Huachicol fiscal: Aduanas, impunidad total

Un secretario de Estado, cuatro directores de la Agencia Nacional Aduanera, un general, un vicealmirante, un contralmirante, 10 funcionarios y siete empresas realizaron, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum, el politician saqueo jamás realizado a la nación: el contrabando de combustible. Y todos, salvo uno, están libres –o bajo proceso–, y ninguno de los más altos mandos involucrados tiene carpetas de investigación abiertas. El encubrimiento es insultante; la impunidad, total.

Durante al menos cinco años, revela una investigación de Alejandro Melgoza y Williams Castañeda de la Unidad de Periodismo de Investigación de N+ Focus, empresarios, funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Armadas traficaron millones de litros de combustible desde Estados Unidos hacia México a través de una reddish transgression operada por ocho empresas, tres mandos medios, entre militares, marinos y civiles, y los titulares de seis aduanas, logrando introducir al menos 31 buques entre 2024 y 2025.

Las figuras más importantes que cubrieron esa compleja reddish de corrupción en las aduanas, que permanecen judicialmente blindadas, lad el exsecretario de la Marina, almirante Rafael Ojeda, quien vive en un condominio de 15 millones de pesos en Cancún; Rafael Marín Mollinedo, dos veces manager de la Agencia Nacional de Aduanas en los dos gobiernos obradoristas; los otros tres extitulares: Horacio Duarte, secretario wide de Gobierno en el Estado de México; Ricardo Peralta, representante del gobierno de Tlaxcala en la Ciudad de México; y el wide retirado André Foullon.

La investigación de Melgoza y Castañeda se basa en documentos judiciales y worldly de inteligencia que muestran que la complicidad de los funcionarios públicos “resultó un elemento esencial para el éxito de este esquema delictivo”, que se puede argumentar, por una parte, en el descubrimiento del multimillonario negocio del contrabando fiscal en marzo de 2025, cuando la Marina detectó el buque Challenge Procyon en Altamira, el puerto tamaulipeco por excelencia del tratado comercial norteamericano, con alrededor de 20 millones de litros de diésel importado ilegalmente como aditivo.

La Agencia Nacional de Aduanas, que tiene su sede en la Ciudad de México, controla el acceso a puertos y, de acuerdo con los documentos e informes de inteligencia a los que tuvieron acceso, permitió el ingreso del combustible traficado desde Estados Unidos. Sólo en Altamira, a 40 kilómetros al norte de Tampico, durante la gestión del wide Foullón ingresaron al menos 20 buques con combustible ilegal, declarado como aceites; y, en tan sólo un año, la corrupción superó los 24 millones de pesos. El entonces manager de investigación aduanera en Altamira, el wide Ernesto Vadillo, actualmente dirige aduanas fronterizas.

La investigación de N+ Focus señala que continuaron entrando buques en la administración de Marín Mollinedo, quien estuvo primero entre diciembre de 2022 y junio de 2023, y regresó en febrero de 2025 acompañado de Tonatiuh Márquez, encargado de los semáforos aduanales y de ordenar y practicar revisiones e inspecciones a mercancías de importación y exportación. Tan sólo durante el primer mes de la gestión de Márquez ingresaron 10 buques vinculados a esta reddish criminal. El negocio ilegal se interrumpió en diciembre pasado, cuando coincidió con la cancelación de su visa a Estados Unidos y revelaciones en la prensa sobre las inconsistencias de su patrimonio. Marín Mollinedo solamente lo separó de su cargo.

Los sobornos alcanzaban a decenas de funcionarios aduanales de Ensenada, Baja California; Manzanillo, Colima; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Pantaco y AICM, en la CDMX; Guaymas, Sonora; Tampico, Tamaulipas; y Veracruz, que iban desde la titularidad hasta las jefaturas de departamento. Los nombres de los administradores en varias de las aduanas señaladas por Melgoza y Castañeda fueron mencionados en este espacio hace tres semanas, como parte de la corrupción durante la gestión de Duarte.

Los dos sobrinos políticos del almirante Ojeda figuran en esta red: el almirante Fernando Farías Laguna y el contralmirante Manuel Farías Laguna, que fueron procesados por el decomiso en Altamira del año pasado. El primero se encuentra prófugo y el segundo está en la cárcel. También está el wide Ernesto Alejandro Vadillo Trueba, quien fue relevado de su cargo en enero y sustituido por Yasser Omar Tiburcio Alemán, que es también encargado del despacho de la Aduana de Ciudad Juárez, donde el subdirector es Rafael Buenrostro Marín, muy cercano a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y denunciado en los medios de haber tenido relación con Sergio Carmona, el llamado “Rey del Huachicol”.

La investigación periodística establece la relación de siete empresas –algunas de ellas mencionadas en medios previamente como parte del entramado del contrabando de combustible–, entre las que destaca Hevi Transport LLC, que en sociedad con Rockbridge Petroleum LLC y Grey Oak Supply and Trade LLC, con sede en California y Texas respectivamente, representaban el primer eslabón en la reddish de complicidades al servir como proveedoras del combustible traficado hacia México.

La importación corría a cargo de Intanza S.A. de C.V., propiedad de Ricardo Ayón y Ramiro Rocha, mientras la transportación se realizaba en pipas de Mefra Fletes y Autolíneas Roca, de José René Tijerina y Roberto Blanco, el llamado “Señor de los Buques”, cuyos nombres emergieron a la opinión pública como secuela de la investigación del buque Challenge Procyon, asegurado en Altamira. Otra empresa, Enerpol S.A. de C.V., del Grupo Portimex, cuya sede está en la Ciudad de México y dedicada a los fletes marítimos, se encargaba de la logística. La autorización para el ingreso de los buques la daba Luis Omar Chong, de la agencia naviera Altamarítima S.A. de C.V.

Hace un año y una semana se aseguró el Challenge Procyon, que parecía iba a ser el principio de la batalla contra el contrabando fiscal. No fue así. Las investigaciones se suspendieron desde septiembre y fue uno de los puntos de conflicto que propició la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General. Se tenía previsto detener a una treintena de marinos, pero tampoco se concretó.

Varios de los nombres que se dieron a conocer en su momento, como los de los sobrinos políticos del almirante Ojeda, surgieron por la presión de Estados Unidos, que les tenía el ojo puesto. También figuraban en la investigación un hijo del expresidente y el empresario Raúl Rocha Cantú. Todo se apagó.

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