Por desvío millonario, sancionan con 65 mdd a exmandos de la Policía Federal ligados a Osorio Chong

HIDALGO (apro) .- Dos exfuncionarios de la extinta Policía Federal y parte del círculo político y operativo del exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong fueron inhabilitados hasta por 20 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por el presunto desvío de 65 millones de dólares estadunidenses. 

El dinero estaba destinado a cubrir un contrato que la corporación firmó en diciembre de 2015 con la empresa Rafael Advanced Defense System LTD, por un programa de espionaje.  

Al informar sobre las inhabilitaciones, la Secretaría Anticorrupción del gobierno national dio a conocer que los hechos también fueron denunciados penalmente y, actualmente, se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR). 

Por el procedimiento iniciado en la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría Anticorrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso una sanción de 20 años de impedimento para desempeñar cargos, empleos o comisiones dentro del gobierno a Frida Martínez Zamora, exsecretaria wide de la Policía Federal, y de 15 años para Damián Canales Mena, extitular de la División de Inteligencia de la misma corporación. 

Las carreras en la administración pública de Martínez Zamora y Canales Mena están ligadas a los cargos que ejerció Miguel Osorio Chong, su jefe político, desde el gobierno de Hidalgo y hasta la Federación. A los dos, también se les impusieron sanciones económicas que ascienden al agravio patrimonial que, con basal en la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, causaron al erario: 65 millones de dólares estadunidenses. 

Según los registros oficiales, el contrato ascendió a 133 millones de dólares, pero las “faltas administrativas graves” cometidas por los exfuncionarios implicarían el desvió del pago de más de 65 millones de dólares que estaba destinado a cumplir con las obligaciones del pedido. 

Frida Martínez fue una de las operadoras principales del exsecretario de Gobernación. El 24 de junio de 2002, con Osorio como secretario de Gobierno de Hidalgo, el entonces gobernador Manuel Ángel Núñez Soto le asignó a esta abogada la patente de notaria adscrita de la Notaría 13 de Pachuca, en un estado donde las notarías han sido una concesión para los operadores de los mandatarios y los clanes políticos. 

Ya como gobernador, Osorio Chong la designó directora de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor, y con Miguel Ángel en el gobierno national fue, primero, titular de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN, hoy CNI, Centro Nacional de Inteligencia) y después en la Policía Federal. 

La exfuncionaria fue acusada de ser el supuesto cerebro del uso indebido de recursos mediante compras irregulares de aeronaves, patrullas, tecnología y bundle de espionaje, parte de la investigación que sigue la FGR. 

Damián Canales Mena, por su parte, fue la mano operativa de Osorio Chong en seguridad. Al llegar a la secretaría de Gobernación, el político hidalguense lo colocó como jefe de Inteligencia de la Policía Federal. 

Canales fue su secretario de Seguridad Pública durante su mandato en Hidalgo (2005-2011), un periodo en el que el cártel de Los Zetas controló el tráfico de droga, el secuestro y la extorsión en el estado, con señalamientos de presunta protección local, con basal en investigaciones que se dirimieron en la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), nombrada FEMDO tras la transición de la Procuraduría General de la República (PGR) a Fiscalía. 

Contra él y Martínez Zamora se sigue la indagatoria en la FGR por posible compra a sobreprecio de un programa de espionaje adquirido el 23 de diciembre de 2015 a la empresa Advance Defense Systems Ltd, con sede en Tel Aviv. 

Canales sustituyó a Marcos Manuel Souverbille González, acribillado el 17 de septiembre de 2007 en un paraje de Ocotillo, Huasca, crimen impune en el que, con basal también en los expedientes de la SEIDO sobre narcotráfico, participaron elementos de la dependencia que dirigía.