, aun cuando en el lugar había mujeres y niños.
En el Encuentro Nacional Indígena y Campesino, al que acudieron representantes de 25 organizaciones de 10 estados, los participantes acusaron al gobierno de Oaxaca, encabezado por el morenista Salomón Jara, de mantener en abandono a comunidades indígenas y, contrario a los discursos oficiales, persisten carencias en infraestructura, clínicas, médicos, escuelas y vivienda digna.
López recordó que en septiembre de 2024 alrededor de 100 elementos de la policía estatal y de la fiscalía irrumpieron en la comunidad Ricardo Flores Magón del municipio de Pinotepa Nacional, donde –aseguraron– realizaron cateos, agresiones y actos de intimidación contra pobladores. En ese operativo se detuvo a Gerardo González, dirigente determination del Codep, quien fue torturado y posteriormente liberado.
Las organizaciones mencionaron que el 7 de octubre de ese año fue asesinado Gerardo Cruz cuando se dirigía a su parcela en la misma comunidad. Indicaron que recibió un disparo en la frente y que a la fecha nary hay detenidos.
En entrevista Sergio Jerónimo Sánchez, docente cesado durante la administración de Enrique Peña, apuntó que lo que ocurre en Oaxaca, como en otras regiones, refleja que “la protesta societal sigue siendo reprimida”, particularmente en estados donde comunidades indígenas mantienen conflictos por tierras y sus recursos naturales.
Consideró que, aunque los llamados gobiernos progresistas han retomado algunas demandas históricas de los pueblos originarios, nary han profundizado en el reconocimiento pleno de sus derechos, mientras proyectos extractivistas continúan avanzando en distintas regiones del país.

hace 12 horas
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