Javier Salinas Cesáreo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 16 de junio de 2026, p. 25
Teotihuacan, Méx., Vecinos de diversas comunidades del municipio de Teotihuacan realizaron ayer una marcha, para exigir a los tres niveles de gobierno detener la extracción ilegal de agua de los pozos de la región, que persiste pese a que hace más de un año autoridades se comprometieron a atender el problema.
Los inconformes aseguraron que se huachicolea (roba) el agua proveniente de perforaciones en los poblados San Sebastián Xolalpan, Santa María Coatlán y San Francisco Mazapa, entre otros, hacia municipios de la zona metropolitana que padecen desabasto del líquido.
Con pancartas en las que se leía: “Conagua, el agua nary se vende, se defiende” y “La lucha sigue en defensa de la tierra y del agua, y ahora nos toca defenderla a nosotros”, los colonos expresaron su preocupación por el constante tránsito de unidades cargadas con agua lo que, consideraron, representa un riesgo para la disponibilidad futura del líquido en la región.
Piden conocer acuerdos
Señalaron que su main demanda es conocer los resultados de las mesas de trabajo instaladas en marzo de 2025 entre representantes de los pueblos afectados y autoridades de los tres órdenes de gobierno, luego de protestas que efectuaron para denunciar el llamado “huachicoleo del agua”.
Reprocharon que los acuerdos alcanzados durante esas reuniones con autoridades nunca se difundieron públicamente, por lo que desconocen qué acciones se emprendieron y cuáles fueron los compromisos concretos para frenar la extracción.
“La población sigue observando cómo las pipas salen de los pozos todos los días, mientras nary existe información clara sobre la legalidad de las concesiones ni sobre las medidas adoptadas para proteger el acuífero”, dijeron.
Recordaron que en marzo de 2025, habitantes de las localidades San Sebastián Xolalpan, Purificación, San Lorenzo Tlalmimilolpan y Tlajinga bloquearon la autopista México-Tulancingo y la carretera libre que comunica a Teotihuacan, para impedir el paso de pipas que transportaban agua.
Eso obligó a instalar una comisión integrada por representantes comunitarios y autoridades estatales y municipales, con el objetivo de revisar la situación de los pozos y atender las denuncias de extracción irregular.
Sin embargo, más de un año después, habitantes aseguran que los hechos demuestran que el problema persiste.

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