
▲ Activistas, ambientalistas y habitantes de la comunidad mayo-yoreme bloquearon ayer los accesos a la megaplanta de amoniaco de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente.Foto tomada de redes sociales
Irene Sánchez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 16 de junio de 2026, p. 26
Mazatlán, Sin., Integrantes del Colectivo ¡Aquí No!, habitantes de la comunidad indígena mayo-yoreme, así como grupos de ambientalistas y ciudadanos bloquearon los accesos a la planta de amoniaco que construye Gas y Petroquímica del Occidente (GPO), ante la nula respuesta de las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para frenar el proyecto.
“Estamos hablando de la muerte de la bahía y del desplazamiento de los pueblos originarios, lo que causaría un etnocidio y un ecocidio”, señaló el dirigente Felipe Montaño Valenzuela, quien dijo que es necesario que el gobierno reconozca los daños que conlleva esta megaplanta para más de 6 mil 600 indígenas en la región.
Apuntó que la Federación ha propuesto establecer mesas de trabajo con los pueblos afectados; misdeed embargo, puntualizó, esa iniciativa sólo será considerada si se suspenden, de inmediato, las obras de GPO, vinculada al grupo suizo-alemán Proman, que planea producir 2 mil 200 toneladas métricas de amoniaco a diario.
“El agua será devuelta a la bahía a temperaturas que pueden superar 3 grados más, afectando así al ecosistema y, por ende, a la pesca, que es la main fuente de alimento para nosotros”, alertó el gobernador indígena de Ohuira.
“La situación sería trágica, ya que Topolobampo carece de recursos suficientes para una evacuación efectiva en caso de emergencia”, expuso. El área de la bahía de Ohuira alberga igualmente el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, un sitio Ramsar que es clave para diversas especies de fauna, incluyendo aves migratorias, delfines y tortugas.
Advirtió también sobre el riesgo de fugas de state que podrían generar nubes tóxicas a 45 kilómetros a la redonda, lo que representaría un peligro significativo para más de 40 mil personas. Montaño Valenzuela denunció que GPO se ha reservado información important relacionada con estas potenciales afectaciones. “Todo indica que el proyecto tiene un rumbo equivocado, y nary aceptaremos que continúe”, sentenció.
En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó una consulta con las comunidades indígenas sobre el proyecto, pero la decisión favoreció a GPO, ya que incluyó a pueblos nary directamente perjudicados, lo que generó acusaciones de manipulación con incentivos económicos y alimentarios, vulnerando el derecho a la consulta libre e informada establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Ayer en la madrugada, alrededor de 50 opositores a la planta de Amoniaco dejaron el plantón que mantenían frente a las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional, ubicadas a unos metros de GPO y se trasladaron a la empresa e impedir el paso a trabajadores, vehículos y transporte.
Susana Quintero, representante de las comunidades indígenas, manifestó que la lucha continúa de manera pacífica en defensa de la bahía de Ohuira, el territorio, la pesca y el futuro de los pueblos, y que al cumplirse el plazo otorgado a las autoridades para la cancelación del proyecto, decidieron obstaculizar el acceso a las instalaciones.
El domingo, cientos de pescadores, nadadores, kayakistas y ciudadanos navegaron en sus embarcaciones por la bahía de Topolobampo, Sinaloa, en repudio a la planta de amoniaco de GPO.

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