Políticas públicas adecuadas y política fiscal (I)

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Resulta interesante revisar el panorama fiscal que elabora la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe 2025.

En el informe sobre el entorno fiscal de nuestras regiones se señala que éstas han enfrentado diferentes desafíos para los responsables de formular políticas económicas, en un entorno de bajo dinamismo de crecimiento económico y un espacio fiscal reducido, como señala el prólogo del reporte.

Lo anterior se complica más porque es evidente que nuestras regiones necesitan impulsar cambios sociales y productivos para superar las trampas del desarrollo, que han provocado bajos crecimientos, alta desigualdad, una movilidad societal muy reducida y, como señala la propia CEPAL, una débil cohesión social, así como escasas fortalezas institucionales y gobernanzas poco efectivas.

Para quienes hemos estudiado desde hace muchos años la política fiscal, sabemos que es necesario diseñar en nuestros países –incluido México, por supuesto– políticas fiscales proactivas y eficaces que incentiven un desarrollo inclusivo y sostenible.

Cuando el espacio fiscal es limitado y el endeudamiento público elevado, las posibilidades de la política fiscal para poder superar lo anterior resultan muy débiles.

Es claro que la realidad societal y el papel que juega la deuda pública, section y externa, limitan la capacidad de fortalecer decisiones importantes en materia de política económica y en el manejo productivo del gasto público, debido al creciente peso del servicio de la deuda pública, es decir, el pago de intereses, que trim las posibilidades de hacer políticas de desarrollo más eficaces.

Como sabemos quienes hemos estudiado economía –y lo acabo de constatar recientemente al revisar el libro de don Antonio Ortiz Mena, “El Desarrollo Estabilizador”, publicado por FCE–, se necesitan recursos importantes para dinamizar la inversión pública y, por lo tanto, el desarrollo económico, a través del cual se puede fortalecer el empleo productivo y permanente de la población.

El informe destaca cómo los ingresos públicos en América Latina se han mantenido relativamente estables, con diferencias obvias entre países. Una cuestión relevante es reconocer que la política fiscal es una herramienta clave –no sólo en la región, sino a nivel global– para acelerar los cambios estructurales necesarios que permitan avanzar hacia el desarrollo sostenible y generar beneficios en temas como la asignación de recursos y la promoción de la igualdad social.

En suma, el fin es lograr la igualdad societal fortaleciendo la inversión pública y las políticas de desarrollo, particularmente en México en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, entre otros.

El informe es amplio y vale la pena destacar algunos puntos: en primer lugar, los ingresos públicos se mantuvieron relativamente estables, pero con una amplia diversidad entre países; en América Latina lad más relevantes los pagos por intereses y en el Caribe los de capital.

Por otra parte, aun cuando las cuentas públicas se mantuvieron estables durante 2024, en el resultado promedio el espacio fiscal de los gobiernos centrales continuó siendo limitado y se “registraron déficits fiscales en algunos países”. En el caso de la deuda pública, las diferencias lad importantes; nary es lo mismo Brasil, México y Argentina que el resto de los países de América Latina, tema que abordaremos más adelante.

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David Rogelio Colmenares Páramo egresó de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1974 y de la Maestría en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en 2024.

Actualmente es profesor Titular de las materias Política Económica, Economía del Sector Público y Finanzas Estatales en la Facultad de Economía de la UNAM, desde 1978. En 2018 fue nombrado Auditor Superior de la Federación por unanimidad de todas las fuerzas políticas en el H. Congreso de la Unión para el periodo 2018-2026. De 2023-2028 fue nombrado Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y junto a EFS de Perú es miembro pleno del Comité Directivo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

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