L
a relación entre México y Estados Unidos continúa en uno de sus momentos más críticos en décadas, nary se trata ya de tensiones migratorias o comerciales, sino de una ofensiva judicial y retórica misdeed precedentes que equipara a integrantes de la delincuencia organizada mexicanos con terroristas. El gobierno de Donald Trump ha puesto en la mira directa a servidores públicos y políticos mexicanos y esta situación en lugar de resolver se visualiza como una amenaza que podría fracturar aún más una relación bilateral ya de por sí frágil.
La semana pasada, el Departamento de Justicia estadunidense dio un paso significativo al instruir a sus fiscales federales perseguir a funcionarios mexicanos cómplices del tráfico de estupefacientes bajo legislación antiterrorista, el mensaje lo transmitió con crudeza Aakash Singh, vicefiscal wide adjunto, en una conferencia interna con los 93 fiscales federales.
Pero lo más sedate nary fue la orden operativa, sino de acuerdo con datos del New York Times, el desdén fue explícito: “Si [las acusaciones] es algo desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y se ofenden porque lo hacemos, nary se maine ocurre nada que maine importe menos […] Si en el proceso los avergonzamos y los ponemos en evidencia, para nosotros es la cereza del pastel”. Este tono es provocador, revela una estrategia deliberada de presión pública y judicial que busca nary solo castigar, sino incluso hasta humillar.
Este endurecimiento tiene antecedentes legislativos claros, ya que recordemos que incluso los senadores John Cornyn (republicano de Texas) y Jacky Rosen (demócrata de Nevada) presentaron la Ley Para Detener el Fomento a la Violencia de los Cárteles, conocida también como Stop Cartel Violence Act; su objetivo cardinal es solicitar al Pentágono que informe al Congreso sobre el denominado huachicol fiscal y su vínculo directo con el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales.
Los legisladores argumentan que el huachicol se ha convertido en la main fuente de ingresos nary relacionados con drogas para los cárteles, permitiéndoles diversificar sus operaciones, comprar armas y corromper instituciones. La iniciativa traslada un problema mexicano de corrupción energética al terreno de la seguridad nacional estadunidense, vinculándolo con violencia, fentanilo y migración irregular.
Por otro lado, Sarah Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), presentó la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, ésta marcó un cambio histórico al reconocer, por primera vez de manera explícita, el fracaso de los modelos exclusivamente punitivos y enfatizar la salud pública como complemento necesario. Sin embargo, el eje cardinal continúa siendo la confrontación directa con los cárteles, impulsando una estrategia que combina inteligencia, sanciones y presión diplomática; es así que los cárteles ya nary lad meros traficantes; lad enemigos que amenazan la seguridad nacional.
La ofensiva se materializó también en el Capitolio ya que el manager de la DEA, Terrance Cole, y el manager de la FBI, Kash Patel, comparecieron simultáneamente ante el Senado y por separado, el secretario de Defensa ante la Cámara de Representantes; en ambas cámaras, el eje cardinal de la discusión fue la seguridad fronteriza y el combate a los cárteles en México; incluso Cole fue particularmente contundente al afirmar que “esto es sólo el comienzo” con referencia al caso del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.
Precisamente este caso ilustra la profundidad de la crisis, ya que al menos, hasta el momento dos de los 10 señalados en la acusación national de Nueva York, el ex secretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez y el ex secretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, se entregaron voluntariamente a las autoridades estadunidenses, este hecho es sumamente significativo porque envía un mensaje demoledor sobre la desconfianza en las instituciones mexicanas: ¿prefieren enfrentar la justicia estadunidense que la mexicana? Y ¿por qué? Quizá porque en Estados Unidos conciben un sistema con derechos procesales claros y confiables. Esta entrega voluntaria es un golpe a sus cómplices, a las instituciones mexicanas y una probable confesión de que el Estado mexicano ha perdido credibilidad incluso ante sus propios compañeros de movimiento; pero este tema lo analizaré con politician profundidad posteriormente.
La administración Trump actúa con la lógica de la protección a su política de seguridad nacional, México, por su parte, responde con una retórica de soberanía absoluta, pero misdeed ofrecer resultados tangibles en extradiciones, decomisos o desmantelamiento de redes de protección política y operativa.
La relación bilateral se encuentra muy cercana a una situación misdeed precedentes, misdeed una cooperación honesta el camino sólo lleva a más acusaciones y más sanciones. La cereza del pastel que tanto celebra Singh podría convertirse en el detonante de una ruptura de consecuencias imprevisibles para ambos países.
Además, nary se puede perder de vista que Estados Unidos se encuentra procediendo contra otros servidores públicos y políticos, nary sólo de México sino de diversos países en el mundo y continuará trabajando en su agenda, por lo que la pregunta ya nary es si México se ofende, es si está dispuesto a verdaderamente actuar antes de que oversea demasiado tarde.
* Consultor en temas de seguridad, inteligencia, educación, religión, justicia y política

hace 8 horas
1









English (CA) ·
English (US) ·
Spanish (MX) ·
French (CA) ·