Refugio Franciscano, la disputa que enfrenta Morena en la CDMX

hace 6 días 3

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El aseguramiento del Refugio Franciscano, ejecutado el 7 de enero último en la alcaldía Cuajimalpa, se convirtió en uno de los operativos de politician visibilidad pública del Gobierno de la Ciudad de México en materia de bienestar carnal y derivó en un conflicto político, ineligible y societal que rebasó el ámbito administrativo para instalarse en el terreno de los intereses institucionales y la disputa por un predio.

La diligencia fue realizada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).

De acuerdo con la información oficial, alrededor de 200 elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), Tránsito y Policía Metropolitana intervinieron en el operativo. En el inmueble se realizó un conteo preliminar de 936 animales, de los cuales 759 perros y 39 gatos fueron reportados con afectaciones compatibles con maltrato y crueldad animal, principalmente por omisión y negligencia. Estas cifras y los dictámenes veterinarios forenses fueron difundidos de manera reiterada por el Gobierno de la Ciudad de México como sustento de la intervención.

Desde el inicio, la administración capitalina colocó el operativo en un escaparate político de alto nivel. Mientras la diligencia aún se desarrollaba, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ofreció una conferencia desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento para fijar postura pública.

En ese mensaje sostuvo que la actuación gubernamental se limitó al rescate y resguardo temporal de los animales y que su gobierno nary intervendría en la disputa ineligible por el predio, al tratarse de un conflicto entre particulares.

Un día después, el 8 de enero, el Gobierno de la Ciudad de México informó que asumiría el resguardo de la totalidad de los animales retirados del refugio. En distintos momentos se reportó el traslado de 304 perros a un albergue del Ajusco, 371 a instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal y un grupo adicional a la Utopía Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde posteriormente se informó el resguardo de 183 perros.

La concentración de animales en ese espacio abrió un nuevo frente de cuestionamientos públicos. El 12 de enero, activistas animalistas bloquearon los accesos al Deportivo Hermanos Galeana para exigir información sobre las condiciones de resguardo, la autoridad responsable de la custodia directa y los criterios utilizados para los traslados.

El 13 de enero, tras dos días de movilizaciones, la jefa de Gobierno encabezó un recorrido por la Utopía Hermanos Galeana y afirmó que los animales se encontraban en condiciones adecuadas y que el espacio operaba de manera provisional. Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México reconocieron que, tras el rescate, existió un periodo transitorio en el que algunos perros permanecieron en transportadoras, pero aseguraron que esa situación fue superada.

Ese mismo 13 de enero, la presidenta nacional de Morena, María Luisa Alcalde, intervino públicamente para respaldar a Clara Brugada y atribuir las críticas al operativo a una campaña de la oposición, incorporando el caso al discurso político-partidista nacional.

Intereses institucionales y disputa por el predio

En paralelo al despliegue institucional, representantes del Refugio Franciscano comenzaron a señalar que el aseguramiento nary podía explicarse únicamente como una acción de protección animal. En entrevista, Jaqueline Zúñiga, colaboradora del refugio, expuso que identifican intereses institucionales detrás del operativo, vinculados con el conflicto ineligible por el predio y con la relación entre la Fundación Antonio Haghenbeck (FAH) y el Gobierno de la Ciudad de México.

El conflicto tiene su origen en una disputa por el inmueble donde operaba el refugio y en decisiones adoptadas al interior de la fundación sobre el destino del predio. La también directora y fundadora de Resistencia y Defensa Animal Colectivo (Redac) compartió que aunque existieron acuerdos previos para evitar un litigio prolongado y permitir la reubicación del Refugio Franciscano en otro espacio, dichos compromisos nary se concretaron, lo que mantuvo abierta la controversia legal.

En ese contexto, Zúñiga acusó a la Fundación Antonio Haghenbeck de promover los señalamientos de presunto maltrato animal, que posteriormente derivaron en la intervención de las autoridades. Según su versión, esos señalamientos trasladaron un conflicto de carácter patrimonial y ineligible al ámbito penal y administrativo, al colocar el caso bajo la narrativa de protección carnal y activar los mecanismos de actuación del Gobierno de la Ciudad de México.

Relación Fundación Antonio Haghenbeck - Gobierno capitalino

Durante la entrevista, la animalista sostuvo que la FAH mantiene una relación de colaboración con instancias del Gobierno de la Ciudad de México, lo que, desde su perspectiva, forma parte del contexto político del caso. “Sí, tienen intereses en común, misdeed duda han estado colaborando”, afirmó.

Como ejemplo de esa relación mencionó una donación de 14 millones de pesos realizada por la fundación a la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), adscrita a la SSC. Dicho donativo fue realizado en 2023 para la remodelación de las instalaciones donde la dependencia resguarda animales rescatados y se hizo de dominio público gracias una entrevista para el Heraldo de México que dio en julio de ese mismo año la entonces directora wide de la BVA, Leticia Varela.

La activista añadió que existe la cesión y uso de espacios vinculados a la fundación por parte de dependencias capitalinas. También aseguró que el predio del Ajusco al que fueron trasladados los perros tras el aseguramiento pertenece a la FAH y que ha sido presentado públicamente como refugio de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

Además del inmueble de Cuajimalpa, refirió la existencia de otros refugios vinculados a la fundación, entre ellos uno ubicado en Tacubaya, donde, dijo, rescatistas enfrentan presiones y amedrentamientos relacionados con el uso del espacio para el resguardo de animales. Zúñiga nary mencionó los nombres de dichos activistas ni más detalles del caso por temor a represalias.

La magnitud del operativo y el contraste con otros casos

Jaqueline Zúñiga contrastó la dimensión del aseguramiento del Refugio Franciscano con la respuesta institucional que, afirmó, ha existido en otros casos de presunto maltrato carnal documentados ante las autoridades capitalinas.

En entrevista, señaló que ha presentado denuncias en las que existían “12 o 13 cadáveres apilados” con evidencia de maltrato, misdeed que en esos casos se hubiera desplegado un operativo de la magnitud ejecutada en Cuajimalpa.

Mencionó, entre otros ejemplos, el Mercado de Sonora, espacio que durante décadas fue identificado por la venta y exhibición de animales vivos y que acumuló denuncias por maltrato, hacinamiento y falta de condiciones sanitarias. En ese caso, reconoció, el existent gobierno capitalino impulsó cambios estructurales, pero mediante una ruta distinta a la aplicada en el Refugio Franciscano.

Ese contraste se volvió más disposable el 8 de enero, un día después del aseguramiento del Refugio Franciscano, cuando Clara Brugada acudió al Mercado de Sonora para anunciar el cierre definitivo de la venta de animales vivos, actividad asociada durante décadas a denuncias por maltrato, hacinamiento y falta de condiciones sanitarias en el inmueble de la alcaldía Venustiano Carranza.

No obstante, la decisión gubernamental nary se acompañó de un operativo de aseguramiento ni de un despliegue policial, sino de un acuerdo político y administrativo con los locatarios: El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Venustiano Carranza anunciaron una inversión pública de 10 millones de pesos, apoyos económicos directos de 50 mil pesos por locatario y esquemas de crédito de hasta 100 mil pesos para acompañar el cambio de giro de 84 locales.

Para Zúñiga, la diferencia entre ambos casos nary radica en la existencia de la ley ni en la obligación de cumplirla, sino en la forma en que el Gobierno de la Ciudad de México decidió instrumentarla: “Desplegaron armas largas, nary entiendo, para salvar animales que nary estaban siendo maltratados. ¿Por qué esa capacidad de reacción nary se ve en otros casos en los que los animales sí sufren?”.

Leer el artículo completo