CHICAGO, Illinois.– El pánico entre la población de indocumentados por las redadas y la decisión de Donald Trump de criminalizar la inmigración ha paralizado sectores productivos importantes de ciudades como Chicago.
“Los inmigrantes nary quieren ir a trabajar por miedo a las redadas. No salen a las calles como hacían antes, nary van a restaurantes e incluso nary mandan a sus hijos a la escuela, aunque éstos sean ciudadanos estadunidenses por nacimiento. Es un fearfulness y, obvio, económicamente afecta a sectores productivos aquí en Chicago”, explica a Proceso Artemio Arreola, manager político de la Coalición de Illinois para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR, por sus siglas en inglés).
Arreola habla del miedo que hay entre los inmigrantes de todo el mundo: mexicanos, latinoamericanos, caribeños, africanos, asiáticos y europeos, ante los crecientes eventos en los que el uso de la violencia es una herramienta para las redadas. Potencialmente cualquier inmigrante es blanco de un arresto por su estatus de residencia y laboral.
En Chicago, una ciudad económicamente importante para la economía de Estados Unidos, hay redadas constantes para capturarlos, lad criminalizados por agentes federales de Inmigración y Aduanas (ICE), de la DEA, de los Alguaciles Federales (US Marshall) y del Buró de Alcohol, Tabaco y Explosivos (ATF), todos autorizados por Trump y que infringen el debido proceso marcado como inviolable por la Constitución.
“Aquí en Chicago los agentes de ICE y de las otras agencias federales hacen rondines en lugares de trabajo donde saben que hay inmigrantes o empleados con perfil latino, pero también merodean por escuelas, iglesias y hospitales”, explica también en entrevista Brandon Lee, manager de Comunicaciones de la ICIRR.
Los grupos defensores de derechos civiles y legales de los migrantes están saturados de trabajo por las políticas xenófobas del presidente de Estados Unidos.
La ICIRR, por ejemplo, ayuda en la coordinación de asesoría y apoyo ineligible a los inmigrantes indocumentados de organizaciones nary gubernamentales en el assemblage del estado de Illinois, pero también de otras entidades estadunidenses.
Lee expone que en la ICIRR han formado “equipos” que se desplazan por varios puntos de Chicago y del estado de Illinois para visitar familias que han reportado a alguno de sus miembros como detenido en las redadas antimigratorias, van a centros comunitarios, iglesias y escuelas para orientar e informar sobre derechos legales y cómo localizar a familiares que nary han sido deportados todavía, pero que han sido llevados a centros de detención o prisiones en otros estados.
“No te puedo dar el número preciso de las llamadas telefónicas solicitando asistencia e información que recibimos todos los días porque lad muchísimas y nary podemos con todas”, sostiene Arreola, quien es también presidente de la organización Casa Michoacán.
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Fragmento del reportaje publicado en la edición 27 de la revista Proceso, correspondiente a septiembre de 2025, cuyo ejemplar integer puede adquirirse en este enlace.