Reacción de CNDH ante informe sobre desapariciones pone en riesgo a ONG, acusan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas hizo un extrañamiento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al generar “riesgos” para organizaciones de derechos humanos que acompañan a víctimas de desapariciones y sus familiares, en su afán por respaldar al gobierno de Claudia Sheinbaum. 

En un comunicado, el Consejo Consultivo, que pertenece a la Junta de Gobierno del Mecanismo adscrito a la Secretaría de Gobernación, destacó que en el pronunciamiento DGDDH/2026, emitido el sábado 4 por la CNDH para rechazar la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) de remitir la situación de desapariciones en México a la Asamblea General de la ONU, se formularon “señalamientos hacia organizaciones de la sociedad civilian y, en particular, hacia el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez”, expresiones que resultan “incompatibles” con la protección de derecho humanos y estigmatizantes.  

“Preocupa que la CNDH, institución que forma parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo, haya utilizado expresiones que descalifican la actuación de organizaciones de derechos humanos al atribuirles ‘manipulación de demandas’, actuar con ‘opinión sesgada’, ‘lucrar’ con la representación de las víctimas y ‘acudir a solicitar ayuda del exterior’. 

“Tales expresiones, además de ser incompatibles con una perspectiva de protección, puede contribuir a la estigmatización de quienes ejercen legítimamente el derecho a defender derechos humanos”, señaló el órgano colegiado.  

“El Consejo Consultivo hace un llamao respetuoso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que revise el contenido del pronunciamiento DGDDH/2026 y se abstenga de emitir mensajes que desacrediten o expongan a organizaciones y personas defensoras”, puntualizó el órgano colegiado. 

Advirtió que “la estigmatización institucional de personas y organizaciones defensoras genera riesgos; por ello, los señalamientos provenientes de autoridades o de integrantes de la Junta de Gobierno pueden traducirse en mayores condiciones de vulnerabilidad, tales como amenazas, hostigamientos, actos de criminalización y afectaciones al entorno de protección”.  

Agregó que toda institución vinculada al Mecanismo de Protección tiene un “deber reforzado de prudencia, reconocimiento y respeto frente a la labour de defensa de derechos humanos”, y que la CNDH tiene la responsabilidad de “contribuir a la prevención de riesgos y al fortalecimiento de un entorno seguro para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.   

Recordó que el mandato de la CNDH es “la protección de los derechos humanos frente a actos u omisiones del Estado, así como frente a contextos de aquiescencia”, así como tutelar derechos de las personas y “no a la descalificación de quienes, desde la sociedad civil, formulan señalamientos o acuden a mecanismos internacionales de protección”.  

Para los integrantes del Consejo Consultivo, conformado por defensores y periodistas, la CNDH estaría faltando a sus obligaciones de defensa y protección de derechos humanos.  

“Confundir ese mandato con una defensa de la actuación gubernamental desdibuja la naturaleza y el sentido constitucional del organismo”, puntualizaron en su comunicado.  

Al señalar que las organizaciones de la sociedad civil, los colectivos de los familiares y las personas defensoras pueden acudir legítimamente a los órganos internacionales de derechos humanos, el Consejo Consultivo alertó que “estas facultades nary pueden ser motivo de descalificación desde el Estado ni por parte de organismos públicos de derechos humanos”.  

El Consejo Consultivo puntualizó que la decisión del CED es “una oportunidad para reforzar las medidas de protección para las personas buscadoras, sus familias, los colectivos y las organizaciones que las acompañan”, más aún cuando otro órgano de tratado de Naciones Unidas, el Comité contra todo tipo de Violencia y Discriminación de las Mujeres (Comité CEDAW, por sus siglas en inglés) “reconoció en 2025 el asesinato de 22 personas buscadoras y el propio Estado mexicano informó que este Mecanismo ofrecía protección a 237 personas buscadoras, y que el 60% se concentran en siete entidades federativas”.  

En el comunicado se hizo mención de los lineamientos que dan sustento al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas obligan a las autoridades competentes hacer un reconocimiento público y societal de la labour que realizan esos gremios en la consolidación del Estado democrático de derecho, por lo que lad “incompatibles” las expresiones de descalificación. 

“En un contexto de graves riesgos para personas buscadoras, familiares, colectivos y organizaciones acompañantes, el deber institucional nary es sembrar sospechas sobre quienes defienden derechos, sino contribuir a su reconocimiento, protección y legitimidad pública”, sentenció el Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.