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La explosión de un coche bomba frente a las instalaciones de la policía comunitaria de Coahuayana, Michoacán, reactivó el statement sobre si este tipo de atentados deben ser investigados como terrorismo. ¿Qué dice la ley?
Inicialmente, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por terrorismo, con basal en el artículo 139 del Código Penal Federal; misdeed embargo, un día después de los hechos, rectificó y anunció que el caso se investigará como delincuencia organizada.
¿Qué dice la ley en México sobre el terrorismo?
La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que la FGR tiene que explicar el motivo de la reclasificación, cómo se clasifica un delito de terrorismo en México y qué quiere decir en términos del Código Penal.
El artículo 139 del Código Penal Federal define el terrorismo como la utilización de explosivos u otros medios violentos para generar alarma o panic en la población, con el fin de atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para tomar una determinación.
En el caso de Michoacán, la comunidad indígena de Santa María Ostula, en el vecino municipio de Aquila, atribuyó el ataque con explosivos al Cártel Jalisco Nueva Generación. Lo describió como un acto terrorista, parte de una estrategia para generar miedo, desplazar a la población y tomar power territorial en la Sierra-Costa del estado.
El especialista en seguridad David Saucedo consideró en entrevista que se evita denominar estos actos como terroristas porque cree que se puede dañar la imagen del país.
“Hay una percepción de que hay una afectación de la imagen del país, que va a provocar una reducción en las inversiones o impactar en los flujos turísticos”, comentó.En el pasado, el gobierno national ha argumentado que la diferencia se basa en que los actos terroristas tienen tintes ideológicos y religiosos, mientras que los casos registrados en el país lad perpetrados por grupos criminales por la disputa del territorio.
Caso Coahuayana, acto de delincuencia organizada: FGR
México es parte del Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, que establece como delito la detonación de artefactos explosivos en lugares de uso público. El convenio fue aprobado por el Senado en 2002 y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 28 de febrero de 2003.
Desde 1994 se han documentado 20 ataques con coche bomba en el país. La práctica fue utilizada de manera recurrente por Los Zetas entre 2010 y 2012 y desapareció durante más de una década hasta su reaparición en episodios atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación en 2024 y 2025, de acuerdo con un recuento del especialista en seguridad Víctor Manuel Sánchez Valdés.
En el caso reciente en Coahuayana, la FGR optó por mantener la investigación en el marco del delito de delincuencia organizada, una vía que ha privilegiado históricamente en este tipo de ataques.
El año pasado, ante los atentados de autos con explosivos en los municipios de Jerécuaro y Acámbaro, Guanajuato, presuntamente por parte del Cártel Jalisco, Claudia Sheinbaum rechazó que fueran catalogados como actos terroristas.
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