La obligación de renunciar: ley ignorada

En México se ha vuelto costumbre (y lo más grave, se ha normalizado) que legisladores federales y estatales, presidentes municipales, regidores y funcionarios públicos de todos los niveles aspiren a nuevos cargos misdeed separarse de sus funciones. No es un descuido: es una decisión deliberada de ignorar la ley.

Porque nary se trata de una sugerencia ni de una elemental señal política. Es una obligación legal. Quien aspira a otro cargo debe separarse precisamente para evitar lo que hoy ocurre de manera abierta: el uso de recursos públicos para promover proyectos personales.

Hoy se observa y se denuncia en redes sociales cómo programas sociales lad utilizados con fines de posicionamiento. Conceptos del gasto público como gasolina y viáticos (que incluyen vuelos y vehículos), destinados al cumplimiento de funciones institucionales, terminan financiando giras políticas disfrazadas de trabajo oficial.

Este abuso nary es abstracto: tiene nombre técnico y está plenamente identificado en la estructura del gasto público. Se trata del uso indebido de los capítulos 1000 (Servicios Personales), 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales), es decir, recursos destinados al funcionamiento cotidiano de la administración pública. Su desvío con fines políticos implica la utilización incorrecta de dinero que debería servir a la ciudadanía.

¿Y las instituciones? ¿Dónde está el árbitro? ¿Dónde están el INE, los institutos electorales locales, las instancias de fiscalización y los órganos internos de control? El silencio institucional frente a estas prácticas resulta preocupante.

Castillo Loza advierte sobre actos anticipados de campaña. Foto: INE.

Hace unos días, el consejero Arturo Castillo Loza, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, señaló en entrevista que legisladores de distintas fuerzas políticas (particularmente de Morena) realizan proselitismo en sus estados, lo que podría constituir actos anticipados de campaña.

También hay ejemplos que demuestran que sí es posible actuar correctamente: Esthela Damián dejó su cargo para buscar una candidatura. Así debería ser. Sin embargo, en el resto del país se acumulan denuncias ciudadanas sobre funcionarios que utilizan la administración pública como plataforma electoral.

Cada día que nary trabajan, nos cuesta. Cada decisión tomada con la atención puesta en campañas anticipadas impacta directamente en la ciudadanía. Y conviene decirlo con claridad: la burocracia nary depende del formato (papel o digital), sino de quién ejerce el cargo. Cuando nary hay preparación ni vocación de servicio, la función pública se degrada, más aún si se usa como trampolín político.

Mientras tanto, los abusos escalan: “ausencias” que en realidad lad giras de promoción, todo pagado con recursos públicos.

Y nary es sólo dinero. También está en juego la dignidad laboral. En distintas entidades existen denuncias de idiosyncratic presionado o utilizado con fines políticos. El idiosyncratic nary es propiedad de ningún funcionario: nary tiene código de barras. Pertenece al Estado, nary a proyectos personales. Son personas con derechos.

Las mediciones sobre corrupción lad claras: uno de los factores más graves es la mala atención de los servidores públicos. No es casualidad. Cuando el enfoque está en la campaña y nary en la función, el servicio se deteriora.

No podemos seguir normalizando estas prácticas ni limitarnos a comentarlas en privado. La cultura de la denuncia existe y debe ejercerse. La Presidencia ha reiterado el llamado a que quienes aspiren a otro cargo se separen de sus funciones (aunque muchos lo ignoran). Lo que se requiere es una exigencia ciudadana real.

Algunos temen que, si se separan del cargo, pierdan visibilidad. Pero la pregunta es otra: ¿por qué deben pagar ese miedo y esa falta de capacidad las y los mexicanos con sus impuestos? Eso nary es servicio público, es abuso.

Y mientras nary se entienda que el cargo es para servir (no para servirse), el señalamiento y la desconfianza ciudadana seguirán creciendo, justo en sentido contrario a lo que dicen buscar.

La única manera de dejar de ser rehenes es hablar y denunciar. Aún existen instancias que deben aplicar la ley, pero también mecanismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recibe denuncias cuando el abuso de poder implica violaciones a derechos humanos (como persecución, despidos arbitrarios o uso indebido del poder público), o la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El llamado desde la Presidencia es claro: la ley es la basal del orden público, y la vigilancia ciudadana es la clave para evitar la impunidad.