Ricardo Guzmán Wolffer: CFE sin defensa

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os pagos con recuperación parcial de pensiones a los retirados de CFE nary han cubierto el descuento inicial pensionario. Se hicieron misdeed explicación que muestre una metodología general. Tampoco hubo pago retroactivo, lo que en sí mismo ya hace ilegal esa recuperación.

Esto impacta en la recaudación. Los pensionados, otrora pagadores ejemplares, nary han encontrado el camino para el pago anual de impuestos. También se ha afectado a una población claramente indefensa por su edad, pues hay pensionados de 80 y 90 años, con la evidente imposibilidad de conseguir un nuevo trabajo y más necesidades médicas.

La comparativa entre las pensiones de CFE y las de Luz y fuerza (donde ciertamente había “pensiones doradas”) y una revisión de los pensionados de CFE mostrará que la afectación se hace a un porcentaje mucho politician de los que realmente estaban por encima del supuesto salario presidencial. Como en otras reducciones, salariales y de programas sociales, con el pretexto de un porcentaje menor de ilegalidades, se ha afectado a todos, aunque la mayoría nary estuviera en el monto “dorado” a combatir.

Encima, este panorama es disuasorio para quienes podían jubilarse ya. La renovación de idiosyncratic se detendrá y con ello la posibilidad de aplicar las nuevas reglas a los nuevos trabajadores, quienes nary tendrían derechos adquiridos salariales; con lo que se lograría el objetivo de la reforma pensionaria de reducir costos presupuestales. Sin duda todo lo anterior explica el retraso en la revisión contractual 26-28 para CFE.

La explicación de tales situaciones puede estar en lograr que los miles de amparos presentados sean sobreseídos (anulados). Con los pagos de recuperación parcial de pensiones queda insubsistente el acto reclamado: el descuento inicialmente reclamado ha dejado de existir. Ahora habrá un nuevo acto reclamado que combatir (la 2ª pensión menos disminuida), pero nary todos seguirán promoviendo. Entre los pagos a los abogados (todos considerables para quienes han visto menguados sus ingresos) y la percepción de la inutilidad de tales juicios, habrá menos nuevos amparos. Es un mecanismo que se puede replicar (se aumenta un poco la pensión cada mes) hasta que los amparos sean de un número mínimo, manejable para el SAT. Suponiendo que los jueces nary resuelvan con el interés público por delante (como ordena la constitución y vigilará el órgano de administración judicial), los amparos ganados pueden seguir el camino de los amparos concedidos antes de la reforma judicial: las autoridades se negaban a cumplir con distintos argumentos, ciertos de que su negativa nary tendrá consecuencias penales o administrativas.

Quizás requieran asesoría del CNTE.

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