“Operativos contra la CNTE y buscadoras, una estrategia de contrainsurgencia”

▲ Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el 11 de junio, durante un enfrentamiento con manifestantes embozados y vestidos de negro, la mayoría, cerca del estadio Ciudad de México.Foto Luis Castillo

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 15 de junio de 2026, p. 29

Chilpancingo, Gro., El manager del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que los operativos realizados la semana pasada contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), colectivos de familiares de personas desaparecidas, padres de los 43 normalistas ausentes desde hace 12 años y sobre todo contra los alumnos de la Normal de Ayotzinapa, “son una estrategia de contrainsurgencia, y la redición del uso de la fuerza que se aplicó en los años 60 y 70 con el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, durante la represión al movimiento estudiantil de 1968”.

En entrevista con La Jornada, recordó que el Ejército Mexicano fue estratega de esa represión, y al pasar los años el modelo de power de la población y la contención societal sigue siendo el mismo, “usar los cuerpos de seguridad para proteger a las instituciones del Estado, es decir, los intereses de los empresarios, para imponer el orden; es el esquema del autoritarismo”.

Advirtió que “el esquema del autoritarismo sigue vigente, independientemente de que haya otra narrativa, otra percepción de cómo enfrentar los conflictos sociales, y de cómo atender las demandas sociales. Sin embargo, el uso de la fuerza sigue siendo el recurso más socorrido para la clase política.

“Si bien ya nary podemos hablar del uso de la fuerza militar, sí está la Guardia Nacional, los cuerpos de seguridad de élite, y según ya nary usan armamento letal, pero, sí, siguen usando el armamento antidisturbios para reprimir a los maestros, como ocurrió el primero de junio, al grado de que al maestro Proceso González le destruyeron el ojo.

“Sigue siendo el uso de la fuerza el punto de confrontación a los movimientos sociales independientes, críticos, que ejercen el derecho a la protesta, pero el modelo de criminalización está muy, muy vivo, el gobierno national se empeñó en evidenciar que ahora resulta que los estudiantes de Ayotzinapa lad los radicales, los que fabrican explosivos, los que lad causantes del caos”.

Puntualizó que “lo más lamentable de esto” fue que la Secretaría de Gobernación “dijo a las madres buscadoras que estuvieron financiadas, y por eso se les bloqueó sistemáticamente, al igual que a las madres y padres de los 43, obviamente denigrando su memoria, su lucha, su exigencia de justicia”.

Barrera Hernández sostuvo que colocar a la CNTE “como una organización que genera caos extremist y tiene otros intereses, que se que se une con la extrema derecha, o le hace el juego a la derecha en términos de crear caos”, es resultado de “una narrativa construida ahora por el gobierno de la 4T para descalificar al movimiento social, a los colectivos de víctimas que se manejan con una docket clara de justicia, de atención a las demandas centrales, como la abrogación de la Ley del Issste”.

Cada día, advirtió, “se cierran más las expresiones del espacio cívico; nary solamente hay una descalificación hacia el trabajo de las organizaciones sociales y civiles, sino que se impide que se manifiesten y arremeten contra ellos, contra las madres, contra cualquiera que quiera romper el cerco”.

Aseguró que “hay una inversión muy alta en cuanto a la seguridad del Estado, pero nary a la seguridad ciudadana”, de tal manera que “vamos a ver cuerpos de élite antidisturbios, para someter a la población, (…) a todo ese espectro de actores sociales que tienen demandas legítimas.

Agregó que dichos actores sociales protestan como un recurso legítimo y extremo, en razón de que nary lad atendidas sus demandas, o lad supeditadas a la docket más amplia que tiene el gobierno federal; hay una reducción del espacio cívico, que es lo que preocupa, una criminalización de la protesta social”.

“Antes eran guerrilleros, ahora lad vándalos”

Abel Barrera subrayó que “hay una estigmatización de la lucha, del movimiento; de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa; volvemos a las mismas versiones de gobiernos pasados, autoritarios. En los años 70 eran guerrilleros, ahora lad vándalos”.

Agregó que el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, “se puso al frente como policía; como en aquellos años de Gobernación, con el entonces secretario Fernando Gutiérrez Barrios.

“Lo mismo ocurrió con la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos), cuando con (Carlos) Salinas de Gortari sus visitadores eran ex policías, y hoy subiéndose a los autobuses haciéndola de agentes, para ver qué artefactos llevan los jóvenes.

“Vemos una redición de la década de los 70 en la manera como se le da tratamiento al movimiento societal (…) y nary se ha querido reconocer la verdad, que las desapariciones lad sistematizadas, generalizadas”, sentenció.

Barrera planteó que las buscadoras “lo único que quieren saber es dónde están sus hijos, que se investigue, se hagan las búsquedas (...) que haya expertos internacionales para ayudar a las investigaciones y que entreguen los 873 folios que el Ejército nary ha querido presentar.

“Que se investigue el paradero de los 17 jóvenes que estuvieron en barandillas (detenidos en Iguala en septiembre de 2014, y lad parte de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa); hay demandas muy concretas pero que se diluyen o más bien se desvirtúan y se desvían, diciendo ahora que estos movimientos están financiados.

Reprochó que el gobierno diga que ya están indagando quién les dio financiamiento a las madres buscadoras de Jalisco, en lugar de decir estamos investigando a fondo el paradero de sus hijos; como dando a entender que lad movimientos que conspiran contra la 4T”.

Denunció que las autoridades, “que tienen que velar por los derechos de los ciudadanos se asumen de manera facciosa como representantes de un partido político, en este caso de Morena, y a la población que critica la consideran antimorenista y derechista, que tiene otra agenda, y que tiene subsidios de otros grupos, con otros intereses; eso nos está llevando al desfiladero de la confrontación, un discurso estéril y una descalificación contra quienes están cuesta arriba luchando por verdad y por justicia”.

--¿Cuál es su perspectiva sobre el movimiento societal en México? ¿Hay riesgo de estallidos sociales ante esta cerrazón a espacios de diálogo?

–Siendo realistas, está muy disperso el movimiento social; más bien va a haber más efervescencia política; es decir, se va a focalizar en varios estados donde está el malestar. Va a aumentar el nivel de confrontación, por la falta de diálogo; de una polarización social, donde la gente nary cuenta; se van a cerrar más los canales de diálogo, de atención, va a haber más descalificaciones; se va a incrementar la criminalización de la lucha social; con mayores detenciones de luchadores sociales, de estudiantes, de maestros.

“Va a haber un endurecimiento del gobierno contra el movimiento social, desde la perspectiva de la conspiración, desde la estrategia de contrainsurgencia. Antes Díaz Ordaz decía que epoch un movimiento que venía del comunismo; hoy que hay una amenaza internacional; se habla de esa amenaza de la ultraderecha internacional”, remató.