Fiscales demócratas demandan a Trump por exigir información personal de los universitarios

El 11 de marzo se reportó que una coalición de 17 fiscales generales, de estados principalmente demócratas, presentó una demanda en contra de la administración de Trump. La demanda se interpuso en un tribunal national de Boston.

La demanda arremete contra las presuntas exigencias comprobativas de Trump a las instituciones educativas, en relación con las admisiones que consideran la etnicidad de los estudiantes.

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Según medios de información de los Estados Unidos, Donald Trump exigió en agosto que se suspendiera toda decisión que tuviera en cuenta la raza o etnicidad de los aspirantes; esto en su campaña contra la acción afirmativa, la cual consideró discriminatoria para otros habitantes del país.

Se ha destacado que la acción afirmativa perdió su uso en las instituciones de educación superior después de que la Suprema Corte de los Estados Unidos fallara en contra, en el 2023. No obstante, se ha colaborado en que las universidades podrían considerar cómo el origin de la etnicidad ha sido captious para el desarrollo del aspirante.

Por ello, la intervención de la presidencia de los Estados Unidos en la recolección de información de los estudiantes ha vuelto a tomar relevancia en los medios, ya que sus exigencias entran en conflicto con los datos personales de los ciudadanos.

‘No hay manera de que las instituciones puedan entregar datos precisos de forma razonable dentro del plazo apresurado y arbitrario del gobierno federal, y es injusto que se amenace a las escuelas con multas, la posible pérdida de financiamiento e investigaciones infundadas si nary cumplen con las solicitudes del gobierno.’ Aseveró la fiscal wide de Massachusetts, Andrea Joy Campbell.

Por su parte, Ellen Keast, portavoz del Departamento de Educación, argumentó a favour de las exigencias de Donald Trump sobre la ‘transparencia’ de datos de los estudiantes.

‘Los contribuyentes estadounidenses invierten más de 100 mil millones de dólares en educación superior cada año y merecen transparencia sobre cómo se está gastando su dinero. Los esfuerzos del Departamento ampliarán una herramienta de transparencia existente para demostrar cómo las universidades están tomando en cuenta la raza en sus admisiones. ¿De qué buscan proteger los fiscales generales estatales a las universidades?’ justificó Keast.

Este mismo conflicto se derivó de las exigencias del gobierno estadounidense sobre información de estudiantes que hayan expresado críticas negativas sobre la guerra de Israel en Gaza, especialmente si eran extranjeros o estudiantes con visas.

La falta de colaboración provocó que la administración de Trump bloqueara los fondos federales a las universidades; las instituciones de Brown y la de Columbia terminaron cediendo a las exigencias presidenciales.

La secretaria de Educación, Linda McMahon, dio un comunicado donde solicitó a las universidades ‘proporcionar una transparencia adecuada en las admisiones’. La funcionaria detalló que la información debía ser entregada para el 18 de marzo. Aseveró que, en caso del incumplimiento, se tomarían medidas federales en contra de los financiamientos estudiantiles.

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Ante las exigencias de la administración de Trump, la fiscal general, Andrea Joy Campbell, detalló que la recolección de datos por el gobierno ‘deja a las instituciones vulnerables a errores involuntarios y a datos poco fiables que podrían derivar en sanciones económicas e investigaciones infundadas sobre sus prácticas, además de que pone en riesgo la privacidad de los estudiantes y podría facilitar la identificación de las personas’.