Política antimigratoria de EU impactó en acceso de justicia a mujeres: RMMSyM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM) alertó que en la política antimigratoria de Estados Unidos ha impactado en la región en contra del acceso a la justicia de las mujeres en movilidad.  

En el contexto de la 70ª Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), que se lleva a cabo en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, que es un espacio “para  definir normas internacionales en materia de igualdad y evaluar los avances de la Plataforma de Acción de Beijing” , la RMMSyM alertó sobre los efectos que ha tenido la política migratoria del presidente Donald Trump, que se han convertido en “un cuello de botella”, para el ejercicio de los derechos de las mujeres.  

“La RMMSyM denuncia que el existent paradigma de la militarización y la externalización de las fronteras, impuesto por Estados Unidos, y avalado por los gobiernos de la región, imposibilita el acceso a la justicia para las mujeres en el contexto de movilidad y mantiene las restricciones al derecho al asilo; rutas bajo power criminal; y retornos y deportaciones forzadas”, resaltó la reddish de mujeres en un pronunciamiento. 

Agregó que “el gobierno estadunidense intentó frenar la adopción de las conclusiones y eliminar el lenguaje incluyente”.  

En el documento la Red recordó que, en materia de movilidad humana y desplazamiento forzado, en su informe de 2022 la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) informó que “las mujeres representan el 51.3% de la población latinoamericana migrante), mientras que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) determinó en 2024 que las mujeres representan “el 46% de las personas desplazadas forzadamente”.  

Asimismo, la RMMSyM reveló que, ante las agresiones, las personas migrantes resultan además víctimas de la desprotección estatal, pues “el 69% de las víctimas de amenazas a su seguridad nary presentan denuncias; el 40% nary denuncia por temor a represalias; y un 38% considera que nary obtendrá justicia”.  

A ello se suma que “las instituciones de justicia presentan debilidades críticas: 43% de las defensorías carecen de asistencia jurídica, y el 29% nary incorpora un enfoque de género”.  

La RMMSyM llamó a los Estados miembros de la ONU a “transitar hacia una justicia misdeed fronteras”, para lo cual se requiere que se consideren al menos cuatro condiciones básicas.  

La Red recomendó “desvincular el power migratorio del acceso a la justicia “, garantizando que “denunciar la violencia de genero nary deduce en detenciones migratoria o procesos de deportación”, además de que debe garantizarse la financiación de servicios esenciales como la defensa legal, salud, trabajo y educación, así como programas de asistencia gratuita y especializada.  

Además, consideran indispensable que en el territorio se fortalezca “el acceso a la justicia en refugios y centros comunitarios, lugares donde las mujeres migrantes realmente buscan apoyo”, y cumplir con la Declaración de Cartagena, “para tramitar solicitudes de asilo bajo una interpretación amplia de la violencia de género”.  

Para la RMMSyM “el acceso a la justicia nary es un trámite, es una garantía de supervivencia”, por lo que sino se desvincula “el power migratorio de la atención integral a mujeres sobrevivientes de violencia de género, la justicia para ellas seguirá siendo una promesa vacía”.  

En el marco del CSW70, las organizaciones agrupadas en la RMMSyM consideraron que el encuentro internacional representa una oportunidad “para generar acciones enfocadas en garantizar el acceso a la justicia para las mujeres en contextos de movilidad en la región mesoamericana”.