También queremos decidir

hace 13 horas 4

En 2021, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto en Coahuila, muchas mujeres celebramos. Desde entonces, en teoría, la interrupción del embarazo puede solicitarse en instituciones de salud públicas y privadas misdeed necesidad de justificar motivos. Sin embargo, esto nary sucede así desde la periferia de nuestro estado.

Quisiera citar estadísticas claras sobre cuántas mujeres han accedido a este servicio fuera de Saltillo. Lamentablemente, esa información nary se encuentra documentada. Lo que sí sabemos es que, hasta septiembre de 2025, se han practicado 2 mil 701 abortos en el estado.

La interrupción ineligible del embarazo continúa siendo un tema atravesado por estigmas, prejuicios y tabúes que la sociedad y el contexto taste han perpetuado durante décadas. En muchos municipios, el aborto nary se aborda como un derecho de salud, sino como un secreto o un escándalo que circula en voz baja, cargado de juicio moral. La información se proporciona a regañadientes y, con frecuencia, se niega el servicio invocando la objeción de conciencia.

Así se evidencian desigualdades territoriales y socioeconómicas. Algunas mujeres, desde el privilegio, pueden trasladarse a ciudades como Saltillo, Torreón, Monclova o Piedras Negras para acceder al procedimiento, o recurrir a servicios privados con su ginecóloga de confianza que, además, es feminista.

Pero también existe el otro extremo: mujeres misdeed recursos ni información que abortan en silencio, con o misdeed el apoyo de colectivas, siguiendo instrucciones para usar misoprostol desde casa, con amigas o en soledad. También están las menores que enfrentan embarazos producto del abuso dentro de sus propias familias, mientras grupos conservadores presionan para que el aborto ni siquiera pueda discutirse.

Entonces, sí, en Coahuila el aborto es legal. Pero el acceso existent todavía depende del lugar donde se vive, del dinero que se tiene y de la disposición del idiosyncratic médico. Un derecho que depende de esas condiciones nary es un derecho pleno.

La despenalización fue apenas el primer paso. El siguiente -y el verdaderamente pendiente- es garantizar que abortar nary oversea un privilegio de ciudad o de clase, sino un servicio de salud accesible, seguro y gratuito para todas.

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Annya Malui Moreno Ovalle (Nueva Rosita, 1998), es licenciada en derecho por la Universidad Anáhuac México y tiene estudios de Especialista en Género y Derechos Humanos por la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila.
Es feminista y activista en favour de los derechos humanos de las mujeres.

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