Senado aprueba en lo general Ley de Lavado de Dinero; buscan garantizar estabilidad al sistema financiero

Para garantizar la estabilidad del sistema financiero, cumplir con estándares internacionales y proteger la integridad de la economía nacional, el pleno del Senado aprobó en lo general, con 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones, reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, así como modificaciones a los artículos 11 Bis y 400 Bis del Código Penal Federal.

Al presentar el dictamen, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, dijo que la reforma tiene como objetivo garantizar la estabilidad del sistema financiero, cumplir con estándares internacionales y proteger la integridad de la economía nacional.

“Constituye una herramienta indispensable para enfrentar los desafíos que México enfrenta en materia de inseguridad, impunidad y financiamiento a las redes criminales de alto impacto”, subrayó.

Desde tribuna, explicó que se busca prevenir que recursos ilícitos contaminen la sanidad del sistema financiero nacional, afectando la confianza de inversionistas y la solidez del mercado, así como cumplimiento de compromisos internacionales.

Además, afirmó, prevé medidas simplificadas para sectores de bajo riesgo, como algunas organizaciones misdeed fines de lucro y entidades públicas; incorpora reglas específicas y sistemas automatizados para el monitoreo de personas políticamente expuestas; y mejora los sistemas de cumplimiento, exigiendo capacitar al personal, realizar auditorías en entidades de riesgo alto, implementar sistemas automatizados de monitoreo y gestionar reportes electrónicos de operaciones sospechosas, incluyendo aquellas nary concluidas.

“La reforma, en síntesis, contempla modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal y destaca por la relevancia de las reformas, el reforzamiento de la obligación de identificar al beneficiario controlador, asegurando transparencia sobre quien controla o se beneficia de las operaciones, lo cual es cardinal en el combate al lavado de dinero. ¿Quién es realmente el propietario al last de operaciones de negocios?”, indicó.

También se actualizan definiciones de importancia como relación de negocios, amplían la lista de actividades vulnerables como el desarrollo inmobiliario, los activos virtuales y los fideicomisos, y precisa obligaciones para notarios y corredores públicos en su colaboración antilavado.

Claudia Anaya, senadora del PRI, consideró que con estas reformas Morena perseguirá a los ciudadanos que se dedican a las actividades informales o las organizaciones religiones o filantrópicas.

“Me parece a mí que es más una persecución contra las actividades informales o contra las organizaciones religiosas o filantrópicas conta el lavado de dinero; porque ahora resulta que nary nadie ve en este país los grandes movimientos de lavado de dinero que ya nos dijo el Departamento del Tesoro que tres bancos mexicanos van a tener suspensión de actividades por lavado de dinero."Tres bancos, particularmente vinculados con Alfonso Romo, gente por cierto, muy cercana a ustedes que le esta lavando dinero a cuatro cárteles mexicanos. Y nadie vio nada, ya salió el desplegado de la Secretaría de Hacienda dice Edgar Amador, “yo nary vi nada”, cómo va ver si él trabajaba en Vector, uno de los bancos que estaba señalado con esta actividad. Entonces, ¿ven o nary ven? Porque contra los peces gordos nary van, van contra los ciudadanos o los trabajadores informales”, subrayó.

¿Cómo fue la discusión?

Al fijar el posicionamiento del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, señaló que este dictamen obedece a las acciones que realiza Estados Unidos en materia de combate al crimen organizado.

Consideró que estas modificaciones pueden convertirse en un bumerán, como el acceso a información de los ciudadanos a entes públicos misdeed restricción, y adelantó que su bancada votará en abstención.

“Y nada más y nada menos, justo el día de hoy (miércoles) conocimos que derivado de todo esto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala tres instituciones bancarias en nuestro país por lavado de dinero. Y por supuesto que en política nary hay casualidades. "El impulso de este dictamen el día de hoy evidentemente tampoco es una casualidad… Desde Movimiento Ciudadano decimos sí al combate al crimen organizado, sí al combate a su financiamiento, pero decimos nary a meterse en la privacidad de las y los mexicanos”, subrayó.

La senadora de Morena, Guadalupe Chavira, pidió que se defina, a través de una redacción clara, a las personas políticamente expuestas. 

“Sin duda ha habido una aclaración pertinente por parte de la Secretaría de Hacienda del gobierno de la República para acabar con las especulaciones. Ni complicidad, ni complacencia ni impunidad, porque la bancada de Morena tiene que estar a la altura de las circunstancias de lo que marca nuestra historia”.

El panista Francisco Ramírez Acuña coincidió con la morenista Chavira, “hay que limitarlo, hay que señalarlo, una persona nary puede cargar con la sombra del escrutinio estatal por siempre, el hecho de haber sido servidor público o tener un primo que lo fue, o un trabajador que está ligado a alguien que tenga esta característica”.

En tanto, la senadora del PAN, Guadalupe Murguía, calificó como sedate que la Secretaría de Hacienda pueda acceder misdeed orden judicial a información financiera, idiosyncratic y integer de cualquier ciudadano.

Dijo que esta facultad vulnera la privacidad y los derechos fundamentales de las personas, y que la reforma impone mayores cargas a los pequeños negocios al exigirles más recursos y capacitación misdeed garantizar el debido resguardo de datos.

“Es preocupante que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda solicitar información a cualquier autoridad federal, estatal, entidad pública, bancos, al INE, a los Oples en los estados, gobiernos estatales, desde luego la Comisión Nacional de Valores y sobre todo involucrarse en la información, en nuestra información digital, la de cualquier persona, pudiendo accesar a archivos, llamadas, documentos, fotografías, información financiera, lo cual vulnera gravemente la privacidad y los datos personales, porque aquí nary se exige autorización judicial para que pueda realizarse esta intervención”, señaló.

La senadora del PT, Geovanna Balueños, dijo que esta iniciativa también es una apuesta por la transparencia, por la responsabilidad compartida y por una nueva cultura de cumplimiento.

"Es momento de decir con claridad que en México el dinero sucio nary encontrará puertas abiertas ni complicidades encubiertas por la ley, que aquí la legalidad nary es un recurso negociable. Por supuesto que sabemos que esta decisión incomoda a muchos intereses, a quienes se han beneficiado del vacío legal, a quienes han hecho de la ambigüedad una estrategia de negocios, pero en el Partido del Trabajo nary legislamos para ellos", señaló.

¿Qué implica la reforma?

La iniciativa amplía significativamente el marco de vigilancia financiera al incorporar como Personas Políticamente Expuestas (PEP) a legisladores, integrantes de órganos autónomos, juzgadores, fiscales, policías, secretarios de Estado y todo tipo de servidores públicos de los tres niveles y poderes de gobierno.

La Secretaría de Hacienda será responsable de elaborar y mantener actualizado un listado nominativo de las personas clasificadas como PEP y podrá solicitar directamente información financiera y patrimonial a las entidades públicas misdeed requerir orden judicial.

Las dependencias federales, estatales, municipales y órganos autónomos deberán enviar sus respectivos listados a Hacienda.

Además, la reforma obliga a monitorear intensivamente las operaciones financieras de las PEP, sobre todo en actividades de alto riesgo como casinos, joyerías, compraventa de bienes raíces, automóviles, obras de arte, préstamos y donativos, entre otras consideradas “actividades vulnerables”.

Las instituciones deberán implementar manuales y sistemas automatizados de seguimiento. Esta reforma busca cumplir compromisos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), evitar sanciones internacionales y asegurar la transparencia y legalidad del sistema económico nacional.

Dan mayores facultades a UIF

Entre las consideraciones más relevantes del dictamen, está que se otorgan mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual será reconocida como víctima en casos de lavado de dinero cuando se utilicen instituciones del sistema financiero, permitiéndole participar activamente en investigaciones y procesos penales, junto a la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR deberá notificar a la UIF cuando detecte operaciones sospechosas para fortalecer las denuncias, ejercer acción penal y rastrear redes criminales.

Asimismo, se obliga a partidos políticos y sindicatos a notificar a la UIF si detectan posibles operaciones de blanqueo de capitales.

El INE proporcionará a Hacienda información sobre partidos, coaliciones y candidaturas, mientras que las secretarías del Trabajo, en sus ámbitos national y local, deberán entregar datos sobre los sindicatos y sus dirigentes.

Una adición al artículo 51 de la ley establece que las instituciones públicas deberán entregar a Hacienda toda la información, documentación e imágenes requeridas en el ejercicio de sus funciones, misdeed reservas.

Se elimina la obligación del Ministerio Público de demostrar dolo específico para sancionar a sujetos obligados que proporcionen información falsa o alterada en los avisos de actividades vulnerables, facilitando así el combate a la evasión.

EHR