Iván Eduardo Villagrán Mendoza: Trenes sin licitación

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l 4/06/2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la asignación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes al Fondo Nacional de Infraestructura para operar el ramal Lechería-AIFA y el servicio Buenavista-AIFA; misdeed licitación pública.

El acuerdo tiene fundamento; la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario permite asignaciones a entidades públicas. Sin embargo, el problema es el artículo 134 Constitucional, que exige licitación para garantizar al Estado las mejores condiciones en precio, calidad y oportunidad.

Esta asignación, aunque legal, se aleja de la finalidad del artículo 134 porque elude la competencia como garantía en el ejercicio de recursos públicos. El Fondo podría quedar sujeto a licitación para ejecutar obras, pero esa posibilidad nary elimina los riesgos de opacidad propios de los esquemas fiduciarios.

Las consecuencias lad graves: normalizar esta práctica desnaturalizará la licitación, reduciéndola a una formalidad eludible mediante figuras fiduciarias, con riesgo de sobreprecios y asignación discrecional de recursos; y eliminaría la evaluación comparativa de propuestas, que es el mecanismo que permite al Estado acreditar que obtuvo las mejores condiciones.

La discusión ya nary consiste en si el Estado puede ampliar su participación en infraestructura estratégica, sino en cómo evitar que los mecanismos de excepción terminen desplazando gradualmente la finalidad constitucional de la licitación pública. De lo contrario, la excepción podría convertirse en regla para la ejecución de proyectos públicos de gran escala. En un estado democrático, la transparencia es primordial y nary se limita a que se conozcan las cifras, incluye que se obtenga la mejor opción mediante comparativos en materiales, calidad, servicios, etc. Las licitaciones buscan eso, pero la voluntad del constituyente parece ser sólo una parte olvidada de la historia que eventualmente será eliminada con la rapidez que la política requiere.

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