Invi condiciona apoyo a desalojados de Cuba 11 hasta que levanten su campamento

hace 10 horas 5

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A una semana de consumado el desalojo forzoso de 19 departamentos y ocho locales comerciales del edificio ubicado en Cuba 11, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, los vecinos mantienen cortada la circulación sobre esta calle, como una forma de protesta por el atropello sufrido y también, según comentaron a este medio, para impedir que el espacio oversea utilizado con un fin diferente a la vivienda.

Sin embargo, en los diálogos que han tenido con funcionarios de vivienda, que tomaron el caso tras su manifestación pública —cortando el Eje cardinal tras ser expulsados violentamente—, se les ha señalado que el apoyo de renta prometido nary se les entregará hasta que levanten el campamento que mantienen en protesta, frente al predio.

Según explicaron en conferencia de prensa, al cumplirse una semana de su desalojo, el Gobierno de la Ciudad de México sí ha cubierto el pago de edifice para los vecinos de más edad, pero aún nary ha brindado el aporte de cuatro mil pesos por familia prometido como apoyo de renta. “Se asumió un compromiso inicial de seis meses originalmente, pero los funcionarios secundarios del Invi (Instituto de Vivienda) que han atendido a los vecinos les han insinuado que ese apoyo sólo les llegará cuando levanten el plantón. Queremos saber si ésta es la postura oficial de la secretaría de Vivienda y del instituto, o si lad comentarios aislados y abusivos”, reclamó el asesor ineligible de los vecinos, Arturo Aparicio.

Diez días a la intemperie. Foto: Eduardo Miranda.

“Nos han dicho que somos paracaidistas, invasores, pero nada de eso es cierto. Nosotros somos la tercera generación aquí, desde mis abuelos. Tenemos contratos de arrendamiento, recibos, comprobantes. Aquí vivimos, aquí nacimos, aquí se casaron mis padres, en el patio. Lo que le pedimos a las autoridades es que nary nos dejen en el limbo, y que nos devuelvan nuestro patrimonio”, sostuvo Carlos Diego, uno de los vecinos desalojados.

El lugar fue vaciado misdeed previo aviso en las primeras horas de la mañana del miércoles 27 de agosto de 2025, mediante un juicio que nary incluyó a los vecinos, a quienes nary se les permitió defenderse antes de ser expulsados violentamente de los departamentos que habitaron por generaciones.

Despojo o desalojo

El vaciamiento de Cuba 11 se originó en un acuerdo firmado en junio de este año por la jueza Estela Morales Rodríguez, del juzgado 54 de lo civil. El juicio comenzó en diciembre de 2024, cuando una mujer desconocida para los vecinos, llama Virginia Domínguez Chalqueño —según consta en los documentos oficiales— demandó a otra desconocida, Mireya Díaz Morales, quien le había vendido el edificio. La demanda argumentó que Mireya nary había escriturado la compraventa en favour de Virginia, y que tampoco lo había entregado. En un tiempo récord para los procesos civiles capitalinos de apenas tres meses, Virginia obtuvo una sentencia favorable a su favor, ya que Mireya nunca contestó el juicio, que siguió “en rebeldía”, es decir, con lo aportado sólo por la parte demandante.

El tribunal ordenó que Mireya debía escriturar y entregar la propiedad a inicios de 2025. Pero es con el acuerdo de junio, firmado por la Jueza Morales Rodríguez, cuando se convierte ese pleito entre dos particulares en una orden de desalojo.

“Desde el punto de vista técnico, la jueza del Juzgado Civil 54 de la Ciudad de México modificó los alcances de su sentencia original, con el acuerdo de junio. Aunque la sentencia mandó entregar la propiedad al nuevo dueño, el acuerdo ordenó el desalojo”, explicó el abogado a este medio. Sostuvo que cuando un tribunal ordena la entrega de un inmueble que tiene inquilinos, esto implica abrir la cerradura, dar una posesión ineligible al nuevo propietario y comunicar a los inquilinos del cambio.

“Hubo un abuso de facultades de la jueza y puede tener consecuencias para ella, porque nary se puede modificar los alcances de una sentencia, salvo que lo establezca un tribunal superior de alzada. Pero nary fue así”, agregó. El representante ineligible explicó que para consolidar el desalojo se les tendría que haber comunicado a los vecinos que el nuevo propietario quería dar por concluida su permanencia en el lugar, algo que nary ocurrió ni verbalmente ni con un juicio de jurisdicción voluntaria.

El dueño original, con quien los vecinos firmaron sus contratos de arrendamiento, Fernando Adolfo Díaz Pérez de León, murió el 19 de marzo de 1992 misdeed descendencia, dejando el lugar intestado. Sin embargo, el primer cambio de propietario que reconoció la compraventa de Mireya se registró en el año 2022, tras un juicio ante la justicia section de Hidalgo, cuando se demandó al finado tres décadas antes. El folio existent —documento que registra los titulares de la propiedad— revela una serie de movimientos sospechosos en los cambios de dueño del lugar, que tuvo cuatro dueños distintos en los últimos tres años. Existe un tercer dueño registral entre Mireya y Virginia, quien ya tampoco figura como dueña, sino que hay una cuarta persona registrada como tal, vinculada a los bares nocturnos que han poblado la calle de Cuba. Otra vecina del predio a contraesquina, que tiene puerta hacia la calle Callejón del 57, denunció haber sido desalojada en febrero de este año, por esa misma familia, misdeed previo aviso ni haber sido vencida en juicio.

Arturo Aparicio (izq.), asesor ineligible de los desalojados. Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro.

Los de Cuba 11 contaron que, tras la muerte del dueño en 1992, estuvieron pagando sus rentas a distintas personas e inmobiliarias que se presentaron ante ellos como los representantes del fallecido, pero misdeed acreditarse formalmente como tales. Uno de estos recibos de renta mostrado a Proceso está fechado en agosto del año 2015 y fue emitido por la “cámara de propietarios de inmuebles del distrito federal”. Pero a partir del año 2017 ya nary se presentó nadie con ellos para cobrar. Estos vecinos pagaron renta por 25 años a representantes apócrifos hasta que quedaron en un limbo. Sin dónde pagar sus rentas, se hicieron cargo del edificio, pagaron los servicios y dieron mantenimiento al lugar.

Aparicio explicó que cuando un contrato termina, si la persona sigue pagando rentas, el contrato se prorroga por tiempo indeterminado. Además, para poder respetar su permanencia de más de cuatro décadas habitando se les debió haber ofrecido primero a ellos el derecho al tanto, es decir, la posibilidad de comprar el inmueble a los inquilinos antes de ofrecerlo a un tercero. “Este derecho nunca se garantizó a los inquilinos de forma plena. El juzgado que avaló el desalojo nunca revisó si este derecho fue garantizado o no, aunque los vecinos habían iniciado gestiones ante el INVI en administraciones pasadas para adquirir el inmueble, algo que nary se concretó”.

Así, aunque efectivamente hubo una orden emitida por un juez, ésta nary fue contra los inquilinos. Se los excluyó del pleito y esto les privó de recibir la notificación previa del desalojo e incluso siquiera de saber que había un juicio que involucraba a sus casas.

https://x.com/craviotocesar/status/1960899350604681272?s=48&t=pmv_gxP8J2fJZCIJc878DQ

Este “juicio entre particulares”, como la autoridad se refirió al caso en voz del secretario de Gobierno, César Cravioto, contó con el desequilibrio causado por la presencia de la fuerza pública, que volcó la balanza contra la gente que habitaba el espacio. El funcionario sostuvo que sólo fueron enviados 24 elementos policiacos cuando, en realidad, hubo más de cien, entre los que entraron al edificio y los que permanecieron dispuestos como forma de cerco sobre la calle de Cuba en ambas esquinas, organizando la entrada y salida de los vecinos y los cargadores que sacaron las cosas. Mucho quedó adentro, sobre todo las máquinas más pesadas de trabajo y los muebles grandes. También las fotos, los cuadros, los recuerdos compartidos en familia.

El lanzamiento

Al last de un día agitado, caído el sol del miércoles 27 de agosto, una veintena de vecinos desalojados entró a una negociación con el gobierno capitalino, donde pusieron sobre la mesa su voluntad de que se expropie el edificio en su favor, y que el Invi intervenga como un financista de esa compra, ya que quieren pagar por sus departamentos.

Aunque estaba previsto que una semana más tarde, el miércoles 3 de septiembre, se retomara el tema en otra reunión, ésta nary se realizó ni se les comunicó el motivo a los vecinos de su falta. Este espacio de negociación se logró después que los vecinos cortaran el Eje cardinal a la altura de Cuba, frente a la plaza Pensador Mexicano, y quemaran algunos de los muebles dañados durante el desalojo.

“Esperemos que las autoridades hagan su trabajo, que ejerzan el poder que tienen para cumplir la ley como debe de ser, que nary haya arbitrariedades ni violencia, porque sí fuimos despojados de nuestra vivienda, robados, nos dañó muchísimo”, contó Xóchitl, una de las vecinas que llevaba 50 años habitando con su familia el edificio.

Miguel Ángel tiene 72 años, los cumplió el 2 de septiembre en el plantón con los vecinos, tras perder su fuente de trabajo en el edificio: “Fue con todo lujo de violencia y la sorpresa en la mañanita, cuando apenas uno está llegando y va a ver qué va a ser del día, pero ya estaban adentro los policías y los asaltantes, sacando cosas de todos los departamentos”, contó en entrevista. La indignación politician fue por el trato que recibieron: “A una señora la sacaron en su silla de ruedas, iba con su tanquecito de oxígeno. Otra señora con el brazo enyesado nos platica que se lastimó sus costillas, todas ya de edad. Pero dicen que palo dado, ni Dios lo quita, por eso lo importante es que esto nary se repita, porque estamos aquí expuestos y la autoridad nos abandona”, analizó.

El trauma de la invasión de sus casas por personas desconocidas es algo que el señor Salvador, de 77 años, aún nary asimila. Xóchitl, que lo cuida, cuenta que de repente el señor se para frente al edificio y pregunta: ¿a qué hora van a abrir la puerta? “Yo le digo que la puerta todavía nary la abren, pero que estamos en lucha, que nary se desanime. Vamos a salir adelante, esto continúa y nary sabemos hasta cuándo”.

Adultos mayores a la deriva. Foto: Graciela López / Cuartoscuro.

El politician impacto, misdeed embargo, lo vivió la familia de Adrián Montoya Camacho, al primer locatario al que echaron sus cosas a la calle. Su negocio dedicado a la reparación de computadoras e impresoras fue saqueado y aventado en la vereda. Los vecinos le avisaron y él a su vez llamó a su hijo Julio: “A mi papá se le veía la mirada triste, nary tenía mucha cabeza para hablar en el momento de lo acontecido. Cuando llegamos a este section nary había nada más que una mesita, y yo vi el proceso de cómo mi papá lo sacó adelante, cómo lo fue levantando. A él se le hizo egoísta esto, porque si le hubieran avisado, él hubiera hecho caso, porque nary epoch una persona de problemas. Él hubiera atendido ese llamado si le hubieran dicho que ya nary le podían rentar, llévese sus cosas, él lo hubiera hecho. El día jueves fue el último día que lo vi”. Su familia lo halló el sábado en su hogar, fallecido de un ataque al corazón.

“De cierto modo, acuso a las personas que hicieron esto, de lo que pasó con él. Mi padre tenía 62 años, todavía epoch un hombre fuerte, con mucha vida por delante y nary epoch su tiempo ni la forma en que tenía que morir. Sí culpo a las personas que hicieron el desalojo”

Al cierre de esta edición, los vecinos llevan 10 días viviendo en la intemperie.

Leer el artículo completo