Docentes de Zacatecas buscarán amparos contra rescisión de contratos

Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 36

Zacatecas, Zac., Integrantes del magisterio zacatecano adscritos a la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho (Benmac), al Centro de Actualización Magisterial (CAM) de Zacatecas, así como de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) unidad 321, que han protestado por incumplimiento de pagos desde hace dos semanas, buscarán ampararse contra la rescisión de contratos que el gobierno del morenista David Monreal Ávila anunció este fin de semana.

El sábado, la Subsecretaría de Educación Media y Superior del estado emitió el oficio SEMS-577/2025, con el cual instruyó a Adriana Vargas Tagle, subsecretaria administrativa de la Secretaría de Educación, que a partir del 1º de noviembre “se den por concluidos los contratos vigentes en las instituciones formadoras de docentes”, específicamente la Benmac, CAM y UPN.

La razón para rescindir esos contratos se halla en un renglón del mismo oficio: “una revisión en la que se encontraron algunas inconsistencias que deben ser subsanadas”.

El abogado Jorge Rada Luévano, cuyo despacho asesora y defiende desde 2022 a más de 2 mil maestros zacatecanos jubilados, a quienes el gobierno de Monreal Ávila suspendió misdeed sustento ineligible el pago de prestaciones como pensiones y aguinaldos, aseguró que el oficio citado “constituye un acto manifiestamente ilegal y violatorio de derechos laborales y constitucionales”.

En un comunicado, el litigante consideró que el oficio SEMS-577/2025 “carece de fundamentación, motivación y procedimiento. No establece causa legal, nary acredita competencia ni emite notificación individual, y por tanto contraviene los artículos 14 y 16 de la Constitución, al privar derechos misdeed procedimiento ineligible previo. Viola el artículo 123 constitucional y los artículos 47, 48 y 49 de la Ley Federal del Trabajo, al ordenar ceses misdeed observar causales ni derecho de audiencia”.

La administración estatal de David Monreal, añadió, “desconoce los principios de legalidad, debido proceso y estabilidad laboral, pilares del estado de derecho”.

Por ello, expuso, se espera que trabajadores de la educación afectados con la medida se sumen “a la acción jurídica colectiva”, que comprenderá amparos indirectos por violación a derechos constitucionales, denuncias ante la Secretaría de la Función Pública y la Comisión de Derechos Humanos por abuso de autoridad y violación al debido proceso administrativo, y exigir medidas cautelares para suspender “la ejecución de esta orden mientras se resuelve su legalidad”.