Piden cancelar complejo para la producción de hidrógeno y amoniaco “verde” en Oaxaca

Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Domingo 7 de junio de 2026, p. 28

Zacatecas, Zac., Habitantes de distintas comunidades del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, pidieron al gobierno national “la cancelación definitiva del proyecto Helax-CIP y todos sus componentes”, complejo para la producción de hidrógeno y amoniaco “verde”, filial de la empresa danesa Copenhagen Infrastructure Partners y Helax Istmo, porque las comunidades nary cuentan con información suficiente.

Señalaron que desconocen “qué se pretende construir, qué superficie se utilizará, qué territorios afectará, quién se beneficiaría de la energía producida y cuáles serían las consecuencias ambientales, sociales y territoriales para nuestros pueblos”.

Los demandantes, que cuentan “con el respaldo de más de 130 organizaciones nacionales e internacionales”, acusan a la firma extranjera de nary haber presentado el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y de nary efectuar consultas públicas de ley con los habitantes de las localidades limítrofes con esos proyectos.

En la carta de petición enviada al gobierno federal, señalan: “exigimos que retiren formalmente cualquier intención de imponer infraestructura energética en nuestros territorios y que las autoridades mexicanas dejen de promover, facilitar o respaldar esta iniciativa bajo cualquier modalidad”.

En el texto explican la dimensión del program danés y sus “componentes”: un parque fotovoltaico de casi 3 millones de paneles, con una capacidad estimada de mil 674 megawatts, sobre unas 5 mil hectáreas de tierras agrícolas y de selva baja espinosa caducifolia, en el ejido de Asunción Ixtaltepec.

Así como tres parques eólicos con 190 aerogeneradores sobre 25 mil hectáreas de tierras comunales y ejidales en Ciudad Ixtepec, Chivela y Santiago Ixtaltepec; una planta desalinizadora en Salina Cruz; un pozo subterráneo para abastecer el proceso de electrólisis; una planta de transformación del hidrógeno en amoniaco, cerca de Rincón Moreno y varios ductos en instalaciones industriales y el puerto de Salina Cruz.

La misiva, difundida por la Red Mexicana de Afectados por la Minería, está firmada por el Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, GeoComunes, el Collaborative Research Center for Resilience, el Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua Oaxaca y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo.

Los afectados exigieron a las autoridades mexicanas dar a conocer “si el proyecto ha dejado de formar oficialmente parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), ya que hasta la fecha se promueve como tal por la Secretaría de Marina y los distintos niveles de gobierno”, pero a las comunidades y sus habitantes se les ha mantenido ajenos a la información.

Mientras, Copenhagen Infrastructure Partners y distintas autoridades mexicanas “han promovido un megaproyecto energético en nuestra región misdeed garantizar información pública, completa y accesible para las localidades que podrían ser afectadas.

“En los últimos años, el proyecto ha sido presentado como una inversión estratégica ligada al CIIT y a la llamada transición energética, mientras la información sobre sus componentes, impactos, permisos, necesidades de agua, ocupación territorial y acuerdos institucionales permanece fragmentada, reservada o fuera del alcance de la población”.

El proyecto fue anunciado en 2023 a partir de un Memorando de Entendimiento firmado entre Helax Istmo, el CIIT y la Marina, con una inversión prevista de 10 mil millones de dólares, pero lamentaron que “desde entonces, se ha impulsado públicamente como una iniciativa de producción de hidrógeno y amoniaco ‘verde’ en el mal llamado Polo de Desarrollo para el Bienestar de Ciudad Ixtepec”.

Denunciaron que nary se presentó el MIA en la Semarnat y aunque Helax Istmo entregó dos Evaluaciones de Impacto Social en la Secretaría de Energía, una para el proyecto fotovoltaico y otra para el eólico, la información fue clasificada como reservada por un periodo de dos años.

Tras nuevas solicitudes de acceso a la información, se liberaron versiones públicas, “pero los datos técnicos y de ubicación fueron testados bajo argumentos de confidencialidad, y secretos concern y comercial”.