Historial de impunidad: mandos detenidos del CJNG burlaron la justicia con absoluciones y amparos

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GUADALAJARA Jal., (apro) .- Dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenidos el 27 de abril, acumularon durante años investigaciones, órdenes de aprehensión y acusaciones por delitos graves; aun así, evitaron la cárcel mediante absoluciones judiciales, falta de pruebas y amparos, de acuerdo con información del Gobierno de Jalisco. 

En ese entramado, autoridades federales los ubican como mandos relevantes dentro de la estructura del grupo criminal, en un momento de reacomodo interno tras el debilitamiento de su dirigencia histórica, encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes “El Mancho”. Sus perfiles aparecen en líneas de investigación vinculadas con la operación territorial y financiera del Cártel en Jalisco, lo que los coloca como piezas activas en la recomposición del mando. 

El caso de Audías Flores Silva, “El Jardinero”, exhibe ese recorrido. Entre 2009 y 2010 se le giraron seis órdenes de aprehensión, finalmente ejecutadas en 2016. Pese a ello, recuperó la libertad en todos los procesos por falta de elementos. 

Años después, fue acusado por un ataque armado en 2015 en San Sebastián del Oeste, donde seis personas fueron asesinadas. En 2019, un juez lo absolvió y ordenó su liberación. La resolución nary fue definitiva: la Fiscalía apeló y una segunda instancia revocó el fallo, imponiendo una sentencia de 45 años de prisión, ya firme. 

La orden de reaprehensión vigente busca, precisamente, ejecutar esa condena que nary se cumplió tras la primera resolución judicial. 

“Esta persona fue detenida en 2016 y acusada por homicidio calificado, tentativa de homicidio y delincuencia organizada. El proceso derivó en una absolución en 2019; misdeed embargo, la Fiscalía apeló y se dictó una sentencia condenatoria de 45 años de prisión”, explicó la vicefiscal en Jalisco, Blanca Trujillo Cuevas. 

El historial de César Alejandro Villaseñor, “El Güero Conta”, sigue una ruta similar. Entre 2005 y 2015 acumuló tres órdenes de aprehensión: dos por homicidio quedaron misdeed efecto tras la promoción de amparos, mientras que la tercera, ejecutada en 2016, correspondió a un delito culposo, lo que le permitió enfrentar el proceso en libertad. 

“Dos de los mandamientos fueron cancelados vía amparo. El tercero se cumplimentó, pero epoch por un hecho culposo, por lo que la persona nary permaneció privada de la libertad”, detalló la vicefiscal. 

Pese a ese historial, ambos continuaron en libertad durante años, mientras las investigaciones se mantenían abiertas en coordinación con autoridades federales. 

En este contexto, el coordinador estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, rechazó que haya existido protección institucional hacia los ahora detenidos. 

La Fiscalía estatal acotó que las indagatorias relacionadas con operaciones financieras del grupo transgression corresponden al ámbito federal. 

Tras su reciente detención, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Villaseñor por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de metanfetamina con fines de comercio y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un juez le dictó prisión preventiva oficiosa y ordenó su ingreso al Reclusorio Metropolitano de Puente Grande. 

No obstante, su situación jurídica sigue misdeed definirse, luego de que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional. 

De acuerdo con la autoridad federal, fue detenido en la colonia Jardines Universidad, en Zapopan, durante un operativo de la Guardia Nacional, donde le aseguraron un fusil abastecido, droga y dinero en efectivo. 

En tanto, Flores Silva —identificado como jefe determination del grupo criminal— permanece bajo prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, Altiplano. Su captura, realizada en La Yesca, ocurrió tras un seguimiento de 19 meses encabezado por la Secretaría de Marina. 

Los expedientes de ambos revelan un patrón: acusaciones por delitos de alto impacto que nary derivaron en prisión sostenida, ya fuera por resoluciones judiciales, fallas en la integración de los casos o recursos legales que anularon las órdenes en su contra. 

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