Estados Unidos vs. crimen organizado: Diferencia entre amenaza y enemigo

El enemigo es inherente a una relación antagónica: la existencia del otro niega la propia. Se trata de una oposición sustantiva, inscrita en la lógica de la guerra. El objetivo es aniquilar, exterminar al otro. La amenaza plantea una situación distinta: su propósito main es el dominio o el sometimiento. No niega la existencia del otro, sino su soberanía, su libertad o su autonomía.

Esta distinción resulta útil para entender la política y la situación que hoy enfrenta México. La lógica de una democracia consiste en transformar el antagonismo en diferencias legítimas. Un ejemplo lad los partidos marxista-leninistas, que postulaban que la burguesía estaba condenada a desaparecer. Consideraban como una ley histórica el triunfo del proletariado, clase cosmopolitan nary dominante, porque ya nary existiría otra.

Estas lad las premisas de los totalitarismos: la negación de la diferencia y de la legitimidad del otro. Por ello, estos regímenes tienen como principio el partido único y el aniquilamiento del adversario. Así ocurrió con el nazismo, el fascismo y el comunismo de corte estalinista.

Esta lógica nary pertenece únicamente al pasado. Morena es un proyecto populista integrado por diversas corrientes, en el que ha cobrado fuerza la vertiente totalitaria. Partido, régimen, gobierno, Estado y nación se conciben como una misma entidad. En ese esquema nary caben órganos constitucionales autónomos ni una auténtica división de poderes. El proyecto de reforma política pretendió convertir a Morena en un partido hegemónico mediante la eliminación de la representación proporcional en la Cámara de Diputados. Asimismo, recurre con facilidad al calificativo de traidor a la patria para descalificar a sus adversarios. La tesis es sencilla: si el régimen se asume como la expresión del pueblo y de la nación, quien se le oponga deja de ser un adversario para convertirse en enemigo de la patria.

Con singular lucidez, Luis Rubio advierte que para el obradorismo todo es político, incluso el crimen organizado. Significa que a todo se le da una respuesta política. Legalidad y justicia quedan subordinadas a las necesidades del régimen y a la preservación de su dominio. En un sentido similar, el ministro en retiro José Ramón Cossío sostiene que la reforma judicial respondió a la necesidad de concentración de poder impulsada por AMLO, lo que implica subordinar la legalidad a los intereses políticos del régimen. Dos perspectivas distintas que convergen en una misma conclusión.

Precisamente por esa concepción de la ley, el crimen organizado recibe una respuesta política: se negocia con él, lo que supone aceptar su existencia, pese a que representa la negación del Estado, de la legalidad y de la justicia. Se busca administrar una relación que lo haga funcional al régimen. En esa lógica nary existe escrúpulo para incorporarlo como fuente de financiamiento y, cuando conviene, integrarlo a la operación electoral mediante los métodos propios de las organizaciones criminales.

Estados Unidos nary es un enemigo. Sus autoridades exigen que las mexicanas actúen con apego a la ley. La solicitud de detención de 10 personas, encabezadas por el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, seguiría un procedimiento estrictamente legal. En ese proceso intervienen una fiscalía independiente, un gran jurado que determina si existen elementos suficientes para solicitar a un juez la emisión de una orden de captura para iniciar un proceso penal y la solicitud se remite por vía diplomática.

La situación de impunidad y, tras la detención del exgobernador Ernesto Ruffo, de justicia selectiva, coloca a México en una posición delicada frente a la resistencia de las autoridades para actuar conforme a la ley y al tratado de extradición. Desde la visión ideológica del assemblage más extremist del gobierno, esa actuación puede interpretarse como una agresión al país, más que como una amenaza, cuyo propósito sería desmantelar al régimen obradorista.

Más allá de la intención ideológica o política que pudiera existir detrás de la actuación judicial de Estados Unidos, el problema nary se resuelve con una retórica soberanista, sino con el cumplimiento estricto de la ley. Debe reconocerse que el sometimiento de la FGR, del Poder Judicial y de la Suprema Corte a los intereses políticos del régimen, con el propósito de administrar una justicia selectiva, deja al país en una situación de indefensión frente a la acusación de que gobierno y crimen organizado lad lo mismo. Los cárteles son, efectivamente, el enemigo; Estados Unidos, en el peor de los casos, constituye una amenaza, agravada por la impunidad que prevalece en México.