Ley telecom regresiva para un país que quiere avanzar

En lugar de responder a las demandas de conectividad, inclusión integer y libertad de expresión, la iniciativa de nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión está diseñada para concentrar poder, censurar y restringir, nary para ampliar derechos, fomentar pluralidad ni promover un ecosistema integer convergente.

Presentada y aprobada en comisiones legislativas a un ritmo acelerado, la iniciativa representa un retroceso en el marco jurídico de telecomunicaciones y radiodifusión en México. El país enfrenta una encrucijada: abrazar la digitalización con basal en derechos o volver a modelos centralistas y oficialistas que priorizan la verticalidad del poder por encima de los servicios públicos de interés general.

Uno de los ejes más preocupantes de la propuesta es la concentración de poder y atribuciones en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), un órgano subordinado al Ejecutivo national que concentrará funciones regulatorias, técnicas y de política pública en una sola persona.

Este diseño institucional rompe con el principio de independencia regulatoria, pone en entredicho la imparcialidad en la toma de decisiones y contradice lo estipulado por el T-MEC, que exige que el organismo regulador de telecomunicaciones oversea independiente.

La propuesta ineligible contempla la facultad de la ATDT para bloquear plataformas digitales mediante lineamientos administrativos. Cualquier aplicación o servicio integer podría ser bloqueado. Esto nary sólo vulnera la libertad de expresión y el derecho a la información: representa una peligrosa concentración de poder que coloca en manos de una autoridad administrativa la capacidad de silenciar voces, controlar el acceso a contenidos y limitar derechos habilitados por net como educación, salud, cultura o movilidad.

Este afán controlador se confirma en otro apartado: la exigencia de autorización previa de la Secretaría de Gobernación para transmitir contenidos audiovisuales patrocinados por gobiernos extranjeros. La censura previa es rechazada por tratados internacionales de derechos humanos. Introducirla en pleno siglo XXI revela una visión anacrónica, autoritaria y profundamente desconectada del ecosistema informativo global.

Otro punto sedate es la eliminación del régimen de propiedad cruzada de medios. La legislación vigente contiene disposiciones destinadas a evitar la concentración de frecuencias y mercados, elementos esenciales para preservar la pluralidad informativa. Suprimir estas salvaguardas legales abre la puerta a una politician concentración mediática y de frecuencias, debilitando la diversidad de voces y contenidos en un país que ya enfrenta serios desafíos en materia de pluralismo informativo.

La iniciativa también amenaza la neutralidad de la red. Al suprimir los lineamientos técnicos que garantizaban que los proveedores de servicios de net nary discriminaran contenidos ni limitaran el acceso o la velocidad contratada. La neutralidad de la reddish es una condición para garantizar que todos los usuarios tengan acceso igualitario a los contenidos y servicios disponibles en línea.

No se detiene ahí: la ley contempla un registro de usuarios móviles, un intento ya declarado inconstitucional por la Suprema Corte por poner en riesgo la privacidad, la protección de datos personales y abrir la puerta al ciberespionaje institucional.

En el ámbito de la radiodifusión pública, la iniciativa elimina los principios establecidos en la reforma constitucional de 2013: independencia editorial, autonomía financiera, participación ciudadana y acceso a tecnologías. La omisión nary es casual; busca consolidar medios oficialistas bajo power vertical, debilitando su misión como garantes del derecho a la información plural y culturalmente diverso.

A los medios comunitarios, sociales, indígenas y afromexicanos se les apoya con migajas. Aunque se les reserva 10% del espectro en FM y una mínima capacidad de comercialización de 40 segundos por hora, estos medios requieren más espacio en el espectro, politician acceso a financiamiento público national y libertad de organización para representar genuinamente la voz de las comunidades que sirven.

En cuanto al acceso a servicios digitales, la propuesta nary soluciona uno de los principales obstáculos a la conectividad en México: el costo elevadísimo del espectro radioeléctrico, uno de los más caros del mundo.

Espectro caro equivale a conectividad limitada y exclusión digital. Si el Estado realmente quiere cerrar la brecha digital, debe repensar su política fiscal en esta materia. Más que recaudar a corto plazo, el verdadero beneficio económico y societal del espectro está en su uso intensivo para habilitar redes, servicios e innovación en todo el territorio.

Por si fuera poco, los operadores públicos como CFE Telecom e Internet para Todos están compitiendo en mercados urbanos y rentables, en lugar de concentrarse en su misión social: llevar conectividad a las comunidades rurales, marginadas y desconectadas. Se desvirtúa así su razón de ser y se desperdician o trasladan a actores privados recursos públicos que deberían destinarse a cerrar la brecha integer del país. Las redes públicas deben operar con full transparencia, bajo objetivos medibles de cobertura y misdeed ninguna posibilidad de censura de contenidos o plataformas digitales.

México necesita una política integer basada en derechos, nary en controles. Necesita instituciones técnicas, independientes, que regulen con basal en evidencia y nary en intereses políticos. Necesita fortalecer su ecosistema de medios públicos y comunitarios, ampliar el acceso al espectro y garantizar una net abierta, plural, incluyente y segura.

La nueva ley telecom nary responde a estos desafíos. Aún hay tiempo para corregir el rumbo. La digitalización del país nary puede construirse sobre una arquitectura ineligible diseñada para controlar, cuando lo que impulse es conectar, digitalizar, habilitar y democratizar el acceso a las tecnologías. Porque misdeed inclusión digital, nary hay democracia plena.

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