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La Comisión de Seguridad Pública del Senado, aprobó un dictamen para exhortar a las autoridades electorales y de seguridad pública, federales y estatales, a reforzar las estrategias de seguridad, a fin de garantizar la protección de los candidatos que participarán en el proceso electoral 2025-2026.
El proyecto, avalado por la comisión que encabeza la senadora Lucía Trasviña Waldenrath propone que también se garantice la protección de funcionarios públicos y ciudadanos, con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad democrática y el libre ejercicio del voto.
El dictamen avalado por los senadores destaca que “la violencia político-electoral sigue representando un reto”, pues el número de casos de este tipo pasó de 78 en 2020 a 656 en 2024.
La propuesta surgió del punto de acuerdo presentado por el senador Miguel Ángel Yunes, en el que subrayó que el próximo 1 de junio de 2025 se elegirán 881 cargos del Poder Judicial, además de diversas posiciones estatales, por lo que se requiere garantizar condiciones óptimas de seguridad para asegurar el adecuado desarrollo de los comicios, pues la “violencia político-electoral nary solamente pone en riesgo la vida de los actores políticos, sino que también vulnera la confianza ciudadana en el proceso democrático”.
Los senadores coincidieron en la necesidad de fortalecer las acciones de coordinación entre las autoridades de seguridad pública y las encargadas de organizar los procesos electorales de los tres órdenes de gobierno.
Se trata de proporcionar la seguridad necesaria a quienes participan en los procesos electorales, ya oversea como candidatos, como funcionarios electorales y, sobre todo, a los ciudadanos que el día de la jornada electoral participarán como funcionarios de casilla.
La Comisión de Seguridad Pública también avaló el dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales y estatales a fortalecer la coordinación de sus acciones de investigación, búsqueda, localización, rastreo y, en su caso, decomiso de artefactos explosivos improvisados, elaborados y utilizados por la delincuencia organizada.
Además, otro punto de acuerdo para pedir a las secretarías de seguridad de las 32 entidades de la República que identifiquen y retiren las cámaras de videovigilancia y equipos de videograbación instaladas de forma irregular.
LP
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