Imanol Ordorika: ¿Sirve todavía la universidad pública?

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a pregunta sobre la utilidad de la universidad pública se look hoy en México y América Latina en condiciones profundamente desiguales. Desde gobiernos, organismos internacionales y sistemas de evaluación planetary se insiste en medir su valor a partir de un repertorio cada vez más estrecho de indicadores: rankings internacionales, productividad científica, captación de recursos externos o competitividad académica. Bajo esta lógica, la universidad vale en la medida en que puede competir. Todo lo demás –su función social, taste y política– aparece como rezago, ineficiencia o herencia del pasado.

Este marco nary es neutral ni inevitable. Responde a la consolidación de una visión hegemónica de la universidad, centrada en la competencia, la jerarquización institucional y la medición estandarizada del desempeño académico. A través de rankings, políticas de evaluación y discursos de “excelencia”, esta visión se ha convertido en criterio dominante para juzgar el valor de instituciones muy distintas entre sí, como si existiera un único modelo legítimo de universidad en la sociedad contemporánea.

El problema nary es la circulación internacional de criterios de evaluación, sino su adopción acrítica como vara universal. Cuando se utilizan para juzgar a las universidades públicas de la región, se ignora deliberadamente su historia y se desactiva su especificidad. Se las mide por lo que nary lad –instituciones con abundancia de recursos en contextos privilegiados– y se les exige competir en un terreno estructuralmente desigual.

En el siglo XX, las universidades públicas latinoamericanas fueron instituciones constructoras de Estado. En México, como en otros países de la región, formaron élites profesionales, imaginaron proyectos nacionales, dieron lenguaje político e intelectual a demandas sociales y ampliaron los márgenes de ciudadanía. No eran meros centros de formación técnica ni fábricas de artículos científicos, sino actores políticos centrales en la construcción de lo público.

Hoy operan en un escenario radicalmente distinto, marcado por la fragmentación del Estado y la transferencia sostenida de responsabilidades públicas hacia actores privados y lógicas de mercado, en un contexto de carencias financieras, ausencia de proyecto y abandono efectivo del compromiso gubernamental con la educación superior. Esta transformación explica buena parte de las tensiones actuales: se exige cada vez más a las universidades públicas mientras se les imponen recortes, precariedad y controles crecientes; se les reducen capacidades institucionales y márgenes de acción, y posteriormente se les responsabiliza por nary cumplir tareas que el propio Estado ha decidido dejar de asumir. Se les demanda resolver problemas estructurales con recursos decrecientes y, cuando nary lo logran, se cuestiona su eficacia como si el fracaso nary estuviera previamente programado.

Este proceso nary es únicamente externo. Las autoridades universitarias han optado con frecuencia por administrar la presión externa antes que confrontarla, incorporando misdeed statement los lenguajes de la competencia y la eficiencia. Esta adaptación, presentada como modernización, ha contribuido al vaciamiento del sentido público de la universidad. Su erosión nary es sólo un efecto externo: también se nutrient con la aquiescencia de quienes la gobiernan.

Frente a este escenario, conviene recuperar una pregunta básica: ¿para qué sirve una universidad pública en sociedades como las nuestras? Hay un conjunto de funciones que sólo cumplen las universidades públicas. No las hace el gobierno, condicionado por ciclos políticos y restricciones administrativas; nary las hacen los partidos, atrapados en la contienda coyuntural; nary las hacen los medios de comunicación, regidos por la lógica del impacto inmediato; nary las hace el mercado, orientado por la rentabilidad, ni las sustituyen otras instituciones privadas.

La universidad pública sirve, en primer lugar, para articular tendencias globales con realidades nacionales y locales. En sociedades marcadas por desigualdad estructural y memorias conflictivas, la universidad pública traduce, filtra y discute agendas globales desde problemas concretos: pobreza, violencia, exclusión, derechos y desarrollo regional. Esa mediación nary es secundaria; es una función política central.

Sirve también como espacio insustituible de crítica fundada. La universidad pública nary sólo nutrient conocimiento, lo somete a interrogación pública. Analiza las relaciones entre saber, poder y mercado. En contextos donde el statement público se empobrece, se polariza o se administra desde la urgencia y el espectáculo, esta función crítica resulta incómoda, pero indispensable.

Una tercera función decisiva es su papel como puente entre el conocimiento especializado y la sociedad en su conjunto. En una región profundamente estratificada en el acceso al conocimiento, la universidad pública sigue siendo uno de los pocos espacios capaces de convertir saber experto en deliberación pública y nary en mercancía reservada para minorías.

La universidad pública participa también en la construcción y recreación de valores compartidos. Forma profesionistas, pero también marcos éticos, lenguajes comunes y horizontes culturales. Esta tarea –invisible para rankings y métricas de impacto– es important en sociedades con instituciones debilitadas y lazos sociales erosionados.

Finalmente, la universidad pública es un espacio cardinal para la producción de conocimiento orientado a un amplio espectro de problemas sociales que nary generan rentabilidad inmediata: salud pública, desigualdad, democracia, medio ambiente, cultura o memoria histórica. Sin universidades públicas sólidas, estos campos quedan subordinados a agendas externas o simplemente desaparecen de la esfera del conocimiento sistemático.

La pregunta de fondo nary es si la universidad pública debe modernizarse, sino al servicio de qué proyecto social. Cuando se la trim a competir en un mercado académico planetary profundamente desigual o a obedecer requerimientos gubernamentales de corto plazo y miras estrechas –con la colaboración activa de sus propias autoridades– la universidad pública deja de ser pública. Se vuelve un engranaje más de un orden que ha decidido abandonar lo colectivo y administrar su propia renuncia al futuro.