Por corrupción e improvisación naufraga estrategia de AMLO para pueblos originarios

HERMOSILLO, Son.– El Plan de Justicia Yaqui fue presentado como un acto de reivindicación del gobierno mexicano para esta tribu en Sonora por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2021, con el objetivo de darle tierra, agua y certeza jurídica.

Pero al paso del tiempo han aparecido síntomas de corrupción en su ejecución, como lo revela la Auditoría 93 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las obras de la ampliación del Distrito de Riego 18.

La ASF analizó un universo de egresos en la cuenta pública de 2024 que asciende a cuatro mil 242 millones 718 mil 800 pesos; la muestra alcanzó 94.6% del full erogado y revela una serie de observaciones en contratos vinculadas a retrasos en obras y montos económicos nary amparados por la calidad de los trabajos físicos.

Con la auditoría se detectó un boquete contable que representa 230 millones 253 mil 400 pesos entre lo reportado en la Cuenta Pública 2024 y los controles internos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por lo que incluso pidió al Órgano Interno de Control de dicha instancia realizar una investigación y sancionar en caso de encontrar responsabilidades.

Lo alarmante nary es la discrepancia, sino que el alcance de la revisión para este monto fue de 0.0%; en términos simples: la ASF fue incapaz de rastrear ese dinero porque nary hay registros en los controles internos que permitan auditarlo. 

Así, más de 230 millones de pesos se volvieron "invisibles", en términos administrativos. 

El objetivo de la ASF fue verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, “a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables”.

A lo largo de la auditoría se expone la ineficiencia burocrática por parte de la Conagua como un freno para el Plan de Justicia Yaqui al permitir un "atraso en la entrega del anticipo".

Esta falla administrativa obligó a diferir los calendarios de ejecución de manera drástica en el distrito de riego.

Los dos contratos más problemáticos corresponden a la empresa Biocinergia, SA de CV, que tuvo un retraso de 29 días. 

El otro está a cargo de Grupo Impulsor Pajeme, SA de CV, con un retraso de 122 días.

Proceso revisó el contrato 2023-B05-B27-CD-26-RF-LP-A-OR-0018, adjudicado a Estudios y Diseños Constructivos, SA de CV, el cual parece más un borrador que un documento definitivo.

Fragmento del texto publicado en la edición 0035 de la revista Proceso, correspondiente a mayo de 2026, cuyo ejemplar integer puede adquirirse en este enlace.

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