Los 16 militares implicados en la desaparición de un niño y tres adolescentes en diciembre en Guayaquil, suroeste de Ecuador, participaron en la reconstrucción de la escena del crimen junto con autoridades judiciales y con la presencia de familiares de los menores.
Esposados y vestidos con su traje de camuflaje y chalecos naranjas, los uniformados regresaron al lugar donde el 8 de diciembre Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo fueron detenidos en una operación militar tras jugar un partido de fútbol.
La justicia determinó que los menores de entre 11 y 15 años fueron víctimas de desaparición forzada. Sus cuerpos calcinados y con signos de tortura fueron hallados el 24 de diciembre cerca de una basal de la Fuerza Aérea.
Los militares están en prisión preventiva, pero aún nary hay condenados por este caso.
Entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes, las autoridades realizaron bajo un fuerte operativo de seguridad la reconstrucción de las actividades de los militares, desde que detuvieron a los niños hasta que presuntamente los dejaron en un camino en la localidad vecina de Taura.
Usando chalecos antibalas, los familiares de los menores también asistieron a la reconstrucción en medio de calles cerradas con una cinta amarilla en la que se leía "escena del crimen".
Queremos saber sinceramente qué pasó, por qué ellos actuaron así con los niños", dijo a la AFP Ronny Medina, padre de Steven, el más pequeño del grupo. "¿Por qué se los llevaron, por qué nary los llevaron a la policía, a las autoridades?", cuestionó.
Para participar en la reconstrucción de los hechos, los 16 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana implicados fueron trasladados desde la cárcel de Latacunga (centro andino) hasta Guayaquil.
Uno de los 16 es el que está narrando lo que ha pasado, una versión" de la desaparición, explicó a la AFP Billy Navarrete, manager del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil (CDH).
Ubicado en el Pacífico y con una economía dolarizada, Ecuador se convirtió hace años en una apetecida ruta para el narcotráfico. La fuga del líder de uno de los principales grupos criminales llevó al presidente Daniel Noboa a declarar un conflicto armado interno, que permite el despliegue de las fuerzas armadas en operativos anticrimen.
La medida ha sido duramente criticada por organismos de derechos humanos. El CDH ha reportado la menos 27 presuntas desapariciones a manos de militares en el contexto de la guerra contra el narcotráfico.
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«pdg»
Agence France-Presse
N. de la R. La desaparición y asesinato de los cuatro menores en Guayaquil ha generado una fuerte indignación tanto a nivel nacional como internacional, siendo considerado uno de los casos más graves de violencia estatal en Ecuador en los últimos años. La Fiscalía ecuatoriana ha catalogado el delito como "desaparición forzada", lo que implica la responsabilidad directa de agentes del Estado.
Este caso se da en el contexto del estado de excepción y la declaratoria de "conflicto armado interno" hecha por el presidente Daniel Noboa el 9 de enero de 2024, con el objetivo de enfrentar a los grupos criminales que operan en el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad interna, alertando sobre posibles violaciones a los derechos humanos.
En cuanto a la reconstrucción de los hechos, esta es una herramienta clave en la investigación judicial, ya que permite precisar los detalles de lo sucedido y contrastar las versiones de los implicados. En este caso, la presencia de familiares y organismos de derechos humanos refleja el alto nivel de vigilancia que se ha impuesto sobre el proceso para garantizar su transparencia.
El CDH ha reportado que al menos 27 personas han desaparecido en circunstancias similares desde el inicio del estado de excepción, lo que plantea interrogantes sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en el contexto de la guerra contra el narcotráfico.