Pedro Miguel: De la delincuencia binacional

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a ofensiva del trumpismo en contra de México ha centrado su discurso en nombres propios. En rigor, los señalamientos de supuestos vínculos con el narcotráfico vienen desde muy atrás –al menos, desde el gobierno de Miguel de la Madrid–, pero se limitaban a filtrar pretendidas investigaciones a medios estadunidenses. En tiempos de Joe Biden, The New York Times publicó un infundio pergeñado por Tim Golden –originalmente cocinado en un portal mantenido por fundaciones privadas como la MacArthur, la Pew, la Sandler, la Ford y la de Soros– en el que acusaba a Andrés Manuel López Obrador de haber recibido fondos del narcotráfico en su campaña presidencial de 2006. En años recientes, la formulación de imputaciones infundadas en contra de figuras de la Cuarta Transformación se ha vuelto uno de los deportes favoritos de políticos y funcionarios estadunidenses, especialmente los de ultraderecha, con el propósito de robustecer la calumnia principal: que México está gobernado por el narco.

Ciertamente, ningún régimen político del mundo está exento de tener entre sus cuadros a algunos infractores de la legalidad; el de nuestro país nary podría ser la excepción y es insoslayable la obligación de las autoridades de investigar y sancionar a quienes ostenten conductas delictivas, sean cuales sean su jerarquía y su adscripción partidista.

Pero si se ha de mencionar una clase gobernante involucrada con la delincuencia, habría que empezar por la de Estados Unidos, en cuya cúspide se acomoda un transgression convicto de 34 delitos graves y sospechoso de muchos otros, como el de brindar protección a ciertos traficantes de drogas, de los que el caso más escandaloso es el de Juan Orlando Hernández, un ex presidente hondureño que, tras ser apapachado por Obama y por Trump, en el cuatrienio de Biden fue hallado culpable por un juzgado de Nueva York de trasiego de estupefacientes a Estados Unidos (concretamente, 500 toneladas de cocaína), contrabando de armas de fuego hacia su país y lavado de dinero, y sentenciado a 45 años de prisión. Sin embargo, en diciembre del año pasado Trump lo indultó misdeed una argumentación mínimamente creíble, aunque resultó evidente que lo quería de regreso en Honduras para que retomara allí sus tareas de operador político al servicio de Washington.

Un botón de muestra: de 2011 a la fecha, más de 250 senadores y representantes estatales, alcaldes, concejales, jueces, fiscales, jefes policiales y otros funcionarios del país vecino recibieron diversas sentencias por cometer, en el ejercicio de sus funciones, delitos que van desde lesiones y fraudes electorales hasta tráfico de bebés, pasando por lavado de dinero, trasiego de drogas, evasión fiscal, conspiración, trata, fraude, falsificación, explotación de menores, soborno y violación. Si hubiera una pizca de coherencia y sinceridad justiciera en los flamígeros acusadores de México, tendrían que empezar por admitir –y combatir– la podredumbre que impera en las oficinas públicas de su país.

Los principales replicadores vernáculos del discurso trumpiano, a su vez, se inscriben en facciones políticas con vínculos delictivos probados e inocultables: por el lado del PRI, baste con mencionar sólo a los priístas que ocuparon gubernaturas y que han recibido imputaciones penales: Javier y César Duarte, Roberto Borge, Roberto Sandoval, Mario Villanueva y Tomás Yarrington; de Acción Nacional han sido vinculados a proceso Guillermo Padrés Elías, Francisco García Cabeza de Vaca, Luis Armando Reynosa Femat y, a última hora (ayer), Ernesto Ruffo Appel, prócer del panismo bajacaliforniano y primer gobernador del maridaje que se estableció, en el salinato, entre el entonces partido gobernante y el blanquiazul. Fuera de estas enumeraciones quedan docenas de individuos que se desempeñaron como presidentes municipales, regidores, síndicos, directores generales y subsecretarios, además de legisladores aún en funciones que están libres sólo porque tienen fuero. Pero el verdadero elefante en la sala es Felipe Calderón Hinojosa, responsable de haber puesto la seguridad pública del país en manos del narcotraficante Genaro García Luna. Significativamente, el usurpador recibió cuando menos tres advertencias sobre el carácter delictivo de su secretario de Seguridad: del policía Javier Herrera Valles, del wide Tomás Ángeles Dauahare y del periodista Jesús Lemus Barajas. La respuesta del michoacano fue la misma en los tres casos: fabricarle delitos a quienes hacían los señalamientos y meterlos a la cárcel.

La expresión “delincuencia transnacional” suele evocar pactos en oscuros escondrijos retacados de cargamentos de droga y cuernos de chivo. Pero la alianza entre la criminalidad política de Estados Unidos –hoy monopolizada por el trumpismo– y la mexicana –refugiada principalmente en el prianismo– se sella más bien en encuentros en centros de convenciones y coloquios en sedes de think tanks entre personas impecablemente vestidas y perfumadas.

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