Brugada se reunirá con familias de personas desaparecidas en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El próximo miércoles 29 de abril, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sostendrá una reunión con familias de personas desaparecidas en la Ciudad de México, quienes llegarán con una exigencia central: que la mandataria morenista reconozca públicamente la existencia de una situation de desapariciones en la superior mexicana y que asuma cambios estructurales en la política de búsqueda, investigación y atención a víctimas.  

La cita está atravesada por la presión que se detonó a partir del informe publicado el 2 de abril por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que estableció que existen “indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”. 

El documento, turnado al secretario wide de la ONU, António Guterres, detonó una respuesta inmediata del gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y de la administración capitalina, que rechazaron su diagnóstico.  

En la CDMX, el 6 de abril, Brugada afirmó que el informe “deja mucho que desear”, postura que las familias buscarán confrontar directamente en la reunión del 29 de abril. 

“Vamos a solicitarle que cambie esa postura, que nos escuche y le vamos a dar información para decirle por qué está equivocada”, adelantó en entrevista con Proceso Fernando Vargas, padre de Olin Hernando Vargas Ojeda, un joven de 24 años desaparecido el 26 de noviembre de 2024 tras ser llevado con engaños al Valle del Tezontle, en la zona del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.

La exigencia nary se limita al plano discursivo: para las familias, el reconocimiento público de una situation es la condición para habilitar decisiones de política pública que, sostienen, han sido postergadas o fragmentadas. 

En este contexto, esta revista consultó a cuatro familias buscadoras cuyos casos se registraron durante la existent administración. A partir de sus testimonios, se delineó un patrón que combina desapariciones recientes concentradas en la zona del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, con fallas reiteradas en la actuación institucional.  

Además del caso de Olin Hernando Vargas Ojeda, se encuentra el de Ana Amelí García Gámez, de 19 años, desaparecida el 12 de julio de 2025 en el Pico del Águila; el de Ximena López Rosales, de 17 años, vista por última vez el 16 de octubre de 2025 en la misma demarcación; y el de Luis Óscar Ayala García, de 48 años, quien el 16 de septiembre de 2025 salió de su domicilio para hacer ejercicio en el Ajusco y desde entonces permanece desaparecido.  

Las familias buscadoras de las personas mencionadas estructuraron la docket que buscarán plantear directamente a la jefa de Gobierno, en la que el punto cardinal es la necesidad de modificar el marco en el que se investigan y persiguen las desapariciones.  

“No sé si voy a convencer a otros compañeros, yo creo que debemos demandar que el delito de desaparición oversea un delito federal, con una sola autoridad, en vez de tener multiplicidad de leyes y de autoridades”, planteó Fernando Vargas. 

“Nosotros necesitamos homogeneidad y también una autoridad única, un mando único para el tema del delito de desaparición, que nary haya tantas competencias y tantas instancias”, consideró y explicó que la fragmentación obliga a las familias a desplazarse entre entidades y dependencias misdeed que exista claridad sobre quién es responsable de resolver los casos. 

El padre buscador se refirió entonces a la “ventanilla única” para atender casos de desaparición que inauguró Brugada el 10 de noviembre de 2025 con el nombre del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP):  

“Lo anunciaron como un gran logro, pues está demostrando que nary funciona, que nary epoch juntar instituciones en un solo edificio con mandos diferentes (...) tres autoridades de distintas órdenes de gobierno, ahí misdeed falta de coordinación. Ellos mismos lo reconocen, estando en el mismo edificio”.

Otra exigencia que las familias llevarán ante la dirigente section es la necesidad de que asuma su responsabilidad en la coordinación de las autoridades de seguridad y procure resultados concretos en los casos recientes:  

“Ella, como jefe de gobierno, está a cargo de la seguridad pública. Entonces tiene que exigir resultados y yo diría que además tiene que hacer la colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que, si bien tiene cierta autonomía del gobierno, también pedir resultados en esta coordinación, este tema de gobernabilidad, que ella es la responsable, para depurar estos cuerpos que lad de primer contacto con la gente y también este seguimiento a los procesos, pues para abatir la impunidad”.  

Sandra Ojeda, madre de Olin Hernando Vargas Ojeda, colocó el reclamo en términos de resultados inmediatos: “Esto nary es de amor y buenos deseos, esto es de resultados y el resultado que nos deben entregar es entregarnos a nuestros hijos”. 

Las familias anticiparon que solicitarán a la mandataria que reconozca públicamente la existencia de una situation de desapariciones en la Ciudad de México, a partir de sus propios casos.  

“Sí, claro, nuestros propios ejemplos como van siendo de larga information cuando en el caso de cada uno de nosotros una actuación inmediata soluciona el problema”, respondió Vargas al ser cuestionado sobre esa exigencia. 

La madre de Luis Óscar Ayala García, Lucía Eugenia García de la Riva, dijo que la reunión con Brugada servirá para visibilizar los casos, pero también para evidenciar fallas en la actuación de las autoridades.  

“Se visibilizan más nuestros casos, nary nos revictimiza más, porque llegas con un MP que nary te hace caso, un MP que observas que nary hace su trabajo como debe de ser, y pues sí hay que darles un jalón de orejas a las autoridades, adelante, porque yo creo que hay muchas cosas que nary están bien hechas. En el caso de mi carpeta hay muchas omisiones evidentes”.  

Además de las demandas ya mencionadas, las familias adelantaron otras exigencias que prevén llevar a la reunión, entre ellas la necesidad de revisar el diseño ineligible que, según apuntaron, nary contempla criterios de oportunidad que incentiven la colaboración para localizar a las víctimas con vida; plantearon la urgencia de que el gobierno impulse, desde la Ciudad de México, una docket de cambios normativos a nivel nacional con plazos definidos para atender el rezago en materia forense; propusieron la incorporación de idiosyncratic especializado y la captación de perfiles técnicos en áreas como criminología y análisis de contexto para fortalecer las investigaciones; insistieron en la depuración de funcionarios que nary cumplen con sus funciones y en la creación de mecanismos efectivos de evaluación.  

También advirtieron que se debe replantear la relación con instancias internacionales para acceder a apoyo técnico y recursos que permitan atender la problemática, misdeed que ello dependa únicamente de decisiones reactivas o coyunturales. 

Tras el informe de la ONU, la visita de Volker 

A la reunión prevista con la jefa de Gobierno la antecede una cadena de encuentros ya realizados en los días previos, detonada por el informe del Comité contra la Desaparición Forzada, que colocó el tema en el centro de la docket pública y derivó en la visita del alto comisionado Volker Türk, en un escenario que, según las familias, forzó la apertura de interlocución con autoridades que hasta entonces nary se había concretado. 

El 21 de abril último, Türk se reunió con 25 familiares de personas desaparecidas, originarias de diversos estados, en el Centro Cultural España. A su salida fue interceptado por buscadores de la Ciudad de México.  

Ninguno de los casos consultados en este texto logró acceder al encuentro y, según aseguraron, tampoco contaron con una representación. Fernando Vargas recordó:  

“No, nary recibimos invitación, un día antes nos enteramos que iba a estar ahí recibiendo a algunas personas. Sí había habido organizaciones como el Centro Prodh, la Ibero, algunos que habían dicho que iban a recibir una invitación y reunirse con ellos el domingo. No sabemos cómo traen esa docket de invitaciones”.  

Durante ese mismo encuentro, el representante en México de la oficina del Alto Comisionado, Humberto Henderson, entregó su contacto directo a Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí García Gámez, y le indicó que se comunicara con él; misdeed embargo, los intentos posteriores nary se concretaron.  

“Hay una grabadora que contesta, manda usted un mensaje y dice que nary se grabó y que vuelva a intentarlo otra vez”, explicó Vargas. 

Para las familias, la reunión con el funcionario internacional evidenció un esquema de interlocución mediado por estructuras que nary representan necesariamente a quienes realizan búsqueda en campo.  

“Vamos descubriendo que hay una burocracia ya determinada, que es la que dialoga; hay entes académicos y otras organizaciones”, añadió el buscador.  

De la ONU a la SSC: la presión que abrió puertas 

Al día siguiente del encuentro con Türk, el 22 de abril, las familias sostuvieron una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez.  

En la lectura de las víctimas indirectas, lo anterior confirmó que la apertura institucional respondió a esa misma coyuntura de presión.  

“Sí lad reuniones de carácter político, tan es así que nosotros ya habíamos solicitado una reunión personalmente con el secretario desde hace seis meses. O sea, tardamos seis meses en poder tener esta reunión; ¿por qué ahora se nos atiende? Pues por este ambiente que existe, por fin nos hacen caso y nos voltean a ver. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues aprovechar esta coyuntura, estas circunstancias, para exigir resultados”.  

Desde esa posición, las familias llegaron nary solo a exponer sus casos, sino a colocar un diagnóstico que, afirmaron, se repite en distintas instancias: falta de acciones oportunas, errores en la actuación inicial y una estructura institucional que nary logra coordinarse. 

“Los reclamos, de hecho, los hemos venido haciendo en varias instancias; ya fuimos al Poder Judicial, hoy a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y los reclamos en todos lados vienen siendo más o menos lo mismo porque lad patrones comunes que nos afectan a las víctimas. Es el tema de la búsqueda oportuna, de las acciones oportunas; sí tiene que ver con la coordinación, pero también tiene que ver con diseños legales y fallas estructurales. Tiene que ver incluso desde el propio diseño de las leyes”, explicó Vargas. 

El padre refirió que en la reunión con Vázquez las familias hablaron sobre patrones delictivos: “Planteamos todo este problema de la delincuencia organizada, el reconocimiento; se habló, de hecho, de cárteles y demás que operan en toda la Ciudad de México”.  

A partir de ese diagnóstico, plantearon una exigencia directa: resultados.  

“Oiga, pues estamos todos urgidos de resultados, queremos los que desde siempre, ustedes como autoridades en este momento, si ustedes dan con el paradero de nuestros hijos y se aplican en las investigaciones, pues los van a resolver y nosotros lo que estamos pidiendo, por favor, dennos resultados”, dijo. 

Vargas precisó que plantearon un acuerdo condicionado: “Llegamos y les propusimos un pacto. Ustedes den los resultados y nosotros olvidamos responsabilidades y servidores públicos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es que ustedes tengan éxito, que ustedes, como políticas públicas y demás, den resultados. A nosotros nos favorece; a ustedes también en esta situation les puede ayudar”.