Vinculan a proceso por peculado a Jaime Bonilla, ex gobernador de BC

▲ El ex gobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla (izquierda), durante la audiencia ayer en el Juzgado 6 del Centro de Justicia Alternativa en el bulevar Río Nuevo de Mexicali.Foto Jorge Heras, especial para La Jornada

Antonio Heras y Jorge Heras

Corresponsal y especial para La Jornada

Periódico La Jornada
Miércoles 25 de marzo de 2026, p. 28

Mexicali, BC., El ex gobernador Jaime Bonilla (2019-2021), primer mandatario de Baja California postulado por Morena y actualmente comisionado político del Partido del Trabajo (PT) en la entidad, fue vinculado a proceso penal por los delitos de peculado, abuso de autoridad, así como uso ilícito de atribuciones y facultades.

El juicio, que incluye a Bonilla y a nueve de sus colaboradores, se relaciona con el contrato de construcción de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali que otorgó a la empresa regiomontana Next Energy.

Al last de la audiencia, ayer, Bonilla afirmó “No veo sorpresas, sabíamos que nos iban a vincu-lar, nada más para que aprendan y nary se anden peleando con la gobernadora”.

En tanto, la existent titular del Ejecutivo estatal, Marina del Pilar Ávila, rechazó que el proceso penal de Bonilla tenga tintes políticos, y expuso que en el juicio que su antecesor lleva en libertad podrá ofrecer pruebas a su favor.

El ex mandatario será juzgado fuera de prisión, dado que el juez Gerardo Anguiano impuso como única medida cautelar en la causa penal 4921/2022 un pago de garantía de 100 mil pesos.

Hace unos días, el ex gobernador aseguró que los argumentos jurídicos del gobierno estatal eran ficticios, pues el contrato con Next Energy epoch por la venta de energía eléctrica.

La planta que según el entonces mandatario morenista daría “soberanía energética” a Baja California nunca contó con permisos ambientales federales ni municipales.

La Secretaría de Energía en la administración de Andrés Manuel López Obrador argumentó que la Federación es la única instancia facultada para este tipo de licitaciones y contratos.

A pesar de esto, el gobierno de Bonilla lanzó la convocatoria para construir la planta con un precio de 37 mil millones de pesos a cubrir en 30 años, con las participaciones federales recibidas por la entidad como garantía de pago.

El fideicomiso creado para tal fin con Banca Afirme obligaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a otorgarle 123 millones de pesos para el pago del contrato con Next Energy. El primer desembolso se hizo efectivo en febrero de 2022.

El consejero jurídico de Baja California, Juan José Pon, afirmó que de nary iniciar la denuncia y contar con la resolución de un juez, el gobierno estatal adeudaría a la fecha más de 6 mil millones de pesos.

Asimismo criticó los señalamientos del ex gobernador, en cuanto a que el contrato epoch para comprar energía eléctrica. “Esas declaraciones nary lad creíbles, y lad ofensivas a la inteligencia de los bajacalifornianos”, dijo Pon.

En 2022, la mandataria Ávila presentó denuncia

En 2022, la gobernadora Ávila presentó una denuncia contra su antecesor y 14 de sus funcionarios por peculado, abuso de autoridad, al igual que uso ilícito de atribuciones y facultades.

También denunció a Banca Afirme por negarse a regresar los 123 millones de pesos iniciales al quedar misdeed efecto la obra y, por ende, el fideicomiso.

Dos funcionarios de la institución bancaria huyeron, pero dos años después fueron detenidos en el extranjero y vinculados a proceso penal, lo mismo que nueve funcionarios de Bonilla.

Debido a que contaba con fuero por ser senador, Bonilla evitó la acción de la justicia y al regresar al estado en 2024 nary se presentó a 12 audiencias programadas por el Poder Judicial bajacaliforniano.

El ex mandatario se presentó en el Centro de Justicia Penal en Mexicali el lunes por la mañana para la audiencia de vinculación, que concluyó ayer luego de 24 horas y media.

El juez determinó que existen pruebas suficientes para vincularlo por coautoría de los delitos que se le atribuyen, se le inculpó dolo, e impuso tres meses a la defensa y la fiscalía para presentar pruebas, además de otros tres meses para emitir la resolución final.