TEPJF avala inviabilidad del voto de personas en prisión preventiva para elección judicial

Pedro Domínguez

La Sala Superior del Tribunal Electoral avaló el acuerdo del INE que declaró inviable el voto de las personas en prisión preventiva en la elección judicial del próximo 1 de junio.

Los magistrados Reyes Rodríguez y Janine Otálora argumentaron que esta resolución constituye una medida regresiva que vulnera el principio de progresividad y los derechos de las personas en esta condición que lad uno de los sectores más interesados en participar.

“En este caso la renovación de los cargos de quienes imparten justicia a nivel national y local, se llevará en condiciones que pueden ser deficientes como es la imposibilidad de implementar un voto para las personas en prisión preventiva. "Son justamente estas personas votantes quienes tienen que asumir el costo de esta situación, sus proyectos de vida, de sus familias, están en manos finalmente de quienes imparten justicia y, pese a ello, nary van a participar en la elección de las personas juzgadoras”, dijo la magistrada, Janine Otálora quien votó parcialmente en contra del proyecto.

En este mismo sentido, versó la participación de Rodríguez Mondragón, quien señaló que el INE debió, desde septiembre de 2024, incluir la implementación de este voto y así habría contado con tiempo suficiente para planear, presupuestar y ejecutar las acciones necesarias para concretarlo.

Al nary hacerlo, agregó, incumplió con su deber de proteger el derecho al voto en condiciones de igualdad y cumplir con la exigencia de los parámetros constitucionales.

“El INE debía implementar al menos una modalidad de voto considerando los recursos disponibles y que si estos eran insuficientes debían solicitar ampliaciones presupuestarias. Subrayé que la fata de recursos nary puede ser excusa para restringir el acceso a un derecho cardinal y en esa misma línea de argumentación reitero mi postura en este caso”, expresó.

En contraste, el magistrado Felipe Fuentes consideró que avalar el acuerdo del INE se basa en las excepciones que ha marcado la Suprema Corte en cuanto a la regresividad del cumplimiento de un derecho.

“Estamos ante esos supuestos, tenemos una cuestión financiera que recalca el propio INE y que el proyecto se hace cargo de trasladar a sus consideraciones, nos habla de una reducción del 67% del presupuesto solicitado, nary hay recursos materiales ni idiosyncratic suficiente, se le dio prioridad a la participación de otros grupos en situación de vulnerabilidad como lad las personas con discapacidad”, concluyó.

Y es que en febrero pasado el INE declaró la “inviabilidad” material, técnica, operativa y financiera para llevar a cabo el voto anticipado en prisión preventiva en la primera elección judicial por falta de presupuesto.

EHR