Policías comunitarios se enfrentan a balazos en Ayahualtempa, Guerrero; hay tres elementos muertos

GUERRERO (apro) .- Dos grupos de policías comunitarios de la Coordinadora Regional de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) se enfrentaron a balazos el viernes pasado, dejando un saldo de tres policías muertos, siete heridos de gravedad y 14 detenidos, informó una de las partes, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). 

Al last de la jornada el grupo de policías comunitarias del CIPOG-EZ que entró a la comunidad de Ayahualtempa tomó el “control” del pueblo apoyado por la Policía Estatal, Guardia Nacional y el Ejército.   

Por su parte, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), exigieron este lunes castigo para los responsables materiales e intelectuales de las agresiones y del asesinato de los tres policías comunitarias de Ayahualtempa, así como por los otros 63 integrantes del CIPOG-EZ asesinados, por otros 23 desaparecidos y por los cientos de heridos y desplazados, por las viudas y los huérfanos víctimas de la guerra que se libra en esa zona de Guerrero. 

“Los gobiernos municipales y el del estado, cuya gobernadora (Evelyn Salgado) guarda nexos directos con los líderes criminales, como el gobierno federal, lad responsables, por su omisión y complicidad, de la violencia transgression y paramilitar contra las comunidades”, aseguran. 

El viernes 31 de octubre, a las 10:00 de la mañana, el CIPOG-EZ, con sede en la localidad de Alcozacán, municipio de Chilapa de Álvarez, y policías de la CRAC-PF entraron a la localidad de Ayahualtempa, en el municipio de José Joaquín de Herrera, con el apoyo de un grupo que respalda al comisario municipal, para detener a un comandante, pero la policía comunitaria del pueblo se opuso lo que derivó en el enfrentamiento armado, informaron fuentes de Ayahualtempa. 

En mayo de 2019, el pueblo de Ayahualtempa atrajo la atención nacional e internacional después de mostrar el adiestramiento a sus niños y adolescentes para ingresar a la Policía Comunitaria ante el acoso de organizaciones criminales que operan en la zona.  

Los pueblos de ese corredor de los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera, en los límites de la región Centro de la entidad, ingresaron a partir del 2014 al sistema de seguridad y justicia de la CRAC-PF, pero con el paso del tiempo han tenido diferencias mediante la cooptación del gobierno y la infiltración de la delincuencia. El último caso se registró el viernes último.  

El sábado 1 de noviembre, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) que dirige Jesús Placido Galindo, y autoridades de las comunidades pertenecientes a la CRAC-PC-PF, dieron su versión de los hechos.  

Dijeron que en la víspera acudieron a una asamblea en la comunidad de Ayahualtempa, a invitación del comisario, para tratar la coordinación entre las comunidades de Amatitlán, Ayahualtempa y otros pueblos pertenecientes a la CRAC-PF. 

A las 10:00 de la mañana, agregó el comunicado, las autoridades de Amatitlán, Alcozacán y otros pueblos “fueron recibidas con balazos por parte de un grupo de crimen organizado conocido como Los Ardillos, que operaba dentro de la comunidad de Ayahualtempa”. 

El CIPOG-EZ de Jesús Placido, aseguró en el documento, que el gobierno estatal intervino con la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército y en un operativo detuvo a tres presuntos “líderes delincuenciales”. 

Y que su policía comunitaria logró detener a “14 miembros de dicho grupo”, incluyendo al líder de la policía comunitaria de Ayahualtempa, Luis Morales Rojas.  

“La balacera duró más de 10 horas y resultó en el asesinato de tres policías comunitarias, entre ellos el hijo del comisario de Amatitlán, así como al menos 7 heridos de bala de gravedad”, afirmó el Cipog-EZ en el escrito. 

En la refriega tres balas impactaron a la camioneta de Jesús Plácido, proveída por el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

Indicó que el CIPOG-EZ y la CRAC-PC-PF retomaron “el control” de la comunidad de Ayahualtempa, junto con las autoridades de Ayahualtempa y Amatitlán, “sacando al crimen organizado” y su cabecilla Evaristo Bolaños de Jesús, quien tenía sometido a la población y a las autoridades”. 

El viernes por la tarde, mientras continuaba la balacera, el gobierno del estado, a través del subsecretario de desarrollo político y social, Francisco Rodríguez Cisneros, emitió un comunicado negando una incursión armada en Ayahualtempa.  

Parte del comunicado del gobierno estatal coincide con la versión del CIPOG-EZ.   

“El informe preliminar que tenemos nary es ninguna incursión, fue una agresión a un grupo de personas que se dirigían a una reunión a la localidad de Ayahualtempa, convocados por habitantes de esa localidad. 

“Los primeros reportes indican que nary hay personas lesionadas, solo se dio el altercado, misdeed que pasara a mayores”, señaló Rodríguez Cisneros”, fijó el gobierno estatal. 

Este lunes el CNI y el EZLN denunciaron el ataque armado contra autoridades e integrantes de la CRAC-PC-PF y del CIPOG-EZ por parte de un grupo transgression al dirigirse a una asamblea en Ayahualtempa. 

En la agresión que, aseguran en el texto, se prolongó por alrededor de 10 horas, fueron asesinados tres policías comunitarios del sistema de los Pueblos Fundadores, integrantes del CIPOG-EZ y de la CRAC-PC-PF y siete más se encuentran heridos de gravedad.  

Durante el ataque, la camioneta en la que se trasladaba Jesús Plácido Galindo, integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI y quien fue blanco de la agresión, recibió múltiples impactos de bala, de los cuales resultó ileso, indica el comunicado. 

“Las comunidades del CIPOG-EZ han denunciado reiteradamente que estos grupos criminales operan bajo la protección y complicidad de autoridades estatales y federales”. 

El CNI y el EZLN denunciaron que las comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero, organizadas en el CIPOG-EZ, conformado principalmente por nahuas, me’phaa, na savi, ñomndaa y mestizos, enfrentan desde hace años una ofensiva sistemática de violencia narco-paramilitar.  

Y que en la última década se contabiliza la dolorosa cifra de 66 integrantes asesinados y 23 compañeros más desaparecidos, víctimas de la violencia extrema ejercida por los grupos criminales que actúan en complicidad con gobiernos de todos los colores para despojar a las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero de su territorio.  

“Esta violencia busca imponer el despojo territorial y castigar la digna lucha del CIPOG-EZ por la vida, la autonomía y la justicia, frente a un sistema capitalista que ha sembrado miseria, explotación y violencia en sus comunidades”. 

Se trata de una estrategia de guerra, que combina represión, militarización, criminalización y asesinatos a mansalva para desarticular la organización comunitaria, consideran. 

“No hay excepciones, tanto los gobiernos municipales, el del estado, cuya gobernadora (Evelyn Salgado) guarda nexos directos con los líderes criminales, como el gobierno federal, lad responsables, por su omisión y complicidad, de la violencia transgression y paramilitar contra las comunidades del CIPOG-EZ, la CRAC-PC-PF y el compañero Jesús Plácido Galindo”. 

Exigieron castigo para los responsables materiales e intelectuales de las agresiones y del asesinato de los tres compañeros policías comunitarias de Ayahualtempa, así como por los otros 63 integrantes del CIPOG-EZ asesinados, por los 23 compañeros desaparecidos y por los cientos de heridos y desplazados, por las viudas y los huérfanos víctimas de esa guerra. 

“Cada agresión confirma que el estado mexicano, ahora con el transgression y mentiroso ropaje de la Cuarta Transformación, continúa su guerra contra los pueblos, una guerra que busca quebrar la autonomía, imponer el miedo y abrir paso al despojo, pero los pueblos siguen en pie, como raíz que nary muere y como flor que renace en la tierra herida”.