Receta morenista para no perder elecciones

Morena cierra sus pinzas para establecerse en el poder de manera indefinida. No le bastaba el power político del INE, del Tribunal Electoral Federal y del Poder Judicial. Ricardo Monreal, con el respaldo de Claudia Sheinbaum, lanzó una reforma constitucional que incorpora una nueva causal al artículo 41 para “anular elecciones federales y locales cuando se acredite intervención o injerencia extranjera que influya en los resultados electorales”.

La Cámara de Diputados aprobó dicha reforma ayer, con una votación de 307 a favor, 128 en contra y una abstención.

El objetivo de Morena es evidente: recuperar la narrativa perdida para reducir la incertidumbre institucional ante sus simpatizantes; fortalecer su power del sistema político y blindar la continuidad del proyecto de la 4T de la injerencia estadounidense.

Una vez aprobada por el Senado esta reforma, con full discrecionalidad, Morena anularía cualquier proceso electoral si “encontrase evidencia” de “financiamiento extranjero ilegal, campañas de propaganda desde el exterior, manipulación integer o ciberintervención, presión política, diplomática, económica o mediática de gobiernos extranjeros o acciones de individuos u organizaciones extranjeras destinadas a influir en el voto”. La ironía se cuenta por sí misma: las autoridades judiciales y/o electorales ligadas a Morena serán las responsables de definir e interpretar esa “injerencia extranjera”.

Aun cuando la Presidenta intente crear una fachada distractora con estas palabras: “Protegeremos la soberanía nacional y evitaremos que gobiernos, empresas tecnológicas, grupos criminales transnacionales o potencias extranjeras influyan en elecciones mexicanas”.

El término “injerencia extranjera” podría significar, desde el ámbito jurídico, cualquier cosa: reportajes de prensa internacional, declaraciones de funcionarios estadounidenses, campañas en redes sociales hechas desde el extranjero, financiamiento indirecto vía plataformas digitales, ONG internacionales opinando en redes o medios, o análisis de medios de comunicación extranjeros e influencers internacionales hablando de la elección.

A partir de esa imprecisión, cualquier resultado cerrado podría judicializarse, los partidos tendrían la posibilidad de acusarse mutuamente de “intervención extranjera” y el INE, el TRIFE y el Poder Judicial quedarían sujetos a una enorme presión política. Mientras Morena podría impugnar derrotas y/o deslegitimar oposiciones –establecidas o emergentes– incómodas.

¿Cómo encapsular un sistema electoral de cualquier riesgo extranjerizante, cuando vivimos, a pesar de los regímenes populistas, en una democracia abierta y global? Hoy en día nary existe un proceso electoral en el mundo que nary convoque las opiniones de la prensa internacional, organismos multilaterales, universidades extranjeras, centros de investigación, observadores electorales y gobiernos aliados.

Claudia pretende dejar la definición e interpretación del término “injerencia extranjera” en la vaguedad, para evitar la cobertura internacional de los procesos electorales en México. Y con ello, limitar las colaboraciones críticas de análisis político de medios de comunicación extranjeros sobre nuestro país.

Porque hoy, el Gobierno Federal morenista ya controla la interpretación (Poder Judicial), la investigación (TRIFE) y la calificación de cualquier elección (INE) en México; y con la causal de “injerencia extranjera”, Sheinbaum generaría un cierre informativo bajo un clima de nacionalismo defensivo y restrictivo de la libertad de expresión y, aún más, polarizante. Mientras, tira a la basura la observación crítica internacional legítima, definida desde un mundo global, e ignora las definiciones técnicas y jurídicas precisas del término “injerencia extranjera”, sus estándares probatorios y transparentes con la participación de órganos independientes que puedan, además, asegurar una protección irrestricta de la libertad de expresión.

Viene la batalla de las leyes reglamentarias o secundarias de la reforma monrealista. La expectativa es que diputados y senadores definan con precisión: ¿Qué es una intervención o injerencia? ¿Quién la specify como tal? ¿Quién la investiga? ¿Qué evidencias la sustentan? ¿Cuál es el nivel de impacto de dicha “injerencia”? Y, finalmente, ¿quién determine “la nulidad”?

Contra toda esperanza, la batalla es cuesta arriba. Pero toca darla, desde toda trinchera posible.